El grupo multisectorial Queremos Sol, que desde el primer día ha estado reclamando la cancelación de los contratos de LUMA y Genera y que el sistema eléctrico sea uno a base de la energía renovable distribuida y asequible a toda la ciudadanía, urgió al gobierno que convoque a un grupo de trabajo (task force) compuesto por los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica conocedores de los sistemas de generación y de transmisión y distribución para evitar nuevos apagones como el que afectó a más de 340,000 abonados el miércoles.
Asimismo, el grupo denunció que mañana viernes vence el término del Negociado de Energía de Puerto Rico para determinar las métricas que le impondrá a LUMA, que no incluyen penalidades y les permite lucrarse con millones de dólares en bonificaciones a pesar del trabajo mediocre que realizan.
“Mientras el pueblo sufre los apagones continuos, no solo en la zona metropolitana, sino particularmente la gente de los pueblos del sur que llevan más de una semana a oscuras, a LUMA se le incentiva con compensaciones adicionales por métricas que ellos mismos reportan. La ecuación debe ser al revés, que LUMA y Genera compensen al pueblo de Puerto Rico con el dinero que se les paga en sus honorarios por los daños sufridos por su pésimo servicio”, indicó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO, organización integrante de Queremos Sol.
“Como hemos señalado desde el principio, el sistema y las privatizaciones están para operar en favor de esas compañías en detrimento de la salud, seguridad y vida de la gente”, añadió Vila Biaggi.
Mientras, la profesora Maritza Maymí repudió que líderes políticos intenten aprovecharse de la incertidumbre que vive el pueblo en torno al sistema eléctrico para adelantar agendas económicas de sus donantes de campaña, en vez de ser contundentes en su solidaridad exigiendo cambios inmediatos en pro del pueblo.
En ese sentido, el abogado Pedro Saadé advirtió que las expresiones emitidas la noche del miércoles por la comisionada residente y candidata a la gobernación, Jenniffer González, en favor de que el gobierno federal declare una emergencia que permita acelerar proyectos relacionados con el sistema eléctrico solo beneficia al cartel del gas que obstaculiza que Puerto Rico cuente con un sistema basado en energía renovable distribuida. El licenciado Saadé advirtió “que echarle la culpa del sufrimiento y apagones de los últimos días a la supuesta tardanza en los permisos o los desembolsos de fondos federales es una forma de encubrir y excusar la negligencia e irresponsabilidad de LUMA , New Fortress y Genera”.
De acuerdo con Federico Cintrón Moscoso, portavoz de El Puente, “las declaraciones de emergencia y los procesos fast track solo sirven para restar salvaguardas democráticas y de protección ambiental. Ya en Puerto Rico tenemos amplia experiencia con estos procesos y en todos los casos los resultados han sido nefastos para el pueblo. En este caso, permitirles procesos fast track a LUMA y a Genera agravaría aún más las negligencias en la ejecución que hemos visto en el manejo del sistema eléctrico”.
En tanto, Adriana González, portavoz de Sierra Club, recordó que desde el momento en que se propuso privatizar un sistema tan esencial para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, sectores de la sociedad, como las organizaciones que integran Queremos Sol, advirtieron que esa alternativa no era la solución para Puerto Rico.
“Lamentablemente para el país, el tiempo nos ha dado la razón. Mientras LUMA y Genera se lucran del caos con la complicidad de sus aliados en el gobierno, las deficiencias en el sistema y la carencia de conocimiento del personal de esas empresas mantienen el riesgo de costarnos vidas”, dijo González. “El miércoles, nuestra población pasó horas a oscuras sin eventos de lluvia o vientos, en medio de una ola de calor extremo. Decir que ambas empresas están preparadas para enfrentar la temporada de huracanes es condenar a la gente a meses de miedo y a un potencial desastre mayor”, sentenció.
