La Asociación de Realtors de Puerto Rico señaló hoy que los nuevos requisitos para la compra-venta de propiedades inmuebles, propuestos en el Proyecto de la Cámara 1416, que busca enmendar la Ley Notarial de Puerto Rico, son perjudiciales al consumidor y atrasarían gravemente los proceso de adquirir casas, negocios y terrenos en la isla.
“No resulta razonable la exigencia de estos nuevos requisitos a los abogados-notarios y a toda persona o entidad que quiera vender o comprar una propiedad en Puerto Rico. Con esta medida, se pretende que todas las personas que deseen adquirir una casa, negocio o terreno, aun transacciones sin financiamiento, asuman más gastos haciendo una tasación, un estudio de título y un plano de mensura o ‘plot plan’. Estos requisitos nuevos e innecesarios atrasarían sustancialmente estos procesos. Un cierre que podía tomar una o dos semanas, ahora con todo esto que están añadiendo, se podría extender por meses”, explicó Ruby González, presidenta de la Asociación de Realtors.
González detalló que los nuevos requisitos que se proponen, particularmente el de exigir una tasación y plano de mensura que no es lo mismo que ‘plot plan’, también resultan onerosos para las personas y familias que, por razones de salud, emergencia entre otras, opten por no atarse a las valoraciones del mercado.
“Es totalmente adverso con las personas que por diversas razones de negocios o criterios personales o familiares, o circunstancias extraordinarias, como situaciones de salud, emigración, u otras, no desean necesariamente estar atados a la valoración en mercado de las propiedades para comprar o vender. Este nuevo requisito los obliga a tasar la propiedad. La exigencia de tasación o evaluación de valor no debe ser exigible ni aplicable a la totalidad o generalidad de las transacciones, como un mecanismo uniforme que encarezca y haga más difícil y oneroso el otorgamiento de instrumentos públicos en el sector de bienes raíces”, resaltó.
A su vez, la Asociación cree que el CRIM y otras agencias fiscalizadoras cuentan con diversos mecanismos y regulaciones que, con mayores recursos y una fiscalización más efectiva, pueden maximizar los ingresos de los municipios, sin imponer estos requisitos tan lesivos al bolsillo del consumidor y sin trastocar la fluidez de las transacciones inmobiliarias.
“Nos oponemos a este requisito totalmente innecesario. Las regulaciones existentes, incluyendo las regulaciones bancarias en el ámbito federal o local, proveen diversos mecanismos o formas para detectar, encauzar o reportar transacciones ilegales. No favorecemos que la responsabilidad que recae sobre diversas entidades reguladoras, se le transfiera a los notarios y a los otorgantes, cuando el gobierno ya cuenta con regulaciones y organismos para estos propósitos”, puntualizó.
La Asociación estará participando en múltiples reuniones y gestiones con legisladores de diversas delegaciones, para poder exponer su oposición a este proyecto que trastoca severamente la compra-venta de propiedades en la Isla.
