En el inicio de la nueva sesión ordinaria de la Legislatura, el representante por el distrito 23 José Rivera Madera, retomó su agenda parlamentaria que incluye asuntos como la investigación que dio pie a la renuncia del ex director de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, hasta resoluciones investigativas en torno a los desembolsos producto de emisiones de bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Rivera Madera presentó seis medidas entre la que se destaca una dirigida a evitar lo que catalogo como, “ la interpretación de oportunismo en ejecuciones por parte de ex funcionarios en la toma de decisiones o concesión de contratos a favor de intereses privados, que luego se convierten en sus jefes o contratantes”.
La medida en referencia busca lograr mayores restricciones para que funcionarios públicos que hayan intervenido, opinado o participado directamente en la negociación, discusión y otorgamiento de un contrato puedan luego pasar a trabajar con la entidad favorecida en el proceso.
“He radicado el Proyecto de la Cámara 143 para enmendar la Ley de Ética Gubernamental, y que los servidores públicos, especialmente de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, que hayan intervenido en el otorgamiento de un contrato, y que deseen contratar luego con la compañía seleccionada o con alguna otra relacionada a esta, el lapso de tiempo para poderlo hacer sea aumentando de dos a cinco años”, explicó el legislador popular.
Según el representante, le resulta incómodo el hecho de ver cómo exfuncionarios gubernamentales están siendo en la actualidad oficiales o intermediarios de compañías que fueron seleccionadas para mantener millonarios contratos con el gobierno.
“Hoy no es ilegal porque se esconden tras dispensas, pero definitivamente es inmoral. Además, puede que todo (contrato) haya sido otorgado de acuerdo con reglamentos y leyes, pero, la mera apariencia podría ser un escenario injusto para el país pues se presta a interpretaciones de favoritismos y aprovechamientos de sus cargos”, aseveró Rivera Madera.
Otros temas atendidos en el conjunto de medidas radicadas por el también presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, es la atención por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a un asunto harto reclamado por ciudadanos, en especial residentes de Guayanilla, el libre acceso a las costas de Playa Ventana, que desde hace más de 20 años ha sido proscrita por una industria que opera en el lugar.
De otro lado, investigar el contrato de Aerostar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la creación de un registro de teléfonos celulares prepagados que ayude a identificar el origen de llamadas fraudulentas o amenazantes y validar la eficacia del protocolo de seguridad en canchas y parques durante eventos deportivos multitudinarios, ocuparon parte de la agenda legislativa de Rivera Madera en el inicio de esta sesión.
“Vinimos a trabajar desde adentro hacia afuera, pues si queremos tener los recursos para que lleguen a nuestra gente tenemos que destapar y evitar el derroche que por años ha sido casi norma. El ciudadano tiene que enterarse y ser parte, no solo los políticos debemos saber a quienes nos debemos sino también las agencias y las APP”, sostuvo Rivera Madera.
