El Senado de Puerto Rico, en su séptima sesión ordinaria, avaló un proyecto que busca impedir se revoque la exoneración contributiva a propiedades inmuebles dedicadas a fines residenciales.
La pieza legislativa es el proyecto del Senado 1258 de la autoría de la senadora Rosamar Trujillo Plumey. La medida enmendaría el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir la revocación de la exoneración contributiva a propiedades inmuebles dedicadas a fines residenciales por el solo hecho de que el dueño o su familia se trasladen o pernocten temporalmente en la residencia de un pariente con la edad de 60 años o más que se encuentre en estado crítico de salud con el propósito de asistir o cuidar de este.
Según establece el proyecto “en muchas ocasiones a estas personas cuidadoras se les ha revocado la exoneración contributiva sobre sus propiedades inmuebles, bajo el fundamento de que, al mudarse temporalmente de residencia para velar por sus parientes mayores, han cesado de vivir en su inmueble exonerado”.
Trujillo Plumey, en su turno, expresó que “es un proyecto de sensibilidad, un proyecto de respeto tanto a cuidadores, familiares y adultos mayores… corresponde tomar acción que permita crear política pública a favor de las personas adultos mayores… Se presenta el Proyecto del Senado 1258 en el interés de evitar que dicha interpretación [por parte del CRIM] continúe y constituya una penalidad en contra de esa persona cuidadora aun cuando éste, está disponible para el regreso a su propiedad”.
Por su parte, el senador José Vargas Vidot expresó “lo que está planteado la senadora en este proyecto debe de ilustrarnos lo que deben ser las políticas públicas de un gobierno… este proyecto es muy bueno e importante… votemos a favor de esta medida, pero no nos conformemos”.
Asimismo, el senador Juan Zaragoza Gómez en su turno sobre la medida dijo “yo me he quedado sorprendido con la interpretación que hace el CRIM de la exoneración de los primeros 15 mil dólares en residencia principal. Esa exoneración tiene más de 70 año en nuestro sistema contributivo… Eso se creó para facilitar que la gente en Puerto Rico comprara residencia y la pudiera mantener, esa exoneración no requiere una continuidad absoluta de que la persona esté residiendo… Después de que la residencia continúe allí, esté habilitada, no se esté rentando y haya una posibilidad de que la persona regrese la exoneración se mantiene”.
“Este proyecto sin duda evita que se castigue a la persona que necesita el cuido cuando no está en esa casa y evita un castigo al familiar que cuida”, acotó la senadora Ana Irma Rivera Lassén.
Además, la senadora Migdalia González Arroyo dijo que “es una medida que le hace total justicia a estas personas que muchas veces no tienen los recursos… hay que ser sensibles y vivir con empatía y hay que pensar primero en la ciudadanía”.
Otra pieza legislativa avalada fue el proyecto del Senado 1310, de la autoría del senador Ramón Ruiz Nieves, que busca enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” para imponer a su Secretario la obligación de referir determinados asuntos ante la consideración del Departamento de Justicia para que dicho departamento evalúe si se ha cometido conducta criminal e inicie el procesamiento correspondiente.
“Con esta medida, en casos donde el Departamento identifique prácticas engañosas, el secretario debe referir el asunto a Justicia para que se evalúe como proceso criminal. Pese a que un consumidor presenta una querella a un comerciante reincidente, al final del camino, solo se le da una amonestación y sigue siendo una práctica engañosa. Esto obliga al secretario de DACO a investigar si el comercio lo hace de manera maliciosa, y de ser así, lo envíe a la oficina del secretario de Justicia para tomar mayores medidas”, destacó el senador Ramón Ruiz Nieves.
De igual forma, se le dio paso al proyecto del Senado 1357 de la autoría de los senadores Héctor Santiago Torres y Rubén Soto, que propone añadir párrafos nuevos a la “Ley de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico” la cual se encuentra adscrita al Departamento de Estado, con el fin de que dicha oficina cree y mantenga actualizado un catálogo de entidades públicas, tanto estatales y federales, así como entidades del tercer sector, locales e internacionales, que brindan servicios y apoyo a las personas inmigrantes, independientemente del estado migratorio de las personas servidas.
“De esta manera, se agiliza la localización de los servicios necesarios para las personas inmigrantes, mientras que todas las entidades que brindan los mismos mantienen un perfil actualizado de sus servicios en un solo instrumento, el cual es conocido y compartido por todas estas”, destacó Santiago Torres.
También se aprobó la resolución del Senado 824, del senador Ramón Ruíz Nieves, busca ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado el realizar una investigación en torno a los mecanismos, remedios, acciones y procedimientos dispuestos en el marco legal vigente en torno a la debida y continua fiscalización del Sistema de Salud en Puerto Rico y sus componentes. Además, determinar si amerita crear el cargo y la Oficina del Comisionado de Seguros de Salud como un ente independiente para estos propósitos.
“Cuando se creó esta oficina, se siguió evaluando la legislación porque había reclamos referentes a los servicios en la isla. Esta medida le exige a la Comisión de Gobierno a investigar si es necesario crear esta oficina, y evaluar con el comisionado de seguros si es meritorio brindarle mayores garras para ir tras las aseguradoras. Estamos informando lo que vamos a discutir con esta medida desde la Comisión para que podamos atender la situación y determinar si procede o no crear esta oficina”, detalló el senador Ruiz Nieves.
Finalmente, avalaron las resoluciones conjuntas del Senado 91, 304; resolución concurrente del Senado 54 y los proyectos de la Cámara 977 y 1589.
