Como parte de la Sesión Ordinaria, fue aprobado el Proyecto del Senado 945 del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, para enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” a los fines de extender el alcance de las penas y elementos del delito asociado a la prohibición de proveer información falsa sobre un estado de emergencia general o individual.
La pieza legislativa expone que el propósito de la Ley es reducir al mínimo la activación de los mecanismos de rescate y manejo de emergencia del Estado Libre Asociado y equipos de voluntarios para atender situaciones provocadas por información falsa. “La Asamblea Legislativa reconoce el alto costo al erario de los operativos de rescate y manejo de emergencias y el riesgo físico y emocional al que se expone a los rescatistas que atienden los mismos”, sostiene el proyecto.
En un turno, Aponte Dalmau expresó que “esta medida viene encaminada a suplir una intención que se quiso atender a través de una orden ejecutiva y que nuestro Código Penal no atiende estas declaraciones de emergencia con conocimiento que la información que emite a las autoridades es totalmente falsa…Esto no se trata de reducir las confidencias a la Policía, aquí de lo que se trata es de gente que negligentemente y a conciencia divulga información falsa a las autoridades sobre una emergencia con conocimiento de que es falsa”.
La medida sostiene que en el caso de que el aviso o la falsa alarma resulte en daños al erario público, a terceros, o la propiedad pública o privada que excedan los $10,000 o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos de una persona, la persona incurrirá en delito grave con una pena de reclusión por un término fijo de tres años. “En los casos bajo este inciso el tribunal podrá además imponer, la pena de restitución de fondos públicos o privados invertidos por las entidades de manejo de emergencia y rescate para atender una situación que resultó ser una falsa alarma”, añade.
Además, se le dio paso a la reconsideración del Proyecto del Senado 833 de la senadora Migdalia González Arroyo, para crear la “Ley de Internado Municipal” , adscrito a los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La medida indica que actualmente, solo dos municipios de Puerto Rico, han creado esta iniciativa, Aguada y Aguadilla, y con el fin de replicarla a través de todos los municipios de Puerto Rico y ofrecerles alternativas de Internado a estudiantes universitarios.
“La Asamblea Legislativa considera que deben existir Internados en todas las áreas del servicio público municipal que los municipios son los llamados por ley a brindar a los estudiantes esta invaluable oportunidad”, explica el proyecto.
Igualmente, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 301 del senador por el distrito de Guayama, Albert Torres Berriíos, para ordenar al Departamento de Agricultura que en conjunto con el Departamento de Asuntos al Consumidor y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, desarrollar y difundir una campaña para fomentar los huertos caseros.
Torres Berríos expresó que “es de todos conocido que nuestra isla no produce lo suficiente para cubrir la demanda de productos agrícolas que consumimos. Ante esta realidad ya es tiempo que el gobierno comience a tomar acción de medidas de fácil producción…los huertos caseros es una de esas alternativas para sustituir importaciones…las agencias deben realizar esfuerzos conjuntos para promover las alternativas de huertos caseros”.
A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 775 de la senadora novoprogresista, Keren Riquelme Cabrera, que busca enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para establecer un nuevo proceso de notificación y cobro de peajes adeudados.
“Hay personas que han tenido multas y que cuando le llegan las notificaciones han tenido que estacionar su carro porque no han tenido la cantidad de pagar esas multas. Como representantes del pueblo tenemos que tomar cartas en el asunto. No es justo que por no haber tenido un debido proceso de ley no tengan la manera de moverse…El propósito es establecer un proceso de notificación y cobro de peajes que cumpla con el debido proceso de ley y tener un tiempo razonable para la querella”, dijo Riquelme. En la misma línea, el senador independiente José Vargas Vidot dijo que “esto es un buen proyecto. Yo aspiraría más, pero estamos trabajando con un sistema que ha sido ineficaz”.
También, se dio paso al Proyecto del Senado 841 del senador novoprogresista, Gregorio Matías Rosario, para enmendar la “Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo”, a fin de requerir a la Administración de Seguros de Salud que como parte de la cubierta especial por Autismo se brinden servicios de terapias de manejo conductual además de contar con un formulario amplio de medicamentos para condiciones relacionadas con el Autismo.
Matías expresó que “este proyecto va encaminado a que esa comunidad adulta de autismo se le atiendan sus necesidades. Nosotros como gobierno los ayudemos por eso pido un voto a favor sobre esta medida”. Igualmente, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén dijo que “me parece que este proyecto debe ser aprobado, pero más aun velar porque se cumpla…creo como importante que las agencias concernientes recluten empleados para que cumplan con el proyecto”.
A la vez, fueron aprobados los Proyectos del Senado 958, 1070; las Resoluciones Conjuntas del Senado 21, 301; los Proyectos de la Cámara 1060 y 263.
