La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública con base en la Resolución del Senado 209 para indagar sobre situaciones que están ocurriendo en varias comunidades de distintos municipios, sus implicaciones, así como el impacto ambiental a los recursos naturales.
“En esta vista yo creo que estamos viendo precisamente la conciencia comunitaria que se está levantando en cuanto a la exigencia que le están haciendo al gobierno de que tome en consideración la confiabilidad de la vida misma en Puerto Rico que incluye el respeto y defensa a los recursos naturales, respeto a las tierras agrícolas, el acceso a las playas y la defensa de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestra vida en Puerto Rico. Sin eso no tenemos futuro”, dijo la senadora Rivera Lassén.
Kathia Avilés Vázquez, del Proyecto Arqueológico El Josco Bravo, explicó que durante el huracán Fiona la carretera 861 en el Municipio de Toa Alta, jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), sufrió deslizamientos que mantienen cerrado este acceso.
Además, Avilés solicitó a la ACT y al Municipio de Toa Alta reparar los daños causados con maquinaria pesada removiendo corteza terrestre, derribando árboles e impactando la cuenca de varias quebradas y el propio Río Bucarabones. La senadora preguntó cuál sería la sostenibilidad alimentaria de cultivar completo el valle. La deponente contestó que alrededor de 250 mil personas de varios municipios podrían tener seguridad alimentaria con la producción eficiente del valle.
A preguntas de la senadora, Avilés indicó que al momento el alcalde sigue defendiendo la necesidad de esta vía alterna. Sin embargo, Samuel Acosta del DRNA dijo que “ante la consideración del departamento no hay permisos solicitados, ni en consideración ni aprobados para el área de Bucarabones”.
De otra parte, participó como deponente, Carmen Rosado en representación de Cayey Para el Mundo, quien manifestó que “vengo motivada por mi oposición y la de cientos de mis vecinos a la construcción del conector/salida de la autopista #52 que el Municipio de Cayey insiste en imponer contra la voluntad y el bienestar de la población del Barrio Las Vegas”. En la misma línea, manifestó que es “completamente falso que nos haga falta este conector para aliviar la congestión de tránsito de la PR1 y en la PR743. Resido al lado de la 743 y es falso el argumento del municipio que alega que existan problemas para acceder la autopista 52 en nuestro barrio rural”.
En su turno, el senador independiente, José Vargas Vidot, preguntó si hay algún intento de la municipalidad para seguir insistiendo en el proceso del conector. Rosado respondió que en Cayey se está viendo un total cambio en el casco urbano y lo quieren llevar a la zona rural, pero no ven la inseguridad que eso llevará a largo plazo.
También acudió a deponer, el director ejecutivo de la organización Defendamos La Cueva del Indio, Lauce Colón. “Acudo para hacerle ver a esta Comisión y al país los problemas en la Cueva del Indio por la privatización del acceso, la destrucción y explotación de áreas protegidas y la inacción administrativa por las agencias pertinentes y para solicitar de esta Comisión que tome cursos de acción específicos”. Añadió que la Cueva del Indio es un tesoro nacional reconocido como un patrimonio natural y cultural por su valor histórico, ambiental y arqueológico que, por ley, tiene que ser protegido.
Por su parte, Acosta del DRNA reconoció que tienen unos problemas en el área y explicó que nunca se compraron los predios de acceso terrestre a la Cueva del Indio.
