La Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara, presidida por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, retomó ayer, martes, las vistas públicas para evaluar una medida que propone retener un 5 por ciento adicional de la compensación pagada a los productores de seguros públicos e impulsar el proceso de subasta para la prestación de estos servicios.
El Proyecto de la Cámara 341, de la autoría de Navarro Suárez, busca que esta aportación adicional sea utilizada para allegar más fondos a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios.
“Esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar tanto el Código de Seguros como el Código Municipal para incentivar que los procesos de adquisición de seguros públicos se lleven a cabo exclusivamente mediante el procedimiento de subasta. Cuando sea necesario realizar una selección libre, los productores de seguros públicos deberán atenerse a la aportación adicional para mejorar la eficiencia de la OCS y la salud fiscal de los municipios”, expresó Navarro Suárez en la exposición de motivos de la legislación.
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Durante la audiencia, la Junta de Directores de la organización Agentes de Seguros Profesionales en Puerto Rico y el Caribe respaldó la intención legislativa de establecer mecanismos de selección competitiva como vía para proteger los intereses del erario y la ciudadanía. Sin embargo, señaló que la retención a las comisiones de los productores de seguros públicos representa “una medida onerosa, inequitativa e injustificada”.
“Los productores ya contribuyen económicamente al Estado mediante impuestos y licencias, y no deben ser utilizados como fuente de financiamiento de la Oficina del Comisionado de Seguros”, manifestó el presidente de la Junta, Edgar Mercado Pérez.
El portavoz de la entidad opinó que esta retención desincentiva la participación de profesionales calificados en el servicio al sector pública y sienta un “precedente peligroso” de financiamiento indirecto de entidades gubernamentales a costa de la iniciativa privada.
Advirtió que el lenguaje del proyecto requiere ajustes para “evitar ambigüedades legales y operacionales”, por lo que sugirió que se reconozca al corredor de seguros como representante independiente de los municipios autónomos con la responsabilidad fiduciaria de velar por su mejor interés en la adquisición del servicio.
De igual forma, recomendó que se aclaren las condiciones bajo las cuales no aplicará la subasta pública. Mercado Pérez se opuso a las disposiciones de la pieza legislativa que permiten la contratación directa de seguros en periodos de emergencia “sin salvaguardas claras”.
Desde su perspectiva, este tipo de contratación sin controles ni “procesos mínimos” de revisión puede resultar en prácticas discrecionales y riesgosa, por lo que pidió incorporar protocolos de emergencia que conserven el proceso de competencia transparente.
“Respaldamos el espíritu del Proyecto de la Cámara 341, pero entendemos que requiere enmiendas sustanciales para evitar distorsiones, proteger la función esencial de los productores de seguros y fortalecer el marco legal que rige la contratación de seguros públicos en Puerto Rico”, comentó el deponente.
El representante Navarro Suárez anunció que citará al Departamento de Hacienda bajo apercibimiento de desacato luego de que la agencia no compareciera a la comisión cameral en dos ocasiones.
