El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un paquete de medidas programáticas de administración dirigidas a modernizar la estructura gubernamental, fortalecer áreas esenciales del servicio público y actualizar el marco legal conforme a la realidad actual de Puerto Rico.
Las iniciativas presentadas en su mayoría por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, junto a miembros de la mayoría, atienden reformas en el sistema educativo, la protección a víctimas de violencia doméstica, la eficiencia gubernamental, el fortalecimiento cultural y la armonización del ordenamiento jurídico.
Entre las medidas aprobadas, el Proyecto del Senado 772 establece una nueva estructura organizacional para el Departamento de Educación con el fin de fortalecer su administración fiscal, académica y tecnológica. La pieza crea las posiciones de Subsecretario, Principal Oficial Financiero (CFO) y Principal Oficial de Informática (CIO), y transforma la figura existente en un Principal Oficial Académico, cada uno con funciones específicas para reforzar la planificación, el control de fondos y la toma de decisiones estratégicas.
Además, establece un orden de sucesión en caso de ausencia del Secretario, recae en el Subsecretario, y organiza el Departamento en oficinas como Finanzas, Informática, Recursos Humanos y Asuntos Legales, con mecanismos de coordinación entre los oficiales principales para asegurar una gestión integrada y eficiente.
Asimismo, el Proyecto del Senado 914 enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) para fortalecer la protección a víctimas de violencia doméstica y actualizar su alcance ante nuevas modalidades de abuso. La medida amplía definiciones para incluir violencia digital, económica y psicológica, así como conductas específicas como el estrangulamiento, la sofocación y el uso de dispositivos tecnológicos para vigilancia. Además, fortalece los procesos judiciales al facilitar la tramitación de casos y promover la imposición de penas proporcionales, con el objetivo de reducir la impunidad y evitar la revictimización de las víctimas.
En la misma línea de modernización gubernamental, el Proyecto del Senado 918 elimina la Junta Asesora del Programa de Desarrollo Artesanal al derogar la disposición que la creó, debido a que nunca fue constituida y sus funciones han sido asumidas por otras entidades. La medida también reorganiza los artículos restantes de la ley para mantener coherencia legislativa, como parte de un esfuerzo para reducir estructuras inoperantes y simplificar el aparato gubernamental.
De igual forma, el Proyecto del Senado 924 deroga una disposición obsoleta del Código Político de 1902 que permitía procesar delitos bajo leyes derogadas, armonizando así el ordenamiento jurídico con el Código Penal vigente. La medida reafirma el principio de favorabilidad, disponiendo que al eliminarse un delito no se inicien procesos judiciales, se detengan los casos en curso y se anulen sentencias previas, en cumplimiento con la normativa constitucional y jurisprudencial.
Por su parte, el Proyecto del Senado 926 enmienda el Código Civil para aclarar el derecho de abuelos y tíos a relacionarse con menores, incluso cuando exista oposición de los padres o tutores. La pieza establece que estos familiares tienen legitimación para acudir a los tribunales y que los jueces deberán evaluar cada caso conforme al bienestar del menor, considerando sus necesidades emocionales y las circunstancias particulares, con el fin de proteger los vínculos familiares extendidos.
Finalmente, el Proyecto de la Cámara 873 establece una reorganización integral de las subsidiarias y afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento como parte del proceso de transformación de la estructura financiera del gobierno. La medida dispone la disolución de múltiples entidades inactivas que ya no tienen funciones ni operaciones, elimina la facultad del Banco para crear nuevas subsidiarias mediante resolución y redefine la estructura de otras entidades que pasarán a ser independientes o adscritas a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Además, enmienda diversas leyes relacionadas al financiamiento público para ajustar su gobernanza y reducir costos operacionales, promoviendo un modelo gubernamental más ágil y fiscalmente responsable.
Con este paquete de medidas, el Senado continúa su agenda de aprobación de proyectos de administración, atendiendo de forma activa las iniciativas presentadas por la Gobernadora y la delegación del Partido Nuevo Progresista en ambos cuerpos legislativos.
Otras medidas aprobadas
En términos de otras medidas aprobadas, el Proyecto del Senado 838, de la autoría, por petición, de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, reconoce y declara la tradición de la tuna puertorriqueña como Patrimonio Cultural Inmaterial de Puerto Rico, estableciendo una política pública dirigida a su preservación y promoción. La medida reconoce las distintas manifestaciones de la tuna puertorriqueña como parte esencial de la identidad cultural de la isla, y ordena la creación de un Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial, así como iniciativas de documentación, investigación, promoción y transmisión de esta tradición a futuras generaciones, incluyendo su integración en espacios educativos y culturales.
Por otro lado, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 1037, presentado por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, enmienda el Código Civil de Puerto Rico para atemperar los términos de usucapión aplicables a bienes inmuebles, disponiendo que los términos que estén en curso al momento de la vigencia del Código Civil de 2020 se rijan por el nuevo término de veinte años, acreditando el tiempo ya transcurrido bajo la legislación anterior.
Asimismo, fue avalado el Proyecto del Senado 820, de la senadora Brenda Pérez Soto, que busca crear la Ley de Alfabetización Mediática e Informacional de Puerto Rico; con el fin de garantizar que el estudiantado del sistema público de enseñanza desarrolle competencias de alfabetización mediática y digital donde se fomente el uso responsable de la tecnología y de la inteligencia artificial (IA).
También de la senadora Barlucea Rodríguez, fue aprobado el Proyecto del Senado 810, para enmendar la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” y derogar la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975. El fin es establecer un nuevo marco legal para la evaluación, uso o disposición de la propiedad inmueble en desuso del Estado. El informe detalla que se redefine el propósito del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles al establecer como política pública la prioridad en el uso de propiedades del Estado en desuso para el desarrollo de vivienda dirigida a personas de ingresos bajos o moderados, clase media y adultos mayores. Así como para su transferencia a entidades sin fines de lucro que cumplan con el interés social.
De igual manera, el Proyecto del Senado 789, del senador Wilmer Reyes Berríos, para designar la Finca Gabia, del municipio de Coamo, como “Bosque Gabia”; y disponer que su manejo y conservación se regirán por la “Ley de Bosques de Puerto Rico”. “Este proyecto reconoce un esfuerzo real, tangible y sostenido de restauración ecológica que durante años se ha llevado a cabo en ese predio de aproximadamente 160 cuerdas. Allí se ha trabajado con dedicación en la reforestación con especies nativas y endémicas, en la recuperación de ecosistemas degradados y en la protección de nuestra fauna autóctona, incluyendo especies tan emblemáticas y vulnerables como el sapo concho. La finca Gabia se ha convertido en un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando la ciencia, la educación ambiental y el compromiso comunitario se unen con un propósito común”, expresó el senador Reyes Berríos.
A su vez, el Senado aprobó varias resoluciones para investigar diferentes áreas. En primer lugar, la Resolución del Senado 126 que dispone evaluar las condiciones de los cuarteles del Negociado de la Policía de Puerto Rico, particularmente en la región de Mayagüez-Aguadilla, incluyendo el estado de patrullas, equipos de comunicación, protección, recursos logísticos y el mantenimiento de las instalaciones. De igual forma, mediante la Resolución del Senado 383 se ordena una investigación sobre la política pública y los programas dirigidos a personas sin hogar, revisando la efectividad de las leyes vigentes, la coordinación interagencial y las barreras que impiden atender adecuadamente esta población vulnerable.
Asimismo, mediante la Resolución del Senado 431 se instruye a la Comisión de Salud a examinar el uso, administración y fiscalización de aproximadamente $19.5 billones en fondos federales asignados al sistema de salud, incluyendo su impacto en hospitales, aseguradoras y la prestación de servicios médicos, ante preocupaciones sobre denegación de pagos y posibles efectos en la estabilidad del sistema. Finalmente, se avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 212, para designar con el nombre de Ramón Iván Nieves Montesino la pista atlética del Complejo Deportivo Ramón Cano Torres en Barranquitas. Esto, en reconocimiento a su trayectoria en el deporte y su aportación al desarrollo de jóvenes atletas en la isla.
Finalmente, se dio paso el Proyecto de la Cámara 784 para enmendar el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para conceder beneficios a los participantes de dicho sistema que padezcan de una condición terminal.
