Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) requirió la corrección de diversas debilidades identificadas en los procedimientos y mecanismos de control relacionados con el acceso físico y lógico a las áreas de vigilancia y monitoreo operadas por la Secretaría Auxiliar de Manejo de Información de Seguridad y Análisis (SAMISA), adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP).
La SAMISA está compuesta por la División del Centro de Fusión, la División de Manejo de Información de Seguridad y la División de Coordinación Operacional y Logística. La División de Manejo de Información de Seguridad es responsable de recopilar, evaluar, analizar y diseminar información criminal relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado, las armas ilegales y cualquier otra actividad delictiva. La información que recopila puede catalogarse como altamente sensible y requiere un estricto cumplimiento de controles y acceso restringido para garantizar su uso correcto.
No obstante, en el examen se detalló que el acceso a las áreas de vigilancia y monitoreo, mediante el sistema de tarjetas electromagnéticas utilizado para administrar accesos físicos, carecía de una autorización formal para crear perfiles de usuario y de un formulario oficial para solicitar o aprobar dichos accesos. Según el informe, las instrucciones para crear accesos se transmitían verbalmente o por mensajes informales. Además, se identificaron incongruencias entre los accesos activos registrados en el sistema y la relación oficial del personal autorizado, lo que evidenció que un grupo significativo de usuarios contaba con acceso al área de vigilancia sin estar incluido en la lista oficial correspondiente.
El examen tampoco logró identificar que se realizaran designaciones oficiales para el personal responsable de la custodia y manejo de las tarjetas electromagnéticas asignadas. Asimismo, no se documentó la existencia de normativa o procedimientos formales que regularan la entrega, uso, devolución o sustitución de dichas tarjetas. La OIG señaló que la creación de accesos sin documentación formal podría aumentar la probabilidad de accesos no autorizados al área de vigilancia y e incluso ocasionar el riesgo de integridad de la data.
El informe también documentó que el área donde se encontraban los servidores relacionados con el sistema de vigilancia no contaba con controles adecuados. Durante una inspección física, se observó que el espacio permanecía abierto y se compartía con otros equipos no vinculados directamente al sistema, sin mecanismos que aseguraran la trazabilidad de accesos.
El examen identificó debilidades en el control de accesos a los sistemas de vigilancia, toda vez que el DSP no realizó monitorías periódicas para supervisar las búsquedas efectuadas por los empleados en los sistemas y bases de datos, lo que podría limitar la capacidad de supervisión efectiva y dificultar la detección oportuna de irregularidades o del uso inadecuado de los sistemas. Además, se observó que algunos empleados ingresaban con teléfonos móviles personales al cuarto de vigilancia, lo que podría permitir la captura no autorizada de imágenes, videos o audio en un área donde se maneja información sensible.
El examen identificó también deficiencias en la planificación y ejecución de un proyecto dirigido a la restauración del sistema de cámaras de vigilancia. El informe señaló que, a pesar de las gestiones realizadas y las adquisiciones efectuadas, las cámaras contempladas en el proyecto no se encontraban completamente instaladas ni en funcionamiento al momento de la evaluación, lo que podría afectar la disponibilidad del sistema para apoyar las funciones de seguridad pública.
Como parte de la intervención, la gerencia del DSP informó que ha tomado medidas para atender las situaciones señaladas, entre ellas acciones para fortalecer los controles de acceso y la seguridad del sistema. La OIG brindará seguimiento a la dependencia a través de la implementación de un Plan de Acción Correctiva (PAC).
La entidad fiscalizadora exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o la página oig.pr.gov/informa.
