La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), a través de su director ejecutivo, Dr. Regino Colón Alsina, expresó hoy su respaldo firme e incondicional al Proyecto del Senado 1076, una medida dirigida a aliviar la carga económica de los familiares de pacientes con hospitalizaciones prolongadas mediante la regulación de tarifas de estacionamiento en instituciones hospitalarias.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador Héctor Juaquín Sánchez, ASEM destacó que esta medida responde directamente a una necesidad real y urgente de los pacientes y sus acompañantes, particularmente en el contexto del Centro Médico de Puerto Rico, principal centro terciario y supraterciario de la Isla.
El Dr. Colón Alsina explicó que en el Centro Médico se atienden diariamente casos de alta complejidad —incluyendo pacientes de trauma, quemados, neonatos en cuidado intensivo, pacientes oncológicos y trasplantados— cuyas hospitalizaciones pueden extenderse por semanas o incluso meses. En estos escenarios, la presencia de familiares y cuidadores no es un lujo, sino un componente esencial del proceso terapéutico y de recuperación.
“La evidencia clínica y nuestra experiencia operacional demuestran que la presencia continua de un familiar mejora la adherencia al tratamiento, facilita la toma de decisiones informadas y reduce complicaciones asociadas a la hospitalización. Sin embargo, ese acompañamiento conlleva un impacto económico significativo que esta medida atiende de manera responsable”, sostuvo Colon Alsina, quien es médico y administrador de hospitales de profesión.
El Proyecto del Senado 1076 establece un marco razonable para definir hospitalizaciones prolongadas —siete días consecutivos o más— y propone un tope máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa estándar diaria de estacionamiento para estos casos, lo que permite un balance adecuado entre el beneficio al paciente y la flexibilidad operacional de las instituciones.
ASEM resaltó además que la medida incorpora mecanismos de implementación viables, incluyendo validación mediante documentación hospitalaria y la intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como ente regulador, lo que garantiza fiscalización efectiva y transparencia en su ejecución.
Desde una perspectiva institucional, ASEM subrayó que el proyecto se alinea con una filosofía centrada en el paciente y su familia, reconociendo que cualquier política pública que redunde en un beneficio directo para quienes enfrentan procesos de salud complejos merece respaldo.
“La salud no se limita al tratamiento clínico; incluye el entorno, el apoyo familiar y las condiciones que permiten una recuperación digna. Este proyecto atiende una dimensión muchas veces invisible del proceso de hospitalización: el sacrificio económico de las familias”, añadió Colón Alsina, quien mencionó que era importante escuchar a todos los sectores público y privados y desarrollar su debido análisis jurídico para este sector.
No obstante, ASEM también presentó recomendaciones de carácter operacional para facilitar una implementación efectiva de la medida. Entre estas, se destacó la necesidad de reconocer que muchas facilidades de estacionamiento hospitalario son operadas por entidades privadas bajo contratos vigentes, por lo que será necesaria una coordinación adecuada para integrar la tarifa supletoria al marco contractual existente.
Asimismo, se recomendó clarificar que la responsabilidad de cumplimiento recaiga tanto en las instituciones hospitalarias como en los operadores privados, y otorgar flexibilidad reglamentaria al DACO para establecer mecanismos transitorios que permitan la implantación inmediata del beneficio sin afectar acuerdos contractuales en curso.
ASEM reiteró que estas observaciones no condicionan su respaldo a la medida, sino que buscan fortalecer su ejecución y asegurar que el beneficio llegue de manera efectiva a los pacientes y sus familias desde el primer momento.
“La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico reafirma su compromiso de colaborar estrechamente con la Asamblea Legislativa, el DACO y todas las instituciones hospitalarias del país para garantizar la implementación ordenada, efectiva y justa de esta importante iniciativa”, concluyó el director ejecutivo.
