La Presidenta de la Comisión cameral de los Sistemas de Retiro, representante Lourdes Ramos, urgió a las agencias fiscales del gobierno a enfocarse en hacerle verdadera justicia a los jubilados públicos, quienes viven en condiciones apremiantes por el alto costo de vida.
Ramos, quien es la autora del Proyecto de la Cámara 45 (PC 45), una medida dirigida a proteger el poder adquisitivo de las pensiones de los empleados públicos jubilados, presidió una vista pública en el Salón de Audiencias 3, donde mantuvo su firmeza de que el proyecto debía ser aprobado.
Fueron citados de manera indelegable, los titulares de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para la evaluación de la medida. No obstante, en ánimos de concretar soluciones ágiles, Ramos aceptó las ponencias de los funcionarios autorizados que comparecieron.
Durante la vista, surgió el compromiso de concertar en siete días o menos, una reunión de trabajo para allanar una cuantía que fuere aceptable para todas las partes.
De esto no suceder en ese periodo de tiempo, la líder novoprogresista anunció que citará so pena de desacato una próxima vista a los jefes de las agencias señaladas
Las organizaciones que integran el Frente en Defensa de las Pensiones, que representan a pensionados del Gobierno Central, la Judicatura y el Magisterio, apoyan sin reservas la legislación presentada por Ramos.
“El país necesitó a los ahora pensionados para echar pa’lante en los momentos críticos de su desarrollo. Ahora, no los podemos echar a un lado. Sus exiguas pensiones no pueden hacer frente a la inflación y al desmedido costo de vida. ¡Yo dí un paso al frente para defenderlos y no pienso dar un paso atrás!”, sentenció la fogosa legisladora.
Apuntó Ramos que su iniciativa legislativa impacta directamente la vida de más de 160 mil jubilados, sus familias e incluso, el fortalecimiento de las PYMES, ya que los pensionados gastan sus recursos en apoyar la economía local.
No se afectaría el presupuesto ni el plan fiscal, porque los recursos saldrían de sobrantes, luego del pago de todas las deudas.Si en un año no hubiesen sobrantes, no se concedería el alivio por costo de vida.
“Aquí que nadie se equivoque. Los jubilados componen un segmento decisivo en la estabilidad de pequeños y medianos negocios. Proteger su poder adquisitivo ante el costo de vida puede ser crucial para que los empresarios y emprendedores locales puedan seguir activos”, refrendó la representante.
Según datos discutidos en vistas públicas y estudios previos, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de las pensiones ronda el 40%, lo que coloca a una gran parte de esta población en condiciones económicas cada vez más vulnerables.
Ramos no descartó que en la reunión señalada, se tome en consideración estudios económicos de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que proveen un marco de referencia de entre un 3 a 6% de incremento en las pensiones.
Luego de implantado el ajuste, el PC #45 provee para la implementación de aumentos automáticos anuales vinculados a la inflación, utilizando como referencia el mecanismo federal COLA (Cost of Living Adjustment) del Seguro Social.
Esto es, reafirmó Ramos, siempre y cuando hayan sobrantes en el presupuesto, luego de pagar todas las deudas.
Al redactar la legislación, la representante identificó fuentes de financiamiento viables. Particularmente a través de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que ingresan al Fondo General, lo que permite atender la medida sin comprometer la estabilidad fiscal del gobierno.
“Tenemos que evitar que las pensiones continúen perdiendo valor. Si nos quedamos cruzados de brazos, estamos tirando a los pensionados a enfrentar una cruda pobreza y en una edad, cuando más necesitan que sus recursos solventen su salud y bienestar”, añadió Lourdes Ramos.
