La senadora Roxanna Soto Aguilú presentó un paquete legislativo integral dirigido a atender, por primera vez de manera articulada, moderna y multisectorial, los principales retos que enfrenta la pesca en Puerto Rico. Las medidas proponen una nueva visión pública para el sector pesquero, basada en pilares fundamentales de regulación clara, derechos del pescador, infraestructura pesquera, recopilación de datos, desarrollo económico local, acceso justo a incentivos, manejo sostenible y profesionalización de la cadena de valor pesquera.
La pieza central del paquete es el Proyecto del Senado 1232, que propone crear el Código de Pesca de Puerto Rico, un estatuto amplio y uniforme para organizar en un solo cuerpo legal la normativa aplicable a la pesca comercial, recreativa, deportiva, turística y científica, así como a la acuicultura, maricultura, desembarque, transportación, trazabilidad, fiscalización y comercialización de los recursos pesqueros y acuáticos.
“Puerto Rico tiene una relación histórica, económica, alimentaria y cultural con el mar, pero durante demasiado tiempo la política pública pesquera ha estado fragmentada. Con este paquete legislativo estamos atendiendo la pesca desde todos los frentes: protegemos el recurso, reconocemos al pescador, fortalecemos las villas pesqueras, promovemos la capacitación, damos herramientas económicas a los municipios, mejoramos la recopilación de datos y abrimos paso a una industria más formal, más ordenada y con mayor capacidad de crecimiento”, expresó Soto Aguilú.
Según la legisladora, el Código de Pesca busca sustituir un modelo disperso por una estructura legal coherente que brinde certeza jurídica tanto al pescador como al Estado. La medida atiende asuntos como licencias, permisos, registros, operadores autorizados, embarcaciones, torneos, operaciones turísticas, vedas, tallas, cuotas, zonas reguladas, trazabilidad, inspección, decomiso, sanciones, información pesquera y coordinación interagencial.
“Este Código no es una simple recopilación de normas. Es una reforma estructural. Por primera vez se propone un marco jurídico integrado para que Puerto Rico pueda regular, fiscalizar, conservar y desarrollar el sector pesquero con reglas claras, modernas y uniformes”, añadió Soto Aguilú.
Como parte de esa misma visión de ordenamiento, la senadora también destacó el Proyecto del Senado 952, presentado previamente, que propone crear el Registro Unificado de Pescadores en Puerto Rico. Esta medida busca integrar en una base de datos centralizada, digital e interactiva a pescadores comerciales, recreativos y de subsistencia, con el propósito de mejorar la planificación pública, la recopilación de estadísticas pesqueras, la emisión de licencias y permisos, la seguridad, la educación, la conservación y el manejo sostenible de los recursos marinos.
Soto Aguilú explicó que la ausencia de un registro unificado limita la capacidad del Gobierno para conocer con precisión quiénes participan en la actividad pesquera, bajo qué modalidad, con qué nivel de esfuerzo pesquero y cómo esa actividad incide sobre los recursos marinos. La medida propone que el registro sea administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, e incluye mecanismos de inscripción, reportes de captura, protección de datos personales, integración con sistemas existentes y reglamentación dentro de un término de 180 días.
“Para proteger el recurso y apoyar al pescador, el Gobierno necesita información confiable. No se puede manejar adecuadamente lo que no se mide. El Registro Unificado de Pescadores nos permite tener una visión más completa de la actividad pesquera en Puerto Rico, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la conservación sin perder de perspectiva la realidad del pescador”, sostuvo la senadora.
Como complemento directo al Código de Pesca, la senadora presentó el Proyecto del Senado 1231, para crear la Carta de Derechos del Pescador de Puerto Rico. Esta medida reconoce derechos básicos del pescador frente al aparato gubernamental, incluyendo orientación clara y oportuna, acceso a información actualizada, trato administrativo justo, asistencia regional, coordinación interagencial y referidos adecuados a programas de apoyo, certificación, incentivos, financiamiento y capacitación.
“Regular no puede significar abandonar al pescador en un laberinto administrativo. Si el Estado exige cumplimiento, también tiene que orientar, asistir y facilitar procesos razonables. La Carta de Derechos del Pescador afirma que detrás de cada licencia, cada embarcación y cada desembarque hay una persona, una familia y una comunidad costera que merecen respeto institucional”, sostuvo.
El paquete también incluye el Proyecto del Senado 1230, que crea la Ley para el Desarrollo, Inventario, Fortalecimiento y Regulación de las Villas Pesqueras de Puerto Rico. Esta medida ordena levantar un inventario oficial de villas pesqueras, clasificarlas, identificar sus necesidades, promover su rehabilitación y establecer una política pública uniforme para su uso, administración y aprovechamiento como infraestructura estratégica del sector pesquero.
Soto Aguilú destacó que las villas pesqueras deben dejar de verse únicamente como estructuras físicas y comenzar a tratarse como centros de actividad económica, comunitaria, turística y productiva.
“Las villas pesqueras son puntos de desembarque, acopio, venta directa, organización comunitaria, orientación, capacitación y desarrollo económico. Sin un inventario claro, sin criterios uniformes y sin planificación, el Gobierno no puede saber cuáles están operando, cuáles necesitan rehabilitación y cuáles pueden convertirse en motores de actividad económica costera”, indicó la senadora.
En el frente de desarrollo económico municipal, el Proyecto del Senado 1228 propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para reconocer expresamente la facultad de los municipios de fomentar industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas vinculadas a la industria pesquera. La medida permitiría a los municipios desarrollar programas, alianzas, mecanismos de apoyo, espacios de incubación, capacitación y proyectos de fortalecimiento económico local relacionados con la pesca.
“Muchas oportunidades de la pesca ocurren a escala municipal: venta directa, fileteo, empaque, distribución local, puntos de expendio, turismo pesquero compatible, cooperativas y pequeños negocios. Queremos darle a los municipios una base legal clara para apoyar esas iniciativas sin imponerles cargas fiscales irrazonables”, explicó.
Asimismo, el Proyecto del Senado 1229 atiende una preocupación práctica del sector pesquero relacionada con la certificación de Agricultor Bona Fide y el acceso a incentivos bajo la Ley 60-2019 y la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor. La medida busca aclarar que el ingreso de un cónyuge que no participa en la operación pesquera no debe convertirse automáticamente en una barrera para que un pescador comercial se cualifique para beneficios, incentivos o certificaciones aplicables.
“Si un pescador sostiene una operación legítima y su cónyuge tiene otro empleo para complementar el ingreso familiar, eso no debe usarse de manera automática para cerrarle la puerta al sistema de incentivos. Esta medida busca justicia administrativa, claridad y uniformidad para que los pescadores comerciales puedan acceder a beneficios que ya el ordenamiento reconoce en términos generales”, señaló Soto Aguilú.
Finalmente, el Proyecto del Senado 1227 propone crear la Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico. Esta medida establece una política pública dirigida a capacitar pescadores y personas vinculadas a la cadena de valor pesquera en áreas como manejo postcaptura, fileteo, empaque, conservación, inocuidad, trazabilidad, documentación, mercadeo, comercialización legal y valor añadido.
La senadora enfatizó que el valor económico de la pesca no termina cuando la embarcación llega al puerto. “Una pesca fuerte no depende únicamente de cuánto se captura, sino de cómo se maneja, cómo se conserva, cómo se documenta, cómo se procesa y cómo se lleva legalmente al mercado. Profesionalizar la cadena de valor pesquera significa reducir pérdidas, aumentar ingresos, abrir mercados y convertir el esfuerzo del pescador en mayor oportunidad económica”, afirmó.
Soto Aguilú sostuvo que este paquete legislativo reconoce la pesca como una actividad que combina conservación ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo económico, identidad cultural, turismo, actividad científica y sustento familiar.
“Estamos proponiendo una nueva arquitectura pública para la pesca en Puerto Rico. Este no es un paquete de medidas aisladas; es una agenda completa. El Código organiza la regulación. El Registro Unificado permite datos confiables para tomar mejores decisiones. La Carta de Derechos reconoce al pescador. La ley de villas pesqueras atiende la infraestructura. La enmienda al Código Municipal promueve el desarrollo económico local. La medida de Agricultor Bona Fide garantiza acceso justo a incentivos. Y la ley de capacitación profesionaliza la cadena de valor. Esa es la visión: atender el sector pesquero de manera completa, responsable y moderna”, concluyó.
