Durante los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó los Proyectos del Senado 993, 999 y 1034 de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidos a mejorar los servicios de salud, proteger derechos de los pacientes y reforzar las garantías laborales.
Por una parte, el Proyecto del Senado 993, busca crear la “Ley de Comités de Revisión de Ejecutoria Profesional y de Calidad en Instituciones Médico-Hospitalarias”. La medida establece mecanismos de confidencialidad para los procesos internos de evaluación y revisión de calidad en hospitales e instituciones de salud, con el objetivo de fomentar la identificación y corrección temprana de fallas, promover una cultura de seguridad clínica y mejorar los servicios médicos ofrecidos a los pacientes.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que se puede promover una cultura de seguridad en la prestación de servicios de salud protegiendo los documentos que se redacten con el propósito de mejorar procesos de calidad en las instituciones hospitalarias, oficinas médicas y otras instalaciones de salud”, cita el proyecto. La legislación incluye salvaguardas para garantizar el acceso de los pacientes a su expediente clínico y evitar que la confidencialidad sea utilizada para encubrir fraude o conducta criminal.
Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 999, para incorporar derechos específicos dirigidos a pacientes bariátricos mediante una enmienda a la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”. La medida requiere que establecimientos de alimentos ofrezcan opciones de porciones reducidas o menús adaptados a pacientes bariátricos, además de ordenar al Departamento de Salud la creación de una certificación oficial para esta población.
En su exposición de motivos, la pieza legislativa sostiene que con la enmienda se “integra explícitamente el derecho del paciente bariátrico a solicitar y adquirir porciones acordes a sus restricciones médicas, incluyendo menús infantiles o porciones equivalentes, mediante la presentación de evidencia simple de su condición (como tarjeta o certificación médica)”. Esta política pública reconoce además la prohibición de trato discriminatorio, humillante o desigual por razón de la condición bariátrica o del tamaño de porción requerida.
De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 1034, que enmienda la “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales” para permitir que trabajadores prevalecientes puedan recobrar las costas del litigio. El proyecto persigue fortalecer el acceso a la justicia para empleados que reclaman derechos laborales y reducir la carga económica que enfrentan durante procesos judiciales relacionados con salarios, despidos y otras controversias laborales.
La pieza legislativa sostiene que el negarle al trabajador tal recobro lo ubica en una posición precaria en comparación con los demás ciudadanos (personas individuales y empresas millonarias), que de ordinario tienen el derecho al recobro de las costas del litigio cuando son la parte victoriosa (aún en casos que no están revertidos de política pública como lo son las reclamaciones laborales).
“Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario brindarle este derecho a los trabajadores puertorriqueños permitiéndoles recobrar las costas de honorarios en caso de prevalecer en un litigio bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, añade la medida.
Igualmente, del líder senatorial se le dio paso al Proyecto del Senado 276, en concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. La medida enmienda la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a los fines de hacer disponible las facilidades del Hospital Industrial de Puerto Rico a todos los pacientes que requieran servicios médico-hospitalarios. El proyecto cita que con esta Ley “promovemos la transformación del Hospital Industrial como un recurso clave para la salud pública, optimizando su infraestructura y asegurando que todos los puertorriqueños tengan acceso a servicios de calidad”.
Confirmados nombramientos del Ejecutivo
De otra parte, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz, presentó un informe positivo a varias designaciones del Ejecutivo. De esta manera, el pleno del Senado confirmó al licenciado Luis Augusto Martínez Román como secretario del Departamento de la Vivienda.
Además, recibieron consejo y consentimiento del Alto Cuerpo para cargos en el Departamento de Justicia, el licenciado Omar A. Afanador Villanueva como Procurador de Asuntos de Familia; Gloryvee Berenguer García como Procuradora de Asuntos de Menores; el licenciado Néstor L. Márquez Rivera como Fiscal Auxiliar II y la licenciada Clarimar Marie Álvarez Carrasquillo como Fiscal Auxiliar I.
Aval a otras medidas legislativas
Por otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 1108 (A-111), medida de administración. El proyecto propone enmendar la “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico” para ampliar el acceso de la entidad a fondos y otorgarle mayor autonomía administrativa. El propósito es agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica en Puerto Rico.
El proyecto excluye a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de ciertas disposiciones relacionadas con la Administración de Servicios Generales. Según la medida, esto ayudaría a acelerar proyectos de construcción y mejoras de infraestructura. La propuesta busca fortalecer la capacidad operacional de la Autoridad y facilitar el desarrollo de obras consideradas prioritarias.
Además, del senador de mayoría Wilmer Reyes Berríos, recibió aval el Proyecto del Senado 1126. La medida propone enmendar la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de fortalecer el marco jurídico relacionado con la seguridad digital gubernamental. El proyecto incluye cambios dirigidos a reforzar la resiliencia tecnológica y la continuidad de los servicios esenciales.
La presente medida actualiza y fortalece el marco jurídico vigente y busca alinearlo con estándares contemporáneos. A su vez, integrar un enfoque de resiliencia digital basado en riesgo y criticidad, reforzar la gobernanza centralizada de la ciberseguridad y establecer obligaciones claras, proporcionales y fiscalizables para entidades públicas y privadas cuya operación incida sobre servicios esenciales e infraestructuras críticas.
Asimismo, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 89, de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La medida propone enmendar la Resolución Conjunta 73-2020, con el fin de procurar asistencia del Departamento de la Vivienda para que residentes del Sector Playita Ferry del municipio de Ponce puedan obtener títulos de propiedad sobre los terrenos que ocupan.
Igualmente, del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, se aprobó la Resolución del Senado 464, para que la Comisión de Salud investigue el impacto que tiene en la salud de las personas la utilización de la sustancia Phenibut. La resolución surge ante preocupaciones relacionadas con posibles efectos adversos, riesgos de dependencia y consecuencias para la salud pública vinculadas al consumo de esta sustancia. La investigación busca recopilar información científica y evaluar posibles vacíos regulatorios.
También, se aprobó la Resolución del Senado 474, de la vicepresidenta Marissita Jiménez Santoni. La medida ordena investigar la implementación y cumplimiento del Departamento de la Vivienda y de la Compañía de Turismo con las disposiciones de la “Ley de Alojamiento Temporero para los Residentes de Vieques y Culebra”. La investigación está dirigida a examinar el establecimiento y funcionamiento del programa de alojamiento temporero, la creación de reglamentos y los acuerdos interagenciales requeridos para poner en vigor la ley. También se evaluará si las agencias han cumplido con los términos establecidos para implantar el programa.
A su vez, se le dio paso a la Resolución del Senado 289 del portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. Mediante la medida se ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales investigar las interrupciones recurrentes en el servicio de agua potable en comunidades de San Juan, incluyendo Cupey, Santurce, El Señorial y Los Paseos, entre otras.
De igual forma, fue avalada la Resolución del Senado 336 de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez. La medida ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano realizar una investigación sobre las condiciones de las instituciones correccionales ubicadas en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, específicamente el Centro de Detención del Oeste y la Institución Correccional Guerrero. Esto con el fin de examinar los servicios que reciben los confinados, las condiciones físicas de dichas instituciones, así como el acceso a las visitas familiares.
Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 482 del senador de mayoría, Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La pieza legislativa ordena a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes investigar el uso, manejo, distribución y suficiencia de los fondos asignados al Programa de Educación Física del Departamento de Educación. De igual forma, la medida pretende determinar si los recursos asignados al programa están siendo utilizados adecuadamente y si las escuelas cuentan con los materiales, equipos y personal necesarios para ofrecer una educación física de calidad a los estudiantes.
