La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, que lidera el vicepresidente del Senado, Carmelo J. Ríos Santiago, celebró hoy una vista pública para evaluar un esfuerzo legislativo que busca eximir a los destinatarios y subdestinatarios del Programa Head Start/Early Head Start en Puerto Rico del requisito de solicitar una dispensa ante la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).
El senador Ríos Santiago advirtió que la discusión sobre la R. C. del S. 188 ocurre en un contexto más amplio. “Lo que vemos hoy con esta medida es apenas una parte del asunto. Mientras nosotros discutimos cómo agilizar un requisito de dispensa para servicios especializados, el gobierno federal evalúa una reforma que reduciría de un quince a un cinco por ciento el tope de costos administrativos del Programa Head Start, un cambio que podría poner en riesgo empleos en un programa que en Puerto Rico mueve sobre trescientos millones de dólares y genera cerca de diez mil empleos directos”, expresó el presidente de la Comisión.
La Resolución Conjunta del Senado 188, radicada por el senador José “Josian” Santiago Rivera buscaría eximir a estos Programas para contratar servicios profesionales especializados o participar en adiestramientos, seminarios, conferencias y demás actividades de desarrollo profesional vinculadas al cumplimiento de los requisitos federales del programa. “Lo que buscamos es simplificar los procesos, atacar la burocracia, que me parece que la política pública de este gobierno es precisamente eso; agilizar los procesos burocráticos”, explicó el autor de la medida.
Durante un turno, la senadora Roxanna Soto Aguilú señaló que este proceso de dispensa ha generado confusión, interpretaciones diversas y dilaciones operacionales incompatibles con el cumplimiento oportuno que exigen las regulaciones federales bajo el programa. “Conociendo que es una disposición reglamentaria, no estatutaria por disposición federal, este es un requisito que a nivel interno una agencia de gobierno determinó qué es lo que aplica. Claro que se debe derogar, mientras menos burocrático seamos mejor”, sentenció.
Sobre esto, el doctor Luis A. Matos González, consultor de Programas Head Start/Early Head Start, añadió que “si una actividad está directamente relacionada con el cumplimiento de un programa federal, los fondos están autorizados, continúan vigentes las normas fiscales, contractuales y de auditoría, y la actividad puede ser fiscalizada posteriormente, entonces debemos preguntarnos qué interés público adicional protegemos exigiendo una autorización administrativa previa adicional”. Del mismo modo, sentenció que no debería preservarse este procedimiento y favoreció la medida tal como está redactada.
Además de los senadores, la mayoría de las entidades que comparecieron defendieron la medida considerándola un esfuerzo positivo en el quehacer de sus funciones. El Programa Head Start/Early Head Start del Municipio Autónomo de Guaynabo, que atiende a 618 participantes del municipio, expresó su apoyo a través de su gerente de Recursos Humanos, Maribel Velázquez Rivera, al considerar que el trámite actual puede retrasar la capacitación obligatoria y la contratación de conocimiento especializado.
Sin embargo, Velázquez Rivera, explicó que la medida no elimina fiscalización, “elimina una autorización previa adicional que no sustituye controles y que puede duplicar revisiones ya exigidas por el marco federal y por los procedimientos internos de cada entidad”.
Por su parte, el Programa Head Start/Early Head Start del Municipio de Vega Baja, que además sirve a Vega Baja, Morovis y Trujillo Alto, también apoyó la medida por conducto de su directora, Waleska Rivera Coira, quien indicó que el programa tramitó unas 44 solicitudes de dispensa durante el año de servicios 2025-2026 y señaló que, en algunos casos, OATRH les ha respondido que no cuenta con personal especializado para evaluar ciertas capacitaciones propias de Head Start.
En la misma dirección se expresó la Asociación de Directores de Head Start y Early Head Start de Puerto Rico, presidida por el doctor Javier Omar Negrón Olivieri, también director ejecutivo del Programa Head Start del Municipio de Bayamón, quien recomendó favorablemente la medida en representación de los programas de la isla. “No proponemos sustituir controler por agilidad; proponemos que la agilidad y el control funcionen conjuntamente dentro de un marco claro de cumplimiento y rendición de cuentas”, indicó.
Finalmente, el presidente de PT Consulting Group, Inc., Miguel Pabón Toledo, firma que ofrece servicios de asesoría y capacitación a programas Head Start desde 2013, respaldó la medida a través de su presidente, Miguel Pabón Toledo, quien planteó que el trámite de dispensa se ha convertido en un proceso pro forma y propuso dos enmiendas técnicas: uniformar el alcance de las Secciones 1 y 4 de la medida, y reconocer en la Exposición de Motivos que, además de ACUDEN, varios municipios reciben fondos federales de Head Start de forma directa.
La única entidad que no recomendó la aprobación de la medida tal como está redactada fue la OATRH, la agencia que actualmente administra el proceso de dispensa. Su Oficial de Legislación y Reglamentación, Mytsi Junelly Acosta Vázquez, presentó datos según los cuales la Oficina recibió y aprobó 296 solicitudes de dispensa durante el año fiscal 2025-2026 y 22 adicionales en lo que va del año fiscal 2026-2027, sin solicitudes pendientes ni rechazadas en ninguno de los dos periodos, con un término de evaluación de entre tres y diez días. Con base en esos datos, Acosta Vázquezsostuvo que el expediente no sustenta que el trámite actual constituya una fuente de dilación operacional, y recomendó que la Comisión considere un procedimiento expedito con un término de respuesta definido, en lugar de eliminar por completo la evaluación de la Oficina.
“Consideramos que una exención permanente y general podría debilitar la uniformidad del sistema establecido por la Ley 8-2017. En atención a ello, recomendamos preservar la función de evaluación de la OATRH y adoptar mecanismos que agilicen el trámite sin renunciar a la revisión sobre la necesidad, conveniencia y uso responsable de los fondos públicos”, indicó Acosta Vázquez.
