El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, celebró una conferencia de prensa hoy lunes para presentar una iniciativa ante la gran necesidad de servicios de amas de llaves que en los 78 municipios de Puerto Rico. “Convocamos esta conferencia de prensa para hablarles de un servicio del que dependen miles de familias: el ama de llaves que llega cada día a la casa de una persona adulta mayor o de una persona con discapacidad. Son trabajadores y trabajadoras que cocinan, limpian, acompañan y ayudan en lo más básico a nuestros adultos mayores. Para muchos es lo que les permite seguir viviendo en su casa”. La medida es el Proyecto del Senado 1465.
Los datos objetivos señalan que Puerto Rico envejece más rápido que casi cualquier lugar del mundo. En el año 2022 se registraron 944,507 personas de 60 años o más, el equivalente al 28.9% de la población total del país. Según datos de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada ya se estima que más de 30% o 962,805 son personas adultas mayores. Según el Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, somos la cuarta jurisdicción del mundo con mayor proporción de personas de 60 años o más, y llegaremos al 35% en 2030.
“El 39% de estas personas vive bajo el nivel de pobreza, y el 44.3% reporta algún impedimento. Más de la mitad de ellos reside fuera de la zona metropolitana. La demanda va a seguir creciendo. Y la verdad es que todos sabemos lo frágil que es la manera en que el gobierno estatal presta hoy este servicio”, expuso el portavoz. Mientras, la senadora por el distrito de Ponce, Marilally Gonzálz Huertas, señaló que el Departamento de la Familia, a través de Administración de Familias y Niños (ADFAN), es la entidad gubernamental que contrata el servicio de ama de llaves con varios proveedores.
“Uno solo de esos contratos, con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), cubre 1,420 amas de llaves que atienden a 1,596 personas en todo el país. Ese contrato venció el 31 de agosto 2026 sin que hubiera uno nuevo y COSALL notificó a su personal una pausa en la prestación de servicios desde el 2 al 30 de septiembre de 2026. De un día para otro, cerca de 1,600 personas se quedaron sin quien las cuidara. Según documentos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, desde junio de 2025 ADFAN firmó un contrato y tres enmiendas con COSALL sin someterlos ante el mencionado ente de supervisión, como exige su política de contratos bajo PROMESA”.
Esas enmiendas aumentaron la cuantía del contrato de $1.5 millones a $21,029,400. El 11 de agosto de 2026 la Junta aprobó la última enmienda, pero realizó una serie de observaciones, y le exigió a ADFAN medidas correctivas. Entre estas: o un patrón recurrente de incumplimiento de la ADFAN con la Política de Revisión de Contratos, establecida bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA; o la Junta advirtió que su revisión no constituye un examen legal del proceso de contratación ni de su cumplimiento con las leyes de subasta. También aclaró que no ha realizado diligencia debida sobre las partes contratantes; o se reservó el derecho de modificar su determinación y señaló que podría referir información del asunto a las autoridades pertinentes. Aunque la carta no indicó que se haya hecho un referido ni identificó posibles violaciones de ley, pero dejó abierta esa posibilidad.
“Aún así, el nuevo contrato, con vigencia hasta junio de 2029, llegó a la Junta el 1 de septiembre, el mismo día en que debía comenzar, cuando la Junta requiere quince (15) días laborables de antelación. El servicio se restableció con un contrato provisional de un mes, por la cantidad de $1,584,000.00, que la Junta aprobó el 4 de septiembre de 2026 y el cual vence el 2 de octubre de 2026”, expuso González Huertas. Para la senadora Ada Álvarez Conde, “luego de esto, lo que siguió fue un intercambio de culpas. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, asegura que los procesos se hicieron a tiempo y que el 14 de agosto de 2026 sometió todo por la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Junta dijo que lo recibió el 1 de septiembre de 2026. El director de la OGP, Orlando Rivera Berríos, sostiene que la solicitud se hizo desde el 13 de julio de 2026. Mientras, la titular de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, afirmó que la aprobación le correspondía a la ASG y que Familia intentó contratar de forma directa sin facultad, por clasificar mal el servicio”.
Álvarez Conde añadió que tampoco había un acuerdo sobre el dinero. Fortaleza habló de $18 millones por dos años; según fue reseñado, la carta de la Junta menciona hasta $50.9 millones hasta el año 2029. Y la subasta de ese contrato está impugnada en los tribunales. La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Lydael Vega Otero, advirtió sobre los hogares donde un adulto mayor cuida a otro adulto mayor, esas familias no pueden esperar a que cuatro agencias se pongan de acuerdo
Ante esta realidad, el senador Josian Santiago Rivera presentó los detalles del Proyecto del Senado 1465, para atender el tema. “El pasado 15 de septiembre de 2026 radiqué el P. Del S. 1465, denominado “Ley de Compromiso Intergubernamental con los Servicios de Amas de Llaves y Apoyo en el Hogar a las Personas Adultas Mayores”. El objetivo es sencillo, que el dinero público para amas de llaves llegue a los 78 municipios mediante convenios o transferencias directas, en lugar de contratos del Gobierno central con entidades privadas. El cuidado no puede esperar: Nuestros mayores necesitan servicios, no incertidumbre. Como regla general, el municipio empleará directamente a las amas de llaves y solo podrá subcontratar si certifica que no consigue personal suficiente. Para recibir fondos, cada municipio presentará un plan de trabajo, designará un coordinador y certificará que cumple con las leyes de ética, de manejo de fondos públicos, así como de fondos federales cuando así sea”.
Los fondos se distribuirán con una fórmula objetiva que toma en cuenta la población adulta mayor de cada pueblo, los niveles de pobreza, la ruralía y la capacidad de ejecución, y el plan de distribución se publicará 60 días antes de cada año fiscal. El Departamento de la Familia dirigirá la implementación; la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada procurará que los fondos federales de la “Older Americans Act” también lleguen a los municipios; Oficina de Gerencia Presupuesto y el Departamento de Hacienda darán apoyo técnico. Mientras, el proceso de Fiscalización será de la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General, y cada 31 de octubre habrá un informe a la Legislatura. Los contratos vigentes se respetan hasta que venzan, y todo se hará dentro del Plan Fiscal.
“Además, los municipios de Puerto Rico administran, con sus propios recursos, comedores para personas de edad avanzada, rutas de transportación municipal y censos locales de envejecientes que ya requieren conocer, calle por calle, quién vive solo, quién necesita atención y quién ha dejado de asistir a los programas comunitarios. El incorporar el servicio de amas de llaves a esa infraestructura no exige levantar un aparato nuevo, sino aprovechar personal, vehículos y relaciones comunitarias que el municipio ya sostiene. El gobierno estatal, en cambio, gestiona el servicio a distancia, a través de un contrato central cuya interrupción, como ocurrió con COSALL, afecta simultáneamente a personas adultas mayores a nivel de todos los municipios de Puerto Rico, sin que ninguno de ellos tenga margen de acción propio para responder mientras se resuelve el trámite en San Juan”, añadió Santiago Rivera.
Por su parte, el expresidente José Luis Dalmau Santiago, añadió el sector relacionado a los municipios. “Hoy, casi 1,600 personas dependen de un solo contrato. Si ese contrato se detiene en San Juan, el servicio se detiene en Adjuntas y en Loíza al mismo tiempo. Con este proyecto habría 78 acuerdos independientes: si un municipio tiene un problema, los otros 77 siguen trabajando. El contacto más frecuente entre el personal municipal y sus residentes también incide directamente en la calidad de la atención. Un funcionario municipal que visita con regularidad el mismo sector detecta con mayor rapidez cuándo una persona adulta mayor deja de recibir el servicio, cambia de condición de salud o requiere una referencia adicional, algo más difícil de advertir cuando la relación de servicio pasa por un contrato administrado centralmente y fiscalizado a distancia. Por estas razones administrativas, operacionales y de calidad en la atención, la ejecución municipal de esta política pública resulta, medida frente a lo ocurrido hasta el presente, la alternativa con menor exposición a que un fallo puntual paralice el servicio para todo el país”.
La idea está probada en su efectividad. En el año 1973 el Congreso de los Estados Unidos de América enmendó la “Older Americans Act” para descentralizar dichos servicios y creó las Agencias de Área sobre el Envejecimiento, que hoy pasan de 600 en toda la nación norteamericana. “Además, los municipios están listos. Está la experiencia de cuando Departamento de la Familia abrió una convocatoria de $5.42 millones con fondos ARPA, solicitaron 52 de los 78 municipios y apenas tres entidades privadas. Incluso, ya muchos municipios invierten de sus presupuestos y recursos para cubrir lo que la asignación estatal no alcanza”, aseguró Dalmau.
Para Hernández Ortiz, la medida presentada por el compañero senador Josian Santiago es una alternativa viable y que está demostrada la capacidad de ejecución de los municipios para hacerlo de manera más efectiva, eficiente, directa, a un menor costo de lo que ordinariamente puede representarle al gobierno estatal que, a su vez, permite lograr impactar a más personas. El proceso de contratación independientemente del presupuesto asignado, hay unos cargos administrativos del contratado o un margen de ganancia por el servicio.
En manos de los municipios la totalidad de la cantidad asignada es garantizada a la prestación directa del servicio a la población de personas adultas mayores”.
Para finalizar, el portavoz Hernández Ortiz expresó que “nuestro llamado como Delegación es reiterar que el cuidado no puede esperar: nuestros mayores necesitan servicios, no incertidumbre. Y que se atienda el Proyecto del Senado 1465 del senador Santiago con prontitud mediante una invitación amplia para compartir sus impresiones sobre la legislación y el tema a todos los alcaldes de Puerto Rico y las organizaciones que agrupan a los municipios, así como las demás entidades gubernamentales a las cuales se les establecen responsabilidades directas e indirectas respecto a la legislación”.
