El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, denunció que la aprobación del Proyecto del Senado 1096, que establece una nueva Ley del Poder Judicial, representa un intento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de darle un golpe de Estado a la Constitución de Puerto Rico, al alterar el balance de poderes y debilitar las garantías que protegen la independencia de la Rama Judicial.
“Lo que ocurrió en la Cámara y el Senado es sumamente peligroso para nuestra democracia. La mayoría del PNP, en su afán de controlar las estructuras del Gobierno, pretende darle un golpe de Estado a nuestra Constitución. La Constitución no es un documento que se pueda acomodar a los caprichos políticos de una mayoría legislativa”, expresó Ferrer Santiago.
El portavoz popular sostuvo que la legislación trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas del Gobierno.
“No se puede separar la autoridad de la responsabilidad y pretender que eso representa una reforma responsable. La mayoría del PNP tiene que explicarle al país por qué insiste en aprobar una medida que levanta serias preocupaciones sobre la independencia y el funcionamiento de una de las ramas de nuestro Gobierno”, manifestó.
Del mismo modo, Ferrer Santiago cuestionó que la mayoría legislativa haya desatendido las advertencias presentadas por la Rama Judicial durante el proceso legislativo y planteó que, si el objetivo es modificar la distribución de responsabilidades establecida en la Constitución, debe respetarse el procedimiento constitucional correspondiente.
“Si el PNP entiende que es necesario cambiar la distribución de responsabilidades que establece nuestra Constitución, ¿por qué no sigue el proceso de enmienda constitucional y somete ese cambio a la consideración del pueblo? ¿Por qué pretende hacerlo mediante una ley ordinaria? Los votos legislativos no están por encima de la Constitución, y una mayoría política no tiene autoridad ilimitada para alterar las bases de nuestro sistema democrático”, sentenció.
Ferrer Santiago también emplazó a la gobernadora Jenniffer González Colón a ejercer su facultad constitucional de veto y detener la medida.
“La gobernadora tiene ante sí una decisión trascendental. Puede detener este atropello al orden constitucional o permitir que se convierta en ley una reforma que compromete el diseño constitucional de la administración judicial”, subrayó.
