Los miembros de la Policía de Puerto Rico tendrán acceso a un programa de orientación laboral, capacitación profesional, educación financiera y apoyo emocional desde doce meses antes de su retiro y hasta cinco años después de abandonar el servicio activo, como parte de una nueva legislación de la autoría del representante del Distrito 20, Emilio Carlo Acosta, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón durante su visita a Hormigueros el pasado viernes.
“Un policía puede retirarse del servicio activo, pero sus conocimientos, preparación y experiencia no se retiran con él. Estamos creando un mecanismo para que esos hombres y mujeres tengan la oportunidad de prepararse para una segunda carrera, conseguir empleo y recibir apoyo durante una etapa que muchas veces enfrentan sin las herramientas necesarias”, expresó Carlo Acosta.
La medida, contenida en el Proyecto de la Cámara 569, crea el Programa de Transición y Reintegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico, dirigido a atender los desafíos económicos, profesionales, sociales y emocionales que pueden enfrentar los agentes al finalizar su carrera en la uniformada.
Uno de los componentes principales de la legislación es que los policías no tendrán que esperar hasta su jubilación para comenzar a prepararse. Los agentes que se encuentren dentro de los doce meses previos a su salida formal podrán participar voluntariamente en el programa. La elegibilidad también se extenderá a quienes se encuentren dentro de los primeros cinco años posteriores a su retiro.
“El retiro no debe convertirse en una etapa de incertidumbre económica o emocional. Queremos que nuestros policías puedan planificar con tiempo, conocer sus alternativas de empleo y adquirir nuevas destrezas. Y para quienes ya se retiraron recientemente, esta ley también contempla una oportunidad de recibir orientación y apoyo”, indicó el Representante del Distrito 20 por los pueblos de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.
El programa contempla orientación para identificar nuevas oportunidades de trabajo, asistencia en la preparación de resumés, talleres de entrevistas y acceso a redes de empleadores interesados en contratar profesionales con experiencia policial.
También ofrecerá acceso a certificaciones y adiestramientos especializados en áreas como seguridad, gestión de riesgos, primeros auxilios, tecnología, educación y emprendimiento. Esto permitirá que los participantes puedan identificar y desarrollar destrezas transferibles al sector privado y a otras ocupaciones.
Asimismo, ofrecerá información sobre la educación financiera, mediante talleres sobre administración del ingreso después del retiro, planificación para la vejez, inversiones y protección del patrimonio familiar.
“Hay policías que terminan una carrera de décadas y todavía tienen la capacidad, la preparación y el deseo de continuar trabajando. Lo que muchas veces necesitan es orientación para identificar oportunidades y trasladar esa experiencia a otros campos. Esta legislación busca ofrecerles esas herramientas y facilitarles el camino”, sostuvo Carlo Acosta.
La nueva legislación también incorpora asistencia psicológica y emocional, incluyendo terapia individual y familiar, manejo del estrés y talleres de adaptación a la vida civil. Estos servicios serán coordinados principalmente por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
“Durante años, estos hombres y mujeres trabajan bajo presión, enfrentan emergencias y asumen responsabilidades enormes. Cuando termina esa rutina, el cambio puede ser significativo tanto para ellos como para sus familias. Por eso entendimos que esta ley tenía que ir más allá del empleo e incluir también la salud emocional y el bienestar familiar”, añadió el Legislador.
El programa estará adscrito a la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y ASSMCA. También, promoverá alianzas con universidades, centros de formación técnica, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.
La medida contempla un plazo de seis meses para implementar el programa y establece disposiciones presupuestarias para el año fiscal 2027-2028. La participación será voluntaria y los servicios estarán sujetos a su implementación y financiamiento. La legislación no garantiza empleo ni establece aumentos en las pensiones.
“Quienes dedicaron su vida a proteger al pueblo de Puerto Rico merecen contar con alternativas cuando concluya su servicio. Esta ley establece una ruta para que puedan recibir orientación, desarrollar nuevas destrezas y explorar oportunidades laborales. Ahora corresponde a las agencias responsables convertir estas disposiciones en servicios accesibles para nuestros policías retirados”, concluyó Carlo Acosta.
