Un proyecto de ley que busca designar el cuido prolongado para adultos mayores y adultos con discapacidad como un servicio esencial en Puerto Rico recibió amplio respaldo tanto del sector gubernamental, como de la industria de centros de atención a largo plazo.
La gerontóloga Minerva Gómez, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD), afirmó que estos servicios ya constituyen, en la práctica, un componente esencial del sistema de protección social del Estado.
Sin embargo, destacó que la aprobación del Proyecto de la Cámara 998, impulsado por la representante Estrella Martínez Soto, otorgaría fuerza jurídica y los instrumentos necesarios para sostenerlo durante declaraciones de estados de emergencia nacionales.
“La ausencia de este reconocimiento legal mantiene una contradicción normativa: se exige continuidad absoluta del servicio sin proveer las herramientas administrativas, presupuestarias y operacionales”, manifestó Gómez ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por Ricardo “Chino” Ocasio Ramos.
Para la líder gremial, la declaración de servicio esencial es “vital” para estabilizar la función del cuido prolongado en dinámicas cotidianas que no impliquen una emergencia nacional, como cuando ocurren averías en los servicios de energía eléctrica y agua potable.
También realizó un llamado al Departamento de Hacienda a priorizar el desembolso de las subvenciones que el Departamento de la Familia otorga a estos hogares para mejorar la capacidad de los servicios en momentos en que muchos de ellos enfrentan serios problemas fiscales como consecuencia de los impagos, según relató.
La especialista aseguró que algunas instituciones tienen deudas de hasta tres y cuatro años fiscales anteriores. Informó que, al 20 de febrero, Familia no había emitido los pagos correspondientes al mes de enero de 2026.
Gómez detalló que su asociación agrupa 646 facilidades de cuido prolongado y se estima que, a nivel isla, unos 28,000 adultos mayores y adultos con diversidad funcional residen en estas instituciones.
“Nosotros todavía no sabemos qué es lo que ocurre que estos pagos no salen. Hacienda debe establecer una prioridad a este servicio, pero solamente lo puede establecer si nosotros somos un servicio esencial”, indicó Gómez al opinar que, en este momento, el proceso de desembolso está más retrasado que en el período después del huracán María.
El representante Ocasio Ramos requirió al Departamento de la Familia (DF) la entrega en cinco días laborables de un informe sobre la cantidad adeudada a los centros y una explicación de los atrasos que, según la agencia, alcanzan una nómina de aproximadamente $10 millones mensuales.
El presidente de la comisión legislativa también acogió una petición del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz para considerar enmiendas a la medida que apliquen la declaración de servicio esencial de manera permanente.
“No debe ser meramente cuando haya un estado de emergencia. Que sea una vía rutinaria para que el servicio esencial sea los 365 días del año y no tengamos que esperar a que venga un María”, pronunció Ocasio Ramos.
Mientras tanto, DFexpresó su respaldo a la legislación, incluyendo las disposiciones que proponen brindar exenciones contributivas a los establecimientos de adultos mayores o con impedimentos.
“La avalamos y entendemos que es una medida de avanzada que va a ayudar a que el servicio de cuidado prolongado se fortalezca y tenga herramientas adicionales”, dijo la licenciada Nicole Báez, abogada de la agencia.
El Departamento de Salud y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) también endosaron la medida, aunque sugirieron utilizar un lenguaje centrado en la persona según las recomendaciones internacionales de organismos especializados en salud y derechos humanos.
“El reto demográfico que enfrenta Puerto Rico ante el cambio social de un envejecimiento poblacional acelerado amerita la transformación en la estructura de servicios”, puntualizó Yolanda Varela, Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
Durante la audiencia pública también participó el representante Roberto López Román y la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez.
