Diversas entidades públicas y profesionales de médicos reiteraron su respaldo a la propuesta que reactivaría la exención contributiva de 15 años para médicos cualificados en Puerto Rico, pero el posible incumplimiento fiscal de la medida continuó siendo el punto de indecisión dentro de la discusión legislativa.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) advirtió este martes que la legislación, que también fijaría una tasa preferencial de contribución sobre ingresos del 12 %, requiere un estudio más amplio para considerarse entre las iniciativas tributarias que formarán parte de la reforma contributiva de la presente administración.
En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, la agencia señaló que el Proyecto del Senado 15 tendría un impacto estimado en el Fondo General de $505.4 millones en los próximos cinco años, según un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).
“El análisis fiscal disponible refleja que un impacto fiscal para el Fondo General en los años fiscales proyectados, lo cual requiere una evaluación cuidadosa de consistencia con el Plan Fiscal certificado, el presupuesto balanceado y con el principio de neutralidad fiscal”, indicó el licenciado Luis Rivera, director de Asuntos Intergubernamentales de la AAFAF.
Como posible fuente de financiamiento, el presidente de la comisión legislativa sugirió reasignar los incentivos con menor producción local hacia los decretos de la clase médica y solicitó a la Oficina de Incentivos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), una lista de al menos cinco programas que pudieran redirigirse.
“Vemos que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar cómo incentivar a los médicos para que se queden aquí en Puerto Rico”, expresó el representante Franqui Atiles. “El incentivo funciona. Lo que tenemos que ver es que sea neutro, que es lo que nos pide la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió.
Mientras, el secretario de Salud insistió en que la medida es necesaria para atender la escasez y migración de profesionales médicos mediante un incentivo fiscal “razonable y sostenible”. “La medida equilibra la responsabilidad fiscal del Estado y el interés público de garantizar acceso adecuado a servicios de salud”, comentó Ramos.
Sin embargo, aseguró que la propuesta, por sí sola, no solucionará la crisis relacionada con la fuga de médicos, ya que requiere atender asuntos de licenciamiento, credencialización, así como los fondos de Medicare y Medicaid.
De igual forma, el doctor Roberto Pérez, presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, endosó el proyecto de ley al favorecer la estructura de incentivos que, a su juicio, está atada a la actividad clínica, participación institucional y continuidad de servicios.
“Esa visión es consistente con la función pública de la medicina y con la necesidad de que la política contributiva sirva como instrumento para mejorar acceso, capacidad instalada y disponibilidad real de recursos humanos en salud”, pronunció Pérez.
La medida también fue avalada por el doctor Christopher Alcalá, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, tras destacar la urgencia de retener a un grupo sustancial de nuevos ortopedas que completan sus residencias.
El galeno informó que la organización cuenta con 117 ortopedas activos que representan el 90 % de esta especialidad médica en Puerto Rico. De los ortopedas activos, indicó que la mayoría ejerce alguna de las subespecialidades, como cirugía reconstructiva, trauma, pediátrico, entre otras.
En una ponencia firmada por la rectora Myrna Quiñones, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico recomendó considerar una tasa contributiva de 4 % para la facultad de la Escuela de Medicina y Medicina Dental. Para la doctora, esta enmienda atendería la brecha competitiva con otras jurisdicciones y fortalecería directamente el sistema público de salud.
Por su parte, el DDEC favoreció la aprobación del proyecto de ley, pero mencionó la necesidad de identificar la fuente de financiamiento para los nuevos decretos.
El presidente de la comisión legislativa adelantó que espera rendir un informe positivo de la medida y recomendar su aprobación durante la presente sesión legislativa. Los representantes Ángel Morey Noble, Adriana Gutiérrez Colón, Roberto López Román y Lisie Burgos Muñiz también participaron de esta audiencia pública.
