El superintendente de la Policía, Joseph González, rechazó la aprobación de una legislación que propone imponer el elemento de domicilio en la asignación inicial de los agentes egresados de la academia de la Uniformada.
Aunque compartió la intención de optimizar los recursos, el jefe policiaco aseguró que la imposición de criterios de adscripción podría limitar la flexibilidad requerida para asignar el personal conforme a las necesidades operacionales del servicio.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes evaluó este jueves el Proyecto de la Cámara 1141, impulsado por los representantes Félix Pachecho Burgos, Ensol Rodríguez Torres y Ramón Torres Cruz, como una medida estratégica para retener a los uniformados y reducir gastos logísticos.
“Reconocemos que, en algunos casos, un traslado puede resultar incómodo o percibirse como injusto. No obstante, la institución procura que estos procesos se realicen con equidad, garantizando un balance justo mientras se asegura la prestación efectiva del servicio público”, indicó González en un memorial explicativo.
Según el representante Rodríguez Torres, policía de profesión, cada vez son más los agentes estatales que deciden mudarse a los cuerpos de la Policía Municipal como resultado de las largas distancias diarias que efectúan para llegar desde sus residencias hasta las comandancias a las que están adscritos.
Para los proponentes de la medida, esta situación genera una carga adicional para los uniformados que puede afectar su calidad de vida y desempeño operativo.
“Lo que es el gasto entre gasolina, peaje, comida, además de que tenemos que estar pagándole el desayuno, el almuerzo y la cena al detenido, cuando tú vienes restando ese dinero, que es para ir a trabajar… lamentablemente, ser policía hoy día no es costo efectivo”, manifestó Rodríguez Torres.
Sin embargo, el licenciado José Rodríguez, abogado de la Policía, reiteró que la redistribución de nuevos agentes no es arbitraria, sino un proceso diseñado para ubicar el persona en las áreas de mayor necesidad. Explicó que, inicialmente, los agentes egresados de la academia son asignados a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC), donde pasan por un proceso de mentoría para adquirir experiencia práctica supervisada.
Posteriormente, se integran a un sistema de redistribución que, según indicó el deponente, también atiende los traslados pendientes del personal existente y se establece una repartición porcentual del personal hacia otras superintendencias.
Rodríguez también afirmó que la agencia informa semanal y mensualmente al Monitor de la Reforma de Policía sobre los traslados realizados, lo que sugiere que el proceso es “altamente fiscalizado y transparente”. El licenciado negó, a preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, que la jefatura de la Policía traslade agentes a regiones lejanas como penalización.
Mientras tanto, Rodríguez informó que la Uniformada analiza la posibilidad de implementar convocatorias regionales con el propósito de que los agentes, una vez se gradúen de la academia, permanezcan asignados a esas áreas policiacas.
“Antes de poner en marcha esta iniciativa, es necesario asegurar que las unidades críticas reciban los recursos necesarios, de manera que puedan alcanzar niveles adecuados de personal y operación. Esto permite que la medida se implemente de forma responsable”, comentó.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se excusó de la vista pública, pero opinó en una ponencia escrita que la aprobación de la medida ayudaría a maximizar los recursos dentro del presupuesto de la Policía, que para el año fiscal 2025-2026 ascendió a un aproximado de $884 millones.
A esta audiencia pública asistieron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Lissie Burgos Muñiz.
