Organizaciones ambientales y grupos comunitarios se manifestaron este miércoles en el Capitolio en oposición al Proyecto de la Cámara 25 (PC 25), medida que busca reducir el espacio de uso público y limitar el acceso a las playas de Puerto Rico.
La manifestación comenzó desde horas de la mañana, previo a la vista pública del proyecto en el Senado, donde los grupos denunciaron que la medida pretende reducir la Zona Marítimo Terrestre, flexibilizar protecciones históricas del litoral y abrir espacio a intereses económicos privados a costa del patrimonio natural del país.
“Este proyecto no solo redefine la Zona Marítimo Terrestre desde una perspectiva técnica, sino que también altera la manera en que se toman decisiones sobre el litoral de Puerto Rico. Al cambiar los criterios de delimitación y flexibilizar protecciones existentes, se está reconfigurando quién decide sobre un bien público que pertenece a todo el pueblo, con impactos directos en los 44 municipios costeros del país. Esto incluye efectos en la economía pesquera y en actividades tradicionales que dependen de ecosistemas costeros saludables, como los manglares y las zonas de transición, cuya degradación reduce la productividad de la pesca artesanal y afecta la sostenibilidad de comunidades que históricamente han vivido del mar. Por eso, esto no puede evaluarse como un asunto meramente administrativo, sino como una decisión de alto impacto público que requiere mayor transparencia, rigor científico y participación real de las comunidades costeras antes de cualquier aprobación legislativa”, expresó Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Vázquez insistió en que se está empujando una medida que favorece a grandes intereses económicos, sectores de la construcción y quienes buscan convertir la costa en un privilegio y no en un bien común.
“Intentan usar las playas de Puerto Rico como moneda de cambio para beneficiar a allegados del poder político y económico”, señaló.
Durante la actividad, las organizaciones también sostuvieron que el proyecto fragmenta el concepto del dominio público marítimo-terrestre al excluir expresamente los manglares, debilitar la integración jurídica de las playas como parte de la ribera del mar y alterar la visión del litoral como un ecosistema continuo.
Los grupos denunciaron que el PC 25 incide directamente sobre el procedimiento de deslinde marítimo terrestre al eliminar y reducir criterios que hoy permiten una evaluación más integral del litoral. Además señalaron que la medida limitaría la capacidad técnica para determinar la Zona Marítimo Terrestre y abrirá la puerta a cambios reglamentarios que flexibilizarían los estándares de protección existentes.
“Un deslinde menos riguroso significa una costa más vulnerable, más expuesta al abuso y más frágil frente a las presiones del desarrollo. Este proyecto no fortalece la planificación; la debilita. No protege el bien común; lo encoge. No responde a la crisis climática; la ignora”, añadió Gabriela Vélez Agosto portavoz de Amigxs del M.A.R.
Además alertaron que la medida tiene implicaciones ambientales, sociales, culturales y económicas profundas. Entre ellas mencionaron la pérdida de protección para ecosistemas costeros críticos como manglares, dunas y humedales; una mayor exposición de comunidades costeras a inundaciones, marejadas y erosión; la reducción del acceso público a la costa; y daños a actividades tradicionales y económicas como la pesca artesanal.
“El proyecto propuesto atenta contra nuestras prácticas sociales, valores culturales y dinámicas económicas las cuales dependen de la conservación e integridad de la Zona Marítimo Terrestre. Los impactos negativos del PC 25 podrían inclusive destruir ecosistemas de alta sensibilidad y yacimientos arqueológicos únicos de la zona noroeste.” expresó Suzette Quirós, portavoz del grupo comunitario Salvemos a Playuela.
Según plantearon, el proyecto parte de una visión reducida y artificial de la costa, tratándola como una línea fija, cuando en realidad se trata de un sistema dinámico afectado por la erosión, la sedimentación, el aumento en el nivel del mar y la intensificación de eventos atmosféricos extremos como lo fue el huracán María.
“Nos preocupa grandemente que se proponga limitar el uso público de las playas y se excluya la vegetación como parte de la Zona Marítimo Terrestre. Insistimos en que el PC 25 representa un retroceso serio en la manera en que nuestro gobierno debería proteger el litoral ante la crisis climática”, indicó.
Asimismo, expertos legales han advertido que el cambio en la definición de la Zona Marítimo Terrestre podría tener efectos significativos sobre la titularidad de terrenos costeros. “Al adoptar el Mean High Watercomo criterio rector, se abre la puerta a una transferencia sustancial de áreas que hoy son públicas hacia manos privadas, lo que representa un cambio profundo en el manejo de nuestros bienes comunes”, señaló el licenciado Pedro Saadé. Añadió que este tipo de redefinición, además de ser técnicamente inapropiada para Puerto Rico, podría agravar desigualdades en el acceso y disfrute de las playas.
Las organizaciones también cuestionaron el trámite legislativo de la medida y denunciaron que no existió un proceso suficientemente amplio, participativo y robusto para evaluar la misma.
“Muchos grupos comunitarios y personas en su carácter individual solicitaron turno para deponer en la vista pública, sin embargo no fueron citados. La magnitud del impacto de este proyecto sobre nuestros bienes públicos y ecosistemas costeros requiere múltiples días de vista pública para garantizar una amplia participación ciudadana. Esta medida impactará a todo Puerto Rico, y es crucial que todos podamos expresarnos”, enfatizó.
Reiteraron la urgencia de derogar el PC 25 y validar una definición de la zona marítimo terrestre que esté basada en criterios científicos, conocimientos de las comunidades costeras y las recomendaciones de las organizaciones ambientales.
“La defensa de las playas no es un asunto aislado, sino una lucha por la justicia ambiental, por la protección de nuestros ecosistemas, la seguridad de nuestras comunidades costeras, por la economía local y por el derecho del pueblo a conservar y disfrutar el patrimonio que nos pertenece a todos”, concluyeron.
