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Comisión senatorial evalúa cumplimiento en ley de facturación ante interrupciones en el servicio de agua

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Ante las recientes interrupciones en el servicio de agua, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor que preside el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, celebró una vista pública para atender la Resolución del Senado 543, que ordena realizar un estudio sobre el cumplimiento de la Ley 143-2018, conocida como la “Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia”.

“Sabemos el reto enorme que tienen ustedes ante la emergencia y para eso estamos aquí, para ser la voz de ustedes y llevar ese mensaje, el reclamo, y que sea un servicio de calidad y continuo”, expresó Sánchez, autor de la medida, a los ciudadanos presentes al inicio de la audiencia incluyendo titulares y administradores de condominio que han enfrentado problemas con el servicio de agua.

Durante la audiencia pública, la Comisión recibió el insumo de agencias y entidades convocadas con el propósito de examinar si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está cumpliendo con las disposiciones de la Ley 143-2018. La medida también busca evaluar los señalamientos relacionados con posibles cargos facturados a abonados que no recibieron el servicio de agua de manera continua, así como denuncias de que, en algunos sectores abastecidos mediante camiones cisterna durante la emergencia, el flujo del agua hacia las cisternas pudiera activar los contadores de consumo.

Participaron como deponentes Edna Borges Rivera y William Thomson en representación de AAA. Borges mencionó que la Autoridad se encuentra “identificando y evaluando los sectores perjudicados por la interrupción de servicios para ser debidamente atendidos con nuestros procesos”.

A su vez, detalló que Ley 143-2018 establece que al haber interrupción prolongada de un servicio público esencial por un periodo mayor de 24 horas como resultado de averías provocadas por el paso de un fenómeno atmosférico y cualquier otra situación de emergencia que haya sido decretada por el Gobernador mediante Orden Ejecutiva y afecte la prestación de un servicio público esencial, procede que la Autoridad ajuste las facturas correspondientes a dicho periodo.

“Una vez recibida la factura, los clientes tienen derecho a presentar objeción de facturas según establecido en la Ley 33-1985. Las disposiciones de la Ley Núm. 33 actualmente, le garantizan al abonado que en lo que se llevan a cabo los procedimientos y se dilucida su objeción, el servicio no podrá ser suspendido”, explicó la deponente.

Por su parte, Sánchez solicitó a la AAA que en cinco días laborables provean un listado de los condominios a los que brindan servicio en todo Puerto Rico. El senador recordó que un empleado de la AAA le negó la información anteriormente y hoy lo está requiriendo como presidente de la comisión. “Como presidente de la comisión, solicito y les quiero, de forma inequívoca, esa lista porque yo necesito saber a quiénes se les está dando servicio y quiénes no se está dando servicio. Ningún empleado público le puede restringir al Senado la función de trabajar y de verificar que todo el servicio se está dando con puntualidad en todo Puerto Rico”, sostuvo Sánchez.

Sánchez recordó que durante la Comisión Total celebrada el pasado mes de junio, el presidente ejecutivo de la AAA se comprometió ante el Senado a corregir el problema de facturación que afecta a numerosos condominios.

Igualmente, el senador explicó que, cuando los condominios reciben agua mediante camiones cisterna para llenar sus tanques, el paso del agua por las tuberías activa los contadores de la AAA, provocando que se facture como si el servicio hubiera sido suministrado por la corporación pública, cuando en realidad los residentes tuvieron que costear el suministro privado. Señaló que esta situación resulta especialmente grave porque el agua es indispensable tanto para el consumo de los residentes como para el funcionamiento de sistemas esenciales de los edificios, como los aires acondicionados centrales, y lamentó que, pese al compromiso asumido por la AAA, continúan registrándose casos de facturación que considera improcedentes.

A su vez, el presidente de la comisión preguntó qué esta haciendo la Autoridad para corregir esas facturas de los constituyentes. Borges explicó que la facturación se realiza mediante la lectura de los contadores, por lo que el agua suplida por camiones cisterna también queda registrada al pasar por el sistema del edificio. No obstante, aseguró que la Autoridad ya está evaluando los casos de los abonados afectados y realizará ajustes por deficiencias en el servicio, incluso en sectores que no estuvieron incluidos en la declaración oficial de emergencia. Indicó que dichos créditos se otorgarán una vez las áreas operacionales certifiquen los sectores y el tiempo que permanecieron sin servicio, lo que permitirá recalcular las facturas y corregir los cargos correspondientes.

 

En un turno, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cuál es la posición oficial de la Autoridad sobre la Ley en discusión. Borges explicó que “el ajuste por servicio deficiente a pesar de que sí tenemos que hacerlo por una declaración de emergencia, el procedimiento nos otorga el poder hacerlo como servicio deficiente, no importa que las personas no tuvieran lo de la emergencia está dentro del procedimiento y nosotros normalmente lo trabajamos”.

La deponente añadió que “actualmente todavía no hemos trabajado lo que es los ajustes porque estábamos esperando la mayor normalización porque sabemos que hay zonas que tienen el problema todavía. Para entonces ser más justos y más claros con los días que le vamos a dar… Todo esto lo certifica el área operacional, que son los que cumplen el servicio y nos va a indicar los días. Nosotros hacemos los cálculos y actualmente estamos recibiendo la información para hacer los ajustes”. Asimismo, la deponente señaló que esperan que a partir de agosto puedan procesar los ajustes.

Por su parte, la senadora Nitza Moran Trinidad, dijo estar preocupada por lo recibido en la vista y lo que dice la Ley pero no se hace. La senadora hizo referencia al formulario y que el mismo no se está haciendo, por lo que preguntó cuál es el procedimiento. Borges mencionó que cuando los clientes van a hacer un reclamo tienen varias opciones. Indicó que “van a las oficinas, se le genera una orden de servicio, y para hacer esa orden se trabaja toda la reclamación. Puede llamar al centro telefónico, enviar algún comunicado o acercarse a alguna de nuestras facilidades”.

También, se presentaron a deponer Rolando Meléndez y Maricarmen Rivera en representación de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN). El deponente mencionó que desde el año 2017, tienen el Programa de Acción Inmediata para la Sostenibilidad de los Servicios Básicos Esenciales (PAISSBE). Este programa atiende y da seguimiento a situaciones relacionadas con interrupciones, deficiencias y afectaciones en la prestación de los servicios básicos esenciales, como el agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones.

“El PAISSBE atiende de manera continua casos relacionados con interrupciones, averías, trabajos de reparación, situaciones operacionales, daños a la infraestructura, bajas presiones, interrupciones prolongadas y otras circunstancias que impactan la prestación del servicio recibido por la ciudadanía. Estas gestiones permiten identificar patrones recurrentes que afectan la continuidad, confiabilidad y calidad de los servicios básicos esenciales, aún en ausencia de una declaración oficial de emergencia”, dijo Meléndez.

Asimismo, el deponente expresó que los abonados de la AAA cuentan con alternativas para reclamar ajustes en la facturación relacionados con las situaciones presentadas por la medida de referencia. “La AAA también está facultada reglamentariamente para hacerlo por su cuenta. El PAISSBE en ocasiones ha rendido ejemplos de lenguaje de cartas a los abonados, con su justificación reglamentaria, para que sean estos los que reclamen dichos derechos directamente a la AAA”.

Sánchez preguntó qué servicio, orientación o campaña educativa le han dado a los titulares y administradores de los edificios en todo el litoral metropolitano. Meléndez sobre la campaña educativa lamentó que por años, la oficina ha recibido una asignación presupuestaria mínima a esos fines que ronda los $20 mil anuales. Indicó que han acudido a medios de comunicación regional y visita a los alcaldes.

Deponen residentes afectados

 

Por otra parte, participaron de la vista varios residentes afectados por la falta de servicio de agua y que reclamaron el ajuste en la factura. Entre los deponentes, dijo presente Ana Valdrés Molini de 77 años, titular del condominio Los Pinos en Carolina y quien cuida de un encamado. Habló sobre la falta del servicio desde el 30 de mayo hasta el 11 de junio del presente año. “Esto se trata de la protección de un derecho a la dignidad del ser humano y al bienestar público”, reclamó la deponente. Además, indicó que el proceso de reclamación es burocrático y “el reglamento no está atemperado a la Ley de Condominio”.

También, se presentó Ignacio Veloz, administrador de varios condominios en el área de Isla Verde en Carolina. El deponente mencionó que hay condominios que han gastado sobre $50 mil de los fondos de reserva para atender la situación. “En el pasado estuvimos sin agua y la Autoridad no trabajó el crédito”, dijo. Añadió que algunos condominios estuvieron en racionamiento, pero otros no tenían los recursos para llenar las cisternas y se quedaron sin agua.

De igual forma, se presentó Marcos Rosado, administrador de tres condominios en el área Isla Verde en Carolina. El deponente dijo que “muchas personas no comprenden la magnitud del problema”. Asimismo, detalló que en los tres edificios hay 532 apartamentos con casi dos mil personas y al presente se han gastado $82 mil para atender la emergencia. Además, Andrés Álvarez, administrador de propiedades en el área de Isla Verde mencionó varios casos de sobre facturas de Acueductos en los apartamentos. Señaló que facturas de $50 subieron a sobre $800 y sin el servicio de agua.

Por su parte, el senador expresó que “no se está viendo la magnitud de esta situación y esto es mucho más que no llegar el agua. Aquí hay unos gastos que han incurrido ustedes, unas figuras importantes que tienen que sumarse aquí a resolver esta situación”.

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