Portavoces de la población de adultos mayores instaron este miércoles a la Cámara de Representantes a implementar políticas públicas relacionadas con el aprendizaje continuo, o “lifelong learning”, dirigidas a promover la permanencia de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo ante las nuevas necesidades del mercado laboral puertorriqueño.
“En una isla que envejece, con emigración juvenil sostenida y sin suficiente relevo generacional, el aprendizaje de por vida es la inversión más estratégica que puede hacer el país para mantener su productividad, sostenibilidad económica y dignidad laboral de su población”, afirmó José Acarón, director de AARP Puerto Rico.
En una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, el jefe estatal de AARP señaló que el ahorro para el retiro es inaccesible para una proporción significativa de la fuerza laboral madura, según revelan estudios realizados por la propia organización.
Acarón aseguró que la realidad económica de Puerto Rico obliga a muchos adultos mayores a continuar trabajando para complementar sus ingresos y que un número considerable de ellos no puede planificar su retiro porque apoyan económicamente a sus familias.
El portavoz indicó que el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya cuenta con la plataforma Aprendizaje para Toda la Vida, que ofrece adiestramientos y certificaciones de desarrollo profesional en línea, pero abogó para que el modelo se fortalezca y se inserte a una política pública.
“Un retiro prematuro o forzado, sin la planificación financiera adecuada, no es un regalo ni una recompensa. Es una transición hacia la pobreza y la inseguridad económica”, advirtió Acarón, mientras recordó que el promedio de vida en Puerto Rico ha aumentado y, con ello, la expectativa de vida productiva.
La ponencia de AARP se alineó con el testimonio de Blanca Rivera Nieves, una psicóloga industrial que experimentó una jubilación forzosa a sus 53 años cuando la posición que ocupó por más de dos décadas fue eliminada después de una consolidación corporativa.
Rivera Nieves, hoy de 66 años, alegó en su ponencia escrita que los intentos de conseguir un nuevo empleo resultaron infructuosos y por años enfrentó discriminación por edad en la búsqueda de otros trabajos.
Añadió que sus ahorros se agotaron luego de que sus gastos en la última década sobrepasaron $250,000 en cobertura de salud personal, costos del hogar y educación para su hija.
“Esto no es teoría: es mi realidad. Y es la realidad de miles de puertorriqueños que quieren trabajar, pueden trabajar y están siendo rechazados por prejuicio, no por incapacidad”, manifestó Rivera Nieves al mencionar que, actualmente, mantiene dos empleos.
La audiencia pública surgió en atención a la Resolución de la Cámara 706, que inició una investigación sobre el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral y posibles acomodos razonables para el nuevo perfil de trabajadores.
La medida fue radicada por petición de AARP Puerto Rico bajo la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al representante Ocasio Ramos.
“Resulta necesario brindar herramientas y recursos a la fuerza laboral y empresarial madura para que pueda mantenerse actualizada, activa y efectiva a lo largo de su trayectoria en el campo de trabajo”, reza la legislación.
Por su parte, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela, respaldó en un memorial explicativo la creación de legislación encaminada a garantizar la accesibilidad y continuidad laboral del adulto mayor.
La licenciada Janice Maymí, directora de Asuntos Legales de la agencia, abogó por la creación de guías de acomodo razonable por edad para patronos y programas de mentoría para transferencia de conocimiento.
Mientras, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, expresó a través de una ponencia escrita que favorece los acomodos propuestos y recomendó la evaluación de incentivos para que patronos establezcan programas de mentoría bidireccional.
La titular también recomendó que las iniciativas sean coordinadas con programas gubernamentales que puedan orientar al adulto mayor, antes de aceptar empleo, sobre cómo sus ingresos podrían interactuar con beneficios gubernamentales sujetos a criterios económicos.
“El envejecimiento poblacional no debe analizarse exclusivamente como un reto fiscal o de prestación de servicios. También representa una oportunidad para conservar capital humano, conocimiento especializado, experiencia institucional y capacidad productiva”, opinó Roig.
Por su parte, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) comentó en una ponencia escrita que el marco legal de la agencia y el ordenamiento vigente reconocen mecanismos que permiten emplear a personas pensionadas mediante servicios profesionales que no constituyen un empleo regular.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) también detalló en un memorial explicativo los diversos programas e iniciativas que implementa para impulsar la reinserción o continuidad de adultos mayor en el campo laboral.
Entre ellos, el Programa para el Empleo Prioritario de Gerontos dirigido a adultos mayores que no han cotizado los créditos mínimos para poder tener derecho a una pensión de seguro social.
En la audiencia pública también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y José “Cheito” Hernández Concepción.
