La senadora Wandy Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, presentó dos medidas legislativas relacionadas con el manejo de casos de explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos.
Los Proyectos del Senado 1477 y 1478 buscan atender asuntos identificados durante una investigación legislativa, entre ellos la coordinación entre las agencias que reciben referidos y el riesgo de que los fondos de una posible víctima sean retirados o transferidos antes de la intervención de las autoridades.
Las medidas surgen tras los trabajos realizados al amparo de la Resolución del Senado 75, que incluyeron vistas públicas, reuniones con agencias gubernamentales y representantes de instituciones financieras, así como una mesa redonda multisectorial. Durante las vistas, el Departamento de la Familia informó que en el año fiscal 2025 se registraron 911 referidos por explotación financiera, frente a ocho reportados en 2010.
El P. del S. 1477 establecería la “Ley del Sistema Uniforme de Casos de Explotación Financiera”, mediante la creación de un número único para cada caso y un registro interagencial. El sistema permitiría identificar las entidades que intervienen, conocer el estado de los referidos y documentar las acciones realizadas.
Según la propuesta, el mecanismo está dirigido a reducir la duplicidad de entrevistas, requerimientos e investigaciones, facilitar los referidos entre las agencias, preservar evidencia y generar estadísticas uniformes sobre la respuesta gubernamental.
La medida asignaría a PRITS el desarrollo y la administración tecnológica del sistema, mientras cada agencia conservaría las facultades que le corresponden bajo la ley. El mecanismo no sustituiría la Línea Dorada ni los procedimientos existentes para presentar querellas, sino que funcionaría como una herramienta de coordinación y seguimiento.
Por su parte, el P. del S. 1478 propone modificar el periodo durante el cual podría mantenerse provisionalmente retenido un desembolso cuando exista conocimiento o sospecha razonable de explotación financiera.
La medida aumentaría de 15 a un máximo de 30 días calendario el periodo inicial de retención. La agencia que atienda el caso podría solicitar, por escrito y con justificación, una extensión adicional de hasta 30 días.
Cualquier retención que exceda un total de 60 días requeriría una orden judicial. La propuesta también dispone que los titulares de las cuentas podrían acudir en cualquier momento al Tribunal de Primera Instancia para solicitar la revisión de la necesidad, alcance o duración de la retención.
La investigación legislativa contó con la participación del Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico, entre otras entidades. Durante los trabajos se identificaron asuntos relacionados con los recursos disponibles, la confidencialidad, la comunicación interagencial, la educación pública y la coordinación en el manejo de los referidos.
Como parte del proceso, en marzo de 2026 Soto Tolentino convocó una mesa redonda multisectorial en la que participaron la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Dra. Yolanda Varela; la Asociación de Bancos de Puerto Rico; AARP Puerto Rico; representantes de instituciones de cuidado prolongado; funcionarios de los departamentos de la Familia y Justicia y de la Policía de Puerto Rico; y representantes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Soto Tolentino señaló que la explotación financiera puede ocurrir dentro del círculo de confianza de las víctimas e involucrar a familiares, cuidadores o personas allegadas.
“Detrás de cada caso de explotación financiera puede haber un adulto mayor que perdió los ahorros de toda una vida, su pensión o el dinero que necesita para sus medicamentos, alimentos o vivienda”, sostuvo la senadora.
La legisladora indicó además que los trabajos realizados permitieron identificar deficiencias en el manejo de estos casos y desarrollar propuestas relacionadas con la coordinación entre las agencias y los tiempos de intervención.
“No podemos permitir que una víctima tenga que contar la misma historia una y otra vez mientras su caso pasa de una agencia a otra, ni que la burocracia le dé tiempo a un explotador sin escrúpulos a desaparecer el dinero”, afirmó Soto Tolentino.
