El Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS) presentó una investigación cualitativa que revela los desafíos estructurales que enfrentan los pequeños y medianos agricultores en Puerto Rico e insta a las agencias públicas a actuar en beneficio del desarrollo agrícola sostenible.
SAN JUAN, 15 DE MAYO – El Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), el primero de su tipo en Puerto Rico, divulgó ayer los hallazgos de una investigación cualitativa sobre los retos sistémicos y estructurales que enfrentan los pequeños y medianos agricultores de Puerto Rico en el acceso a tierras cultivables. El informe analiza la situación actual y concluye con llamados a la acción desde un enfoque integral para promover la sostenibilidad agrícola abordando la crisis climática como parte esencial del desarrollo de Puerto Rico.
La investigación socio-jurídica, titulada “Acceso a tierras agrícolas: política pública actual y experiencias”, señala el alto nivel de discreción en los procesos de arrendamiento, financiamiento y venta de terrenos de parte de las distintas agencias e instituciones encargadas, tanto públicas como privadas, como uno de los principales desafíos que enfrentan los agricultores a pequeña escala para acceder a las tierras agrícolas y garantizar la permanencia de sus proyectos en las tierras que cultivan. Este nivel de discreción podría aplicarse en favor del desarrollo de la agricultura sostenible en términos ecológicos y económicos. Sin embargo, se convierte en una barrera.
De la evaluación y análisis de las leyes y reglamentaciones regentes, se desprende que no hay nada que le impida a estos organismos actuar en beneficio de los pequeños y medianos agricultores acoplándose a sus necesidades particulares. Por ejemplo, las agencias estudiadas pueden ajustar los cánones de arrendamiento y tiempos de repago a la realidad de los proyectos a pequeña escala, invertir en infraestructura básica, arrendar a grupos de productores y financiar la compra colectiva de tierras.
Entre las entidades estudiadas figuran los programas de arrendamiento de tierras de la Autoridad de Tierras – adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto Rico – y la Administración de Terrenos – adscrita al Departamento de Desarrollo Económico -, así como los programas de financiamiento de Farm Service Agency del Departamento de Agricultura de los EE.UU., Puerto Rico Farm Credit y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.
“La razón de ser de la mayoría de las instituciones estudiadas es apoyar el desarrollo de la agricultura y garantizar el mejor uso de los terrenos disponibles. Esta investigación revela que las instituciones pueden hacer muchísimo más, hoy. Hacemos un llamado urgente a los servidores públicos y a las instituciones que financian la agricultura local a apoyar a quienes están comprometidos a crecer la soberanía alimentaria de Puerto Rico, incluyendo a quienes lo hacen cuidando la naturaleza de la que somos parte”, expresó Mariolga Reyes Cruz, directora ejecutiva del FiTiCAS, quien presentó dichos hallazgos ayer durante un cine-foro organizado por el FiTiCAS en el Edificio de Medicina Tropical del Distrito Capitolino, para presentar el documental “Serán las dueñas de la tierra”.
El informe destaca la dificultad de los agricultores sin capital para acceder a tierras públicas cultivables, particularmente debido a la preferencia por la agricultura industrial a gran escala y el monocultivo por parte de las agencias gubernamentales. La situación se complica aún más para los proyectos agroecológicos, que proponen métodos alternativos de agricultura sostenible a escalas más pequeñas, aún cuando sus prácticas están avaladas internacionalmente para alcanzar la sostenibilidad alimentaria y mitigar el cambio climático. Esta realidad se ve reflejada, por ejemplo, en el tamaño y las condiciones de las fincas públicas disponibles.
Las fincas disponibles bajo la Autoridad de Tierras tienen un tamaño que varía entre 50 y 500 cuerdas, mientras que los agricultores agroecológicos, por ejemplo, trabajan con alrededor de 5 a 10 cuerdas según datos del Instituto para la Investigación y Acción en Agroecología. A su vez, estas tierras públicas no cuentan con las condiciones e infraestructura básica necesaria para el desarrollo agrícola.
Los agricultores entrevistados en la investigación señalaron que quienes pueden acceder a fincas de dicha agencia son agricultores “más grandes” con la capacidad económica y operacional para arrendar, invertir en infraestructura básica y poner a producir un gran número de cuerdas. Mientras, actualmente, el 76% de las fincas en Puerto Rico generan menos de $10,000 anualmente, según el Censo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Entre las soluciones sugeridas para atajar la situación, el informe hace eco de los llamados nacionales e internacionales a una Reforma Agraria Integral que actualice las leyes y políticas relacionadas con la distribución de tierras adaptándose a la realidad actual de los agricultores y considerando los desafíos que presenta la especulación para garantizar un acceso equitativo a las tierras. Asimismo, insta a integrar la agricultura como una prioridad en la agenda de Puerto Rico, estableciendo políticas que promuevan la sostenibilidad agrícola y mayor inversión pública a favor de la agricultura a pequeña escala, incluyendo la infraestructura necesaria para facilitar la producción agrícola en tierras públicas en desuso.
Además, se plantea como urgente hacer valer el Plan de Uso de Terrenos, los Planes de Ordenamiento Territorial y las Reservas Agrícolas limitando la discreción de las estructuras gubernamentales de otorgación de permisos en cuanto a los cambios de uso de los terrenos agrícolas.
Durante el periodo entre 1940 y el 2018, se ha visto una reducción del 85% del total de fincas agrícolas y del 74% del terreno destinado a la agricultura. En la actualidad, el sector agrícola aporta menos del 2% del Producto Nacional Bruto, en comparación al 36% que aportaba en la década de 1950. Este proceso de abandono del campo aumenta nuestra vulnerabilidad en relación a la alta dependencia de las importaciones de alimentos, que actualmente ronda entre el 85% y 90% de los alimentos disponibles.
El equipo de investigación estuvo compuesto por dos estudiantes internas con el FiTiCAS y un estudiante voluntario bajo la mentoría probono de la Profa. Érika Fontánez Torres, gracias al apoyo y subvención de Espacios Abiertos. El informe está disponible de forma gratuita en la página web del FiTiCAS, www.fideicomisoagricola.org, o escribiendo a info@fideicomisoagricola.org.
