La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebró hoy, lunes, una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 563, que investiga la necesidad, justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) realizadas desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 12 de abril de 2012.
El encuentro legislativo contó con ponencias explicativas de representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y el Departamento de Hacienda.
“Nuestro objetivo es entender cada una de las emisiones que se realizaron, el dinero que se pidió prestado, el uso que se dio y las razones por las cuales la Autoridad cayó en una situación que no puede pagar gran parte de su deuda”, expresó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.
En su ponencia, el asesor especial de AAFAF, Jean Peña Payano, detalló un informe encomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la firma Kobre & Kim LLP, que investigó de manera independiente los factores que influyeron en la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, así como en los asuntos relacionados a la emisión de deuda pública del territorio. La investigación citada fue publicada el 20 de agosto de 2018.
“El informe señala que la crisis que comenzó en el año 2006 requería la implementación de medidas a largo plazo que promovieran el desarrollo económico de la isla. Sin embargo, el Gobierno Central y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) recurrieron a los mercados de deuda para soluciones a corto plazo”, mencionó Peña Payano.
“Con estas soluciones a corto plazo, ciertas corporaciones públicas, entre ellas la AEE, incurrieron en billones de dólares en deuda”, añadió el funcionario de la AAFAF.
Peña Payano resaltó que “el BGF permitió que estas entidades subsistieran de transferencias del Fondo General, transferencias a corto plazo del BGF y emisiones de deuda, en lugar de hacerlas responsables por sus deudas, asegurarse que recibieron ingresos suficientes para el pago de esa deuda y exigir responsabilidad fiscal”.
Según se desprende de la ponencia de la AAFAF, en la medida que el nivel de deuda de estas entidades aumentó significativamente, las casas acreditadoras disminuyeron las clasificaciones crediticias hasta el punto de declarar chatarra la deuda de ciertas entidades gubernamentales en el año 2014.
Política partidista afectó situación fiscal de la AEE
Por otro lado, el asesor especial de la AAFAF, Peña Payano, destacó otros factores que influyeron negativamente en las operaciones de la AEE que provocaron su crisis fiscal.
“En cuanto a la dependencia del petróleo y las dificultades para transicionar a la producción de energía con gas natural, el reporte (Kobre & Kim LLP) resalta cómo la política partidista influyó en los fallidos proyectos del Gasoducto del Sur y Vía Verde”, señaló.
En ambos proyectos, a pesar de no concretarse, el funcionario de AAFAF detalló que la AEE invirtió decenas de millones de dólares. “En ese sentido, haber completado la construcción de alguno de los proyectos hubiese significado la sustitución significativa de petróleo por gas natural”.
“Otros factores que influyeron negativamente fueron el exceso de posiciones de empleados de confianza; cambios de personal constante, costos de beneficios a empleados, muchos mayores a otros empleados gubernamentales y la falta de continuidad a los proyectos de capital”, resaltó Peña Payano.
Al mismo tiempo, el asesor de AAFAF mencionó que por muchos años, la Junta de Gobierno de la AEE fijaba el precio del costo de energía, dejando inalterada la tarifa fija desde el año 1989 hasta el 2016.
“La AEE necesita una reforma estructural que produzca un mejor uso de los fondos que recibe y desligue de su operación los factores que históricamente han impedido que sea autosuficiente”, expuso Peña Payano
El pasado 8 de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció que cancelará el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AAR de la AEE), conocido en inglés como RSA.
“Como todos sabemos, el Gobernador está pidiendo que nos sentemos a negociar y llegar a nuevos acuerdos. Esta es una legislatura nueva que no participó en el acuerdo que se realizó en el 2019 y por eso queremos tener todos los detalles para mejorar y no pagar demás una deuda que el 90 por ciento no es de los puertorriqueños y sí de corporaciones en Wall Street”, indicó el autor de la Resolución de la Cámara 563, el representante José “Cheito” Rivera Madera.