Durante la continuación del proceso de vistas públicas de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve, sobre el Proyecto del Senado 495, compareció el doctor Alberto De La Vega Pujols, catedrático asociado del Hospital Universitario, quien manifestó su oposición a la medida por entender que limitaría el acceso a servicios médicos a la población que más lo necesita.
“La vista de hoy fue muy productiva…me parece a mí que más allá de los puntos de diferencia que podamos tener sobre el resultado final de esta legislación, fue una conversación respetuosa y reconozco al doctor De La Vega del Hospital Universitario por ser un profesional responsivo a nuestras solicitudes. Dentro de las diferencias podemos encontrar puntos comunes dirigidos a proteger a las mujeres en nuestro país…en conclusión puedo decir que hay espacio para continuar el diálogo y seguir pensando qué mecanismos pudiésemos impulsar en común acuerdo entre diferentes sectores para asegurarnos que en las clínicas privadas de aborto se establezcan los protocolos necesarios para proteger a esas mujeres”, destacó en un aparte Rodríguez Veve.
El Proyecto del Senado 495 busca establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.
Al inicio de la audiencia, la senadora cuestionó la ausencia de las clínicas privadas de aborto que fueron citadas y que no se excusaron. “Debo señalar que para el día de hoy se citaron a las cuatro clínicas de aborto que actualemente están operando en Puerto Rico. Se citó a la Clínica Womens Medical Pavillion, a la Clínica IELLA, la Clínica Centro de Planificación Familiar y a la Clínica Darlington Medical Associates. Esta es la segunda ocasión en que se citan para que comparezcan y contestar las preguntas. Estas cuatro clínicas enviaron memoriales pero ninguna se excusó de comparecer”, expresó Rodríguez.
Por su parte, el catedrático asociado del Hospital Universitario se expresó en contra de la medida, pero dijo favorece mayor investigación en el proceso. Sostuvo que “esta ley limita el acceso a servicios médicos a una población que más lo necesita. Es discriminatoria en muchos sentidos y no ofrece ningún beneficio médico demostrable. Si su intención es restringir el acceso y posibilidad de obtener servicios médicos para una terminación de embarazo es posible que lo logre, pero a expensas de empeorar la salud física y mental, tanto como poner a riesgo el futuro de muchos jóvenes. El departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Puerto Rico, al cual hoy represento en este foro, se opone a este proyecto de ley”.
Además, el deponente mencionó que estas leyes ponen en peligro la salud de los adolescentes “pues estos ya de por si, tienden a someterse a terminaciones de embarazo más tarde y esto solo lo atrasaría más, aumentando los abortos de segundo trimestre y tardíos. Esta ley podría prevenir a muchos jóvenes de obtener terminaciones de embarazo, aumentando el riesgo de mayor sufrimiento mental, físico, emocional, educacional, económico y social que conlleva un embarazo en un adolescente”, sostuvo De La Vega, quien ofreció en su ponencia estadísticas generales de Estados Unidos.
Rodríguez Veve recordó que el Departamento de Salud reportó en la pasada audiencia, que en las clínicas de aborto por los pasados dos años se llevaron a cabo a cabo 568 procesos en menores de 18 años. Señaló que hay una diferencia abismal entre las estadísticas del departamento sobre lo que ocurre en las clínicas privadas versus el Hospital Universitario donde se identificaron dos casos.
El deponente respondió que la razón es que en el Hospital Universitario no ofrecen terminaciones de embarazos electivas. Solo bajo ciertas condiciones legales, lo que incluye violación. Rodríguez Veve preguntó también, si conocía los procesos en las clínicas privadas. De La Vega respondió que “definitivamente desconozco, no puedo hablar sobre ellas”.
De igual manera, a preguntas de la senadora el deponente dijo que las leyes, en cuanto a las decisiones de los menores, suelen ser discordantes. Mencionó que en el caso particular sobre el cuidado médico la norma es que un menor de 21 años no puede consentir. En cuanto al caso particular del embarazo, “entendemos que cada caso es individual. La realidad es que nosotros apoyamos el hecho de que la mujer tenga el derecho sobre su cuerpo, irrespectivo de una edad dictada por la ley”.
Igualmente, De La Vega abogó por el proceso de investigación. Dijo creer que si la ley entiende que una persona menor de 16 años no tiene capacidad de consentir, el caso debe tener una investigación por las autoridades correspondientes para conocer si fue una violación o no. “Esto es cuestión de reforzar las leyes”, abundó.
A su vez, la senadora preguntó qué establece el protocolo del Hospital Universitario cuando una mujer atiende la teminación de embarazo por violación. El deponente explicó que cuando una paciente alega violación primero hay que notificar al Departamento de Salud para llenar una información y tomar muestras si son pertinentes. Se hacen análisis para la presencia de infecciones y se ofrecen medicamentos preventivos. También, se entrega lo recopilado a la policía por parte del personal médico para que se mantenga la cadena de evidencia. A la paciente se le ha pedido previamente hacer una gestión de querella o ir al centro de víctima de violación.
