Las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de Asuntos de Vida y Familia, que presiden los senadores, Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve, respectivamente, realizaron una vista pública en la que indagaron sobre las causas de muerte de confinados y las estrategias empleadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
“Se solicitó información puntual para tener una radiografía o una mejor radiografía de lo que está ocurriendo en las cárceles con el ofrecimiento de los servicios de salud. Ya sabemos, que, en efecto, hay una deficiencia respecto al número de los profesionales de la salud mental que está ofreciendo servicios… Ha sido una vista muy productiva y estaremos trabajando sobre este asunto”, expresó Rodríguez Veve.
Por su parte, el senador Rivera Schatz dijo que “hemos tenido un buen insumo de datos y de información; todavía nos tienen que entregar alguna información adicional y me parece que hemos hablado aquí de posible legislación que se pueda presentar para armonizar todos estos planteamientos que hay de las muertes, que a veces no comprendemos que ocurren en la cárcel; sin abandonar el elemento de seguridad”.
Esta audiencia responde a la Resolución del Senado 665 que propone investigar el aumento sostenido de las muertes ocurridas en los pasados años en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), los protocolos de intervención en los casos de muerte de confinados y las estrategias delimitadas por el Departamento para prevenir las muertes en las instituciones penales.
Según indica la pieza legislativa “las muertes atribuibles a otras causas [no naturales] han aumentado consistentemente. Para el año 2016-2017 se reportaron unas 13 muertes por causas no naturales. Esa cifra fue aumentando y en 2020-2021 se reportaron 22 muertes por intoxicación, 5 por causas no naturales, 14 pendientes de investigación por aparente intoxicación, una pendiente de investigación por aparente agresión, 6 no informan causa de muerte, y 4 indeterminadas. De los datos mencionados para el 2020-2021, llama la atención el alto número de muertes por intoxicación por Fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina”. Para atender este tema las comisiones citaron a deponer a la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón y al Comité Amigos y Familiares del Confinado. El Comité Integración Familiar Pro-Rehabilitación de Confinados y Familiares Asociados por Nuestra Gente/Asociación pro-Derechos del Confinado ÑETA se excusaron de la vista.
La secretaria Escobar Pabón resaltó, durante la lectura de su ponencia, que las causas de muerte que ocurren en las instituciones carcelarias del país son “la primera causa de muerte es la natural, la segunda es la intoxicación y la tercera es el suicidio”.
Asimismo, especificó que “sin poder entrar en tantos detalles, nos encontramos en el proceso de compra del mejor equipo de registro de personas, equipos y materiales, el cual será capaz de detectar cualquier contrabando de drogas oculto”.
Durante su alocución el DCR enumeró cuatro puntos de vulnerabilidad con los que trabaja la agencia, a lo que la senadora Rodríguez Veve preguntó cuál de ellos es el de mayor preocupación. “Ahora mismo, para mí, son las naves no tripuladas [drones]… Estamos en conversaciones con algunas compañías que hemos identificado para ver si podemos implementar algún sistema de detección a través de radar… Estamos en búsqueda de esa tecnología”, expresó el coronel Giovanni González del DCR.
Otra de las preguntas realizadas por Rodríguez Veve a la Secretaria fue sobre cuántos psicólogos y psiquiatras hay disponibles en la agencia para ofrecer los servicios de salud mental. “Hay un contrato de 24 psicólogos para ofrecer servicios en las instituciones correccionales. En el caso de menores incluimos dos psiquiatras especialistas en adolescentes, [hay] cinco psiquiatras para adultos y tenemos los consejeros en adicción, más los educadores en salud”, expresó Escobar Pabón.
Acto seguido, la senadora dijo que “si estamos hablando de una población penal de aproximadamente 7 mil personas privadas de la libertad, hay que hacer la matemática de si este número de proveedores de salud es suficiente”. A lo que la funcionaria dijo que “honestamente habría que aumentar el número de profesionales”.
Mientras, el senador Rivera Schatz le preguntó a la secretaria Escobar Pabón si se conoce de alguna cárcel en alguna parte del mundo que pueda evitar que el fentanilo entre a las instituciones, a lo que ella dijo que “es un problema que está en todos lados y es un problema de salubridad en los Estados Unidos… El problema más difícil con esto es que nadie puede decir a ciencia cierta cómo manejar el fentanilo… Hasta este momento no hay como manejarlo y detectarlo correctamente”.
Otro de los cuestionamientos realizado por Rivera Schatz estuvo dirigido hacia el presupuesto de la agencia; según la Secretaria el presupuesto actual del DCR fue el solicitado por dicha agencia. Sin embargo, salió a relucir que hay un déficit de 9 millones de dólares en los servicios de salud a lo que el legislador preguntó a qué obedece ese déficit.
“Obedece al incremento de los medicamentos, los servicios médicos, el aumento a los contratistas para poder proveer los servicios; anteriormente era de $35, lo subimos a $50 y aun así hay médicos que dicen que no van a trabajar por $50 en una facilidad correccional”, respondió la funcionaria.
Durante su turno de preguntas, la senadora de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuestionó a la Secretaria de Corrección en cuanto a los servicios psicológicos en las instituciones de mujeres. Escobar Pabón explicó que actualmente hay “236 confinadas y allí [en las instituciones] reciben servicios de psicología, de psiquiatría y de trabajadores sociales… Que haya que identificar, probablemente, otro psicólogo más que pueda dar servicios de tratamiento grupal o de continuidad a ellas, sí. Si, necesitáramos el apoyo de algún otro psicólogo adicional que pueda dar los servicios allí a la población”.
Finalmente, el senador independiente José Vargas Vidot enfatizó que “investigar las muertes, como se ha planteado en esta vista, nos lleva a puntualizar el elemento que el servicio privado de salud en el sistema correccional anda en pura negligencia”.
