La Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y Propuestas de Enmiendas a la Constitución, que preside el representante José (“Conny”) Varela, realizó una vista pública para evaluar su propuesta de enmendar la Constitución para que los nombramientos de los jueces de la Rama Judicial sean regidos por legislación especial.
“Este tema lo llevo trabajando desde el 2006, cuando radiqué por primera vez esta medida. Este es un tema muy importante para el país, especialmente ahora que se ha estado debatiendo y cuestionando la capacidad de varios jueces. Debemos asegurarnos de tener un sistema con el cual nombremos los jueces más capaces, para el bienestar de nuestra gente puertorriqueña”, sostuvo el representante Varela.
El legislador, además, indicó que la Resolución Concurrente de la Cámara 8, de su autoría, es un marco de referencia y su objetivo es escuchar opiniones de profesionales.
La decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Vivian Neptune Rivera, no favoreció la realización de una enmienda a la Constitución para que los nombramientos judiciales se rijan por una legislación especial. En cambio, la decana recomendó establecer la Carrera y Escuela Judicial en Puerto Rico, así como requerir cursos mandatorios en la actual Academia Judicial. Además, recomendó que se le requiera a todo abogado o abogada interesada en ser considerada para un nombramiento como juez o jueza completar estudios graduados en formación judicial.
“Al requerir una maestría en Formación Judicial se tendría la certeza de que candidatos idóneos posean estudios avanzados especializados que impactan de manera positiva el proceso de adjudicación de la justicia”, sostuvo Neptune Rivera, quien sugirió además que se adopte en Puerto Rico un Marco Internacional para la Excelencia de las Cortes y la Justicia Terapéutica, tal cual han hecho múltiples tribunales a nivel internacional.
La decana hizo un llamado al Gobierno a que, en el momento de nombrar a un juez o jueza, se escuchen a profesionales de la abogacía como el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Abogados y las facultades de derecho.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIA), Julio Fontanet Maldonado recomendó que en la legislación antes mencionada se incluya cómo van a ser nombrados los futuros jueces y juezas.
“Me parece que puede crearse ese consejo que sea parte de la resolución concurrente, y que su composición sea parte también de la Constitución, como por ejemplo, representantes de las escuelas de Derecho, de la sociedad civil, entre otros”, dijo el también profesor, Fontanet Maldonado, quien agregó que una legislación especial por sí sola no va atender el problema de los nombramientos.
De esta manera, y al igual que la decana de la UPR, el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Fernando Moreno Orama destacó que incluir requisitos adicionales sería fundamental. “Requisitos adicionales podrían ser una reválida para las personas que quieran ser jueces, que tengan un grado adicional, certificaciones y cursos particulares, pero esto tendría que ser parte de la discusión pública”. Moreno Orama también recomendó revisar la actual Ley de la Judicatura, para atender asuntos relacionados a este tema.
Al finalizar, el también vicepresidente de la Cámara enfatizó que el pueblo de Puerto Rico ha perdido la confianza en el sistema judicial. “En los últimos años, la Rama Judicial ha perdido cierto respaldo y terreno como una institución donde los ciudadanos iban a buscar la justicia. La meta debe de ser que la gente tenga confianza en los tribunales”, subrayó Varela.
