Los fiscales especiales independientes Miguel Colón y Ramón Mendoza radicaron unas 50 denuncias esta mañana contra la representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana; su madre Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas por presuntas violaciones al Código de Rentas Internas, perjurio y falsificación ideológica.
Las denuncias fueron presentadas en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se ventilará la prueba este miércoles en una vista de Regla 6 luego de que el Tribunal Supremo autorizara su difusión pública.
Al ser preguntado a cuánto ascienden las alegadas violaciones, Colón dijo que “son millones de dólares”. El licenciado también indicó que la prueba es “sólida” y que el pueblo de Puerto Rico la conocerá.
Nogales Molinelli será representada por el abogado José Andreu Fuentes, mientras que su progenitora será representada por los abogados Ricardo Prieto y Frank Torres. Las fiscales especiales Zulma Fuster y Leticia Pabón también forman parte del Ministerio Público.
En su llegada al tribunal esta mañana, la legisladora afirmó que está lista para encarar las denuncias. Nogales Molinelli llegó por la entrada que ubica en la avenida Luis Muñoz Rivera y fue recibida por un pequeño grupo de manifestantes con pancartas en su apoyo. “Tranquila Mariana, el pueblo está contigo”, expresaban los manifestantes. La representante les reciprocó: “Les agradezco inmensamente”.
“Siempre vamos a estar con ustedes en el lugar que sea porque la lucha es una y no es Mariana, somos todas y todos”, agregó la representante.
El geomorfólogo José Molinelli Freytes, tío de la legisladora, también se dio cita al tribunal. Este acusó al gobierno de radicar un caso a su familia y la emprendió contra el senador Thomas Rivera Schatz, uno de los querellantes.
La resolución aprobada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para dar paso a la investigación contra Nogales Molinelli estipula que el proceso criminal contra la legisladora se realizó por dejar “de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, (así como) participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales” de su informe financiero radicado ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el 2020.
“La información que allí se ofrece se presenta bajo pena de perjurio. Por consiguiente, el omitir información podría conllevar serias repercusiones legales”, dice la resolución del PFEI.
