La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Manuel Ortiz, inició este lunes el proceso de vistas públicas para evaluar el cumplimiento del contrato de la Lotería Adicional con la compañía Scientific Games, proveedor de servicios que ha recibido $86.7 millones desde 2017.
El Departamento de Hacienda (DH) indicó en una ponencia explicativa que esta cifra representa la cuantía desembolsada hasta el 31 de mayo de 2022. Ortiz afirmó que busca, además, fiscalizar la distribución de los fondos recaudados por la Lotería Adicional a las instrumentalidades públicas establecidas en la Ley 10 de 1989.
“La Lotería Adicional, la Lotería Electrónica, es un patrimonio de Puerto Rico. Me parece que a través de los años la información pública sobre el manejo, sobre la operación, sobre los resultados en la Lotería Electrónica ha sido muy poco transparente”, manifestó Ortiz.
“Uno de los objetivos principales de esta investigación es conocer toda la información necesaria para que el país sepa cuál ha sido el producto de una operación que es un patrimonio público; máxime cuando en la propia ley se establecen distribuciones de fondos que van dirigidos a asuntos de alto interés público”, abundó.
Hacienda desglosó que, desde 2017 hasta el 31 de mayo de 2022, la Lotería Adicional había aportado a estas entidades una cuantía ascendente a $420 millones. La Ley 10 dispone que el ingreso neto de las operaciones de los juegos de la Lotería Adicional serán partidas destinadas a múltiples entidades públicas y municipios.
Entre ellas, el Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales, Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, Fondo Especial para Becas de la Universidad de Puerto Rico y el Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores.
Asimismo, todo sobrante del ingreso neto de las operaciones, luego de que las distintas distribuciones se satisfagan, deberá ser transferido al Fondo General. Durante los años fiscales 2017 al 31 de mayo de 2022, la Lotería Adicional transfirió al Fondo General la cantidad de $387.9 millones.
Según Hacienda, durante los pasados dos años fiscales la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aplicó un tope de $30 millones que pueden ser transferidos de los recaudos de la Lotería Adicional al Fondo de Equiparación Municipal, a pesar de que la ley dispone que será el 35% del balance neto.
Sin embargo, mediante solicitudes con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Negociado de la Lotería ha logrado que la JSF elimine ese tope y se otorgue la totalidad del 35% de los recaudos a los municipios.
Para el año fiscal 2023 el Negociado de la Lotería solicitó un aumento en su presupuesto de sobre $17 millones debido a que entiende que el gasto de comisión del operador de la Lotería Adicional, según el contrato Núm. 25-2017-2099, de 30 de junio de 2016, debe ser uno presupuestado.
La solicitud presupuestaria para el año fiscal 2023 para la Lotería Adicional fue de $29 millones.
Contrato culmina en 2024
La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Lorna Huertas, afirmó que la culminación del contrato de Scientific Games, que provee sus servicios desde el 2003, será el 30 de junio de 2024. La funcionaria afirmó que el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) debe comenzar este año y culminar la contratación del nuevo proveedor en 2023.
“Nuestra intención, principalmente, es comenzar el proceso de competencia abierta”, dijo Huertas. “Ya comenzamos el análisis de las necesidades y los requerimientos que estamos buscando para este próximo ciclo”.
Huertas informó que, previo a abrir el proceso de RFP, un comité de trabajo del Negociado fue creado para recoger las obligaciones de las distintas áreas que deberá cumplir la nueva compañía proveedora de servicios. Para la secretaria auxiliar, el tiempo determinado será suficiente para completar la nueva contratación.
“Como legislador, me importa muy poco quién sea el proveedor (de servicios). Lo que sí me importa es que se abra el proceso en una competencia justa, transparente, y que el país tenga el mejor retorno de ese activo”, expresó Ortiz.
“Lo que no puede pasar aquí es que, de repente, escuchemos en seis meses o en un año: ‘Comenzamos el proceso tarde, por lo tanto, no vamos a hacer ningún proceso de competencia’. Eso es lo que no debería pasar”, subrayó el Legislador.
