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Jenniffer González busca romper barreras arquitectónicas y de comunicación para mejorar la calidad de vida de personas con impedimentos

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó legislación federal para que los pequeños negocios en Puerto Rico tengan acceso a recursos para cumplir con la American with Disabilties Act (ADA), lo que mejoraría la calidad de vida de 1.14 millones de puertorriqueños adultos.

“Todos sabemos del problema de accesibilidad que las personas con discapacidades sufren en Puerto Rico. Tenemos mucha construcción vieja con accesos incómodos para las personas en silla de ruedas, estacionamientos sin rampas para acceder a los comercios, etc. Además, conocemos los problemas de la comunidad sorda en poder comunicarse adecuada e independientemente, si no es que llevan algún familiar con ellos. Para atender esta situación y mejorar la calidad de vida independiente de las personas con discapacidades en Puerto Rico, presentamos el proyecto H.R. 4026 para que los contribuyentes en los territorios puedan acceder a estas ayudas”, explicó González Colón.

La congresista radicó la medida en el Congreso, luego de discutir con la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, alternativas para hacer cumplir las estipulaciones de ADA.

“Nuestro compromiso es atender a todas las comunidades incluyendo la comunidad sorda que ha estado en desventajas en este tiempo, pero que ahora gracias a estos proyectos de ley va a quedar, de ser invisibilizada, a una comunidad que va a estar siendo empoderada”, expresó la representante Lisie J. Burgos Muñíz.

Acompañaron a la comisionada en la conferencia de prensa la representante Lisie Burgos; la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Liza García; la directora ejecutiva entrante del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) Mariela Pijem; en representación de EFATA, Joaneska Maldonado; y el presidente del Fondo de Acceso a la Justicia, el licenciado José Enrique (Quique) Colón Santana.

ADA, es una ley federal de derechos civiles, firmada en 1990 por el entonces presidente George Bush, que prohíbe el discrimen en contra de personas con discapacidades en todas áreas de la vida pública. Requiere que se hagan modificaciones a infraestructura para permitir la accesibilidad de personas discapacitadas y que los negocios y las organizaciones sin fines de lucro se aseguren de que se comuniquen de manera efectiva con las personas que tienen discapacidades de comunicación.

Para ayudar a negocios cumplir con los requisitos de la Ley ADA, la Sección 44 del Código de Rentas Internas federal permite que pequeños negocios (definidos como negocios que su ingreso tributable no excede $1 millón o que tenga menos de 30 empleados a tiempo completo) tomen un crédito en la planilla federal del 50% de los gastos razonables— hasta $10,250 anuales— incurridos para:

  • eliminar las barreras arquitectónicas, de comunicación, físicas o de transporte que impiden que una empresa sea accesible o utilizable por personas con discapacidades;
  • proveer intérpretes calificados u otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad auditiva materiales entregados de manera verbal;
  • proporcionar lectores calificados, textos grabados y otros métodos efectivos para poner a disposición de las personas con discapacidad visual materiales entregados visualmente;
  • adquirir o modificar equipos o dispositivos para personas con discapacidades;
  • proveer otros servicios, modificaciones, materiales o equipos similares.

La Sección 190 del Código de Rentas Internas federal también permite una deducción en la planilla de contribuciones—hasta $15,000 por año—por los gastos incurridos en la eliminación de barreras y alteraciones para hacer las facilidades del negocio más accesible a personas con discapacidades y para envejecientes.

Aunque en Puerto Rico aplica la Ley ADA, los créditos y deducciones no aplican ya que no radicamos planillas federales de contribución sobre ingresos.

La congresista indicó que médicos han expresado las dificultades que tienen al entrevistar pacientes sordos que no se sienten del todo cómodos hablando con toda franqueza con su padre o su hijo en la consulta. Del mismo modo, los abogados que atienden personas con discapacidades de comunicación que dependen de un familiar de algún acusado en una entrevista que se supone que sea confidencial. Estos médicos y abogados comentan que los costos de contratar los servicios para tener el grado de comunicación efectiva que quisieran son demasiado para los ingresos limitados que derivan de sus servicios.

En Puerto Rico, se accederían a estas ayudas mediante un mecanismo similar al del crédito por menor o CTC, o sea, mediante la radicación de una planilla federal reclamando un crédito reembolsable bajo cualquiera de las secciones aplicables. Esta medida se trabajó con el National Association of the Deaf.

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