Con el fin de fortalecer la transparencia, prevenir irregularidades y promover una cultura de cumplimiento en la Rama Ejecutiva, la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico lanzó una campaña educativa digital titulada “Orientamos para un buen gobierno. Consulta a la OIG”, que persigue ampliar el conocimiento y uso del servicio de consultas legales dirigido a jefes de agencia y servidores públicos.
La campaña tiene como objetivo orientar en materias de contratación gubernamental, manejo y administración de propiedad pública, adquisición de bienes y servicios, deberes de los contratistas, entre otros asuntos que suelen ser atendidos a través de los esfuerzos educativos y de fiscalización de la OIG. “A través de esta campaña interna buscamos resaltar los beneficios de la prevención en el manejo de fondos y propiedad pública. La consulta es un recurso que provee la oportunidad de contestar interrogantes antes de tomar decisiones administrativas.De igual forma, es un mecanismo que puede ayudar a los empleados de todo el gobierno a conocer de primera mano cuáles son los alcances de las normativas aplicables a sus respectivas funciones”, sostuvo la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera.
Según la plataforma web de la agencia, una consulta se refiere a una solicitud de asesoramiento o aclaración sobre asuntos relacionados con la administración pública que se encuentren bajo la competencia y jurisdicción de la OIG. El proceso para realizar una consulta considera varios pasos. Las personas interesadas pueden acceder al formulario disponible en www.oig.pr.gov/informa, completar los campos requeridos y presentar la consulta.
En el caso de los jefes de agencia y de entidades gubernamentales, pueden solicitar una consulta escrita sobre un asunto específico y deberán incluir un memorando de derecho que exponga la posición de la dependencia. Este requisito no aplica a los demás servidores públicos, quienes pueden presentar consultas en su carácter individual. Una vez presentada la solicitud, el Área de Asuntos Legales de la OIG evaluará cada petición y emitirá una respuesta fundamentada, con el fin de orientar sobre la aplicación de las diversas normas vigentes.
Entre los principales beneficios del servicio de consultas de la OIG se encuentra la prevención de posibles irregularidades administrativas. Al ofrecer orientación legal, la entidad fiscalizadora asiste a los funcionarios públicos a evitar errores que puedan derivar en incumplimientos normativos o situaciones que comprometan la integridad de los procesos gubernamentales.
Asimismo, el servicio contribuye al fortalecimiento de la toma de decisiones informadas. Al contar con la respuesta de una consulta legal, los jefes de agencia y servidores públicos pueden actuar con mayor seguridad jurídica, lo que se traduce en una gestión más eficiente y alineada con los principios de transparencia. Otro beneficio clave es la promoción de una cultura de cumplimiento y responsabilidad pública.
La campaña “Orientamos para un buen gobierno. Consulta a la OIG” forma parte de los esfuerzos de la OIG para promover una cultura de integridad en el servicio público y fomentar la participación ciudadana en los asuntos gubernamentales.
