Organizaciones comunitarias manifestaron su oposición a un proyecto del senador José Vargas Vidot que supuestamente busca erradicar el sinhogarismo pero en realidad añadirá burocracia gubernamental a servicios que ya se brindan con éxito a personas sin hogar.
“Las organizaciones como las nuestras de base comunitaria siempre hemos tenido que nadar contra la corriente para llevar los múltiples servicios que llevamos. Este proyecto P. del S. 778 hace más burocráticas todas nuestras gestiones. No es un proyecto justo para quienes trabajamos diariamente con las personas sin hogar. No va a facilitar nada, va a traer más escollos en el camino y los perjudicados serán las personas que requieren nuestros servicios”, expresó Lissette Alonso, presidenta y fundadora de La Perla de Gran Precio, conocida organización que lleva más de tres décadas ayudando a personas sin hogar, con abuso de sustancias y con VIH.
La oposición a este proyecto incluye a organizaciones comunitarias como La Perla de Gran Precio, La Fondita de Jesús, Solo por Hoy, Inc. y la alianza del CoC PR-502, un organismo multisectorial que agrupa a entidades de base comunitaria, municipios, agencias estatales, representantes de la población sin hogar y entidades del sector privado que por décadas responden a los problemas del sinhogarismo.
“No es correcto, como plantea el proyecto, que no haya un plan para atender el sinhogarismo en Puerto Rico. Se trabaja muy bien con estas personas a quienes se les asiste. Hay dos entidades que agrupan servicios en forma coordinada, el CoC PR-502 a los municipios de toda el área norte y el CoC PR-503 que da servicios a 54 municipios en el área sur. En el CoCPR-502 hay unas 38 organizaciones con unos 80 proyectos que brindan diversos servicios de albergue temporero, vivienda transitoria, vivienda permanente donde se ofrecen a su vez servicios de salud mental y de tratamiento para personas con abuso de sustancias, entre otros. En nuestra organización, en los últimos 12 meses 1,798 personas se han reubicado en viviendas para que no tengan que pernoctar en la calle”, manifestó Belinda Hill, directora ejecutiva de Solo por Hoy, Inc, que asiste a personas y familias en situaciones de crisis que están sin hogar o en peligro de quedar sin vivienda.
Josué Maysonet, Director ejecutivo de la Fondita de Jesús, también expresó su oposición a este proyecto, que ya en dos ocasiones anteriores no fue aprobado pero ahora se aprobó en el Senado y está en proceso de que lo apruebe en la Cámara de Representantes. “Anualmente cerca de 3,000 personas no duplicadas recibieron 150,000 servicios variados a través de nuestros programas. Conscientes de que la situación de sinhogarismo es una compleja y necesita de complementariedad, coordinamos y colaboramos con otras entidades privadas y agencias de gobierno. En Puerto Rico ya existen dos estructuras diversas y complementarias para atender la complejidad requerida en la búsqueda de solución al hecho de que haya Personas sin Hogar en nuestro país. Los esfuerzos del cuerpo legislativo deberían estar enfocados en el robustecimiento, apoyo, y fiscalización a los mecanismos ya existentes, en vez de cancelar décadas de monumentales esfuerzos”, indicó Maysonet.
Lisdel Flores, presidenta del COC PR-502 y directora de Hogar Ruth, explicó que “los esfuerzos que ha llevado el CoC PR-502 están alineados con las mejores prácticas basadas en evidencia como son el Realojamiento Rápido (Rapid Re-Housing) y Housing First, las cuales han sido promovidas desde el 2014 por HUD, quien a su vez regula los criterios de elegibilidad para el uso de fondos federales que se reciben en Puerto Rico. Se ha operado por años sin señalamiento federal adverso al uso de estos fondos. El P. del S. 778 pretende centralizar los servicios y el uso de los fondos en un solo ente receptor, que administre y fiscalice los mismos, contrario a la reglamentación federal vigente que promueve la participación de diversos actores en la administración y provisión de los servicios. La “nueva oficina” y el “sistema” a los que hace referencia el proyecto podría tener el efecto de aumentar las barreras en ejecución para las personas sin hogar que reciben los servicios”.
