El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz y el Representante José Rivera Madera, denunciaron en un comunicado de prensa la falta de sinceridad del Gobernador Pedro Pierluisi y de toda su Administración al celebrar la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de ratificar el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE presentada por la Junta de Control Fiscal.
Los legisladores, afirmaron que la Administración de Pedro Pierluisi, según notas de prensa estaba dispuesta a pagar lo fuera de esa deuda y que el gobernador titubeó y fue acomodaticio en sus contestaciones cuando le preguntaron por aumentos en la factura.
“En la Cámara de Representantes, la delegación popular, presentó legislación para asegurarse de que se tuviera el resultado que vimos ayer, pero lamentablemente, el Gobernador Pedro Pierluisi la vetó. La realidad es que el Gobernador y su equipo, estaban dispuestos a someter al País a un nuevo aumento, pero ahora, gracias a la decisión de la Jueza Swain, ya no hay excusa. Es totalmente innecesario que luego de esta determinación, los puertorriqueños vean un aumento en su factura de energía eléctrica”, expresó Ortiz González.
Por su parte Rivera Madera, reafirmó que la decisión significa que no hay necesidad de aumentar la factura de luz a miles de puertorriqueños y que cualquier otro aumento propuesto no tiene nada que ver con la deuda ni con las pensiones de los empleados. El legislador aprovechó para dar su total oposición a cualquier aumento en la tarifa de la luz y reiteró que la decisión significa que el gobierno no puede disfrazar cualquier propuesta de aumento como una obligación de deuda.
“Estamos totalmente en contra de más aumentos a la tarifa de la luz y se compromete a estar del lado de las familias puertorriqueñas, pequeñas y medianas empresas e industrias que se ven afectadas cada día más con estos aumentos. Entendemos que la Jueza Taylor Swain hizo lo correcto al fijar el total de la deuda a ser pagada por la AEE en su reestructuración en 2.8 billones de dólares, en lugar de los 8 billones que pedían los acreedores y sus abogados. Con esta determinación, se pone fin a la incertidumbre en la que el Gobernador y su Administración había sometido al país, y queda claro, que cualquier otro aumento propuesto nada tiene que ver con la deuda y mucho menos con las pensiones de los empleados”, añadieron.
La jueza y la Junta de Supervisión Fiscal determinaron ambos que los acreedores sólo tienen derecho al fondo de amortización, un sistema que consiste en el pago periódico de los intereses al y al mismo tiempo una aportación a un fondo para construir un capital con el que cancelar el principal del préstamo a su vencimiento.
