Nuevas órdenes ejecutivas y administrativas para simplificar y agilizar el sistema de permisos fueron el tema principal en el estado de situación que ofreció la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en el evento convocado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR).
Las medidas reveladas por la primera mandataria fueron acogidas con entusiasmo por los miembros de la industria de la construcción en un salón lleno a capacidad. Para Agustín Rojo Montilla, presidente de la ACPR, la Gobernadora tiene la visión correcta. A pesar de que en términos históricos, el sector de la construcción no está en su mejor momento, “estamos viendo que la administracion tiene el enfoque y la visión correcta de cuáles son los pasos que hay que tomar para corregir eso. Estamos muy entusiasmados de que la visión de la Gobernadora – desde su compromiso en la campaña electoral hasta la información que compartió hoy y los trabajos que están haciendo van alineados”, precisó el presidente de los constructores.
Tanto para la Gobernadora como para el sector de la construcción es vital simplificar los permisos, sus requisitos, acabar con la vaguedad en los reglamentos. “Necesitamos agilidad, que las respuestas sean oportunas, destacó González Colón.
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A modo de ejemplo, una de las órdenes ejecutivas mencionadas fue la OE-2025-003: Procedimiento expedito para la presentación y tramitación de solicitudes de permisos para proyectos con fondos federales, proyectos de emergencia, así como para proyectos críticos o estratégicos. Con esta orden, las agencias concernidas, en un término de 20 días, deberán emitir su opinión sobre un proyecto. De no recibir respuesta, se entenderá que las agencias no tienen recomendaciones por lo que el funcionario de la OGPe deberá darle trámite a la solicitud de permiso y deberá adjudicarla sin dilación alguna.
En años recientes el sector de construcción generó cerca del 8% del PIB de Puerto Rico y se estima que género cerca de 50,000 empleos directos en el año 2023.
“A pesar que estos números suenan saludables, uno de los mayores retos que enfrentamos hoy es la escasez de vivienda asequible”, apuntó Rojo Montilla.
Otro dato importante es que en el año 2024, en Puerto Rico se construyeron, en todos los rangos de precio, menos de 600.
En el año 2015, se aprobó un Plan de Uso de Terrenos (PUT) que clasifica el 86% del terreno en la isla bajo alguna categoría que lo hace no viable para el desarrollo. Se prevé que este año se revise el PUT. “La ACPR está a la disposición de la administración para colaborar en un balance justo entre conservación, redesarrollo y desarrollo”, dijo Rojo Montilla.
Para el presidente de los constructores tener un PUT tan restrictivo, y un proceso de permisología difícil ha provocado que el 55% de la vivienda en la isla es informal o ilegal, lo que la hace más vulnerable a desastres naturales y reduce la recaudación fiscal porque no pagan CRIM.
“Estas son viviendas que se construyen en zonas inundables sensitivas a desastres naturales y cuyos techos se pierden cuando nos azotan los inevitables huracanes. La manera de evitar esto es fomentar la construcción formal en cumplimiento de códigos facilitando el proceso de permisos”.
