La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró hoy una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 912, que forma parte de la segunda fase de la Reforma Contributiva, presentado por la Gobernadora, cuyo objetivo principal es reducir la carga contributiva de los individuos y modernizar el sistema fiscal de la isla.
Durante los trabajos, la presidenta de la Comisión, la senadora Padilla Alvelo, apoyó la medida mientras expresó que “es el compromiso de este Senado y el de nuestro presidente aprobar este proyecto. En la medida que podamos seguir en la misma dirección, por nuestro pueblo, en especial la clase trabajadora, vamos a hacerle justicia”.
En un memorial conjunto del secretario del Departamento de Hacienda, licenciado Ángel Pantoja Rodríguez; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos; y en representación de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal (AFFAF), el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz explicaron que la medida forma parte del Programa de Gobierno de la gobernadora Jennifer González Colón y se apoya en una reducción de “gastos innecesarios y en una utilización más eficiente de los recursos públicos, sin comprometer la estabilidad fiscal del Gobierno”.
Además, el licenciado Pantoja Rodríguez explicó que las alternativas de financiamiento incluidas en la medida fueron discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del paquete de pasos identificados para conceder alivios contributivos, siempre bajo el principio de neutralidad fiscal.
Desde la perspectiva de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), resulta indispensable cumplir con el Principio de Neutralidad Fiscal, el cual exige que cualquier reducción en ingresos contributivos esté acompañada de ingresos sustitutos o reducciones de gastos recurrentes. Según el memorial explicativo, el Proyecto del Senado 912 cumple con este principio, ya que las derogaciones de exenciones, junto a las medidas de control de gasto y eficiencia administrativa, generan ingresos compensatorios suficientes sin crear presión adicional sobre el Fondo General.
Asimismo, se resalta que la reducción de las contribuciones sobre ingresos no debe verse solo como un alivio individual, sino como una inversión estratégica en el crecimiento económico de Puerto Rico. Al colocar más dinero en manos de los ciudadanos, “se promueve la actividad empresarial, se fortalece el comercio local y se impulsa la creación y retención de empleos, generando un efecto multiplicador en distintos sectores productivos”.
A su vez, el director de la OGP, Rivera Berríos explicó que “este proyecto nace de una realidad que requiere premura para que el alivio contributivo tenga efectos reales en el bolsillo de la gente en este ciclo contributivo”. Mientras comentó que el dilatar su aprobación, tal como está redactado, puede representar que los constituyentes pierdan “una oportunidad de tener más dinero en sus bolsillos”.
La ponencia concluye recomendando la aprobación del proyecto sin enmiendas, para permitir su implementación inmediata, asegurar el cumplimiento con el Plan Fiscal y evitar retrasos que impidan que el alivio económico proyectado llegue oportunamente al bolsillo de la gente. “Se entiende que este proyecto, según redactado, puede adelantar los objetivos de fomentar la competitividad, equidad y simplificación contributiva, sin menoscabar la estabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico ni el cumplimiento continuo de PROMESA y el Plan Fiscal certificado”, sentenció el secretario de Hacienda.
Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard respaldó la medida al destacar que el Proyecto del Senado 912 atiende la necesidad de actualizar las escalas contributivas vigentes desde el 2011, con el propósito de modernizar el sistema fiscal, adaptarlo a las realidades económicas actuales y reducir la carga contributiva sobre los individuos. Según Negrón Reichard, esta actualización redundará en mayores ingresos disponibles y mayor liquidez para los contribuyentes, impulsando la inversión, la competitividad y la actividad económica.
De igual forma, subrayó que la reducción de las contribuciones sobre ingresos es una herramienta estratégica de desarrollo económico, con potencial para fortalecer el mercado laboral, fomentar la retención de capital humano, estimular la acumulación de riqueza y apoyar la creación y retención de empleos. Además, la simplificación del Código de Rentas Internas promueve mayor eficiencia administrativa, transparencia y agilidad para los contribuyentes y el Gobierno.
En este sentido, el secretario del DDEC recordó que esta reforma forma parte de un esfuerzo escalonado iniciado en el 2025, cuando se aprobaron diez leyes dirigidas a simplificar procesos en el Departamento de Hacienda, ampliar exenciones contributivas, aliviar la carga fiscal a sectores estratégicos como los agricultores bona fide, eliminar cargas regresivas como el IVU a medicamentos recetados y fortalecer el ahorro familiar mediante incentivos a cuentas IRA y ABLE.
En conjunto, el Negrón Reichard sostuvo que “el Proyecto del Senado 912 constituye el próximo paso natural, al atender específicamente la contribución sobre ingresos a nivel individual. Consideradas de manera agregada, estas reformas tienen el potencial de generar un impacto positivo y duradero en la actividad económica, al estimular el consumo, apoyar a la clase trabajadora, fortalecer el clima de negocios y sentar bases más sólidas para el crecimiento económico de Puerto Rico”.
La medida se enfoca en la contribución sobre ingresos de los individuos, una de las áreas donde Puerto Rico mantiene tasas más altas en comparación con el sistema federal. Por ejemplo, un contribuyente que gane $61,500 en Puerto Rico puede estar sujeto a una tasa marginal cercana al 33 %, mientras que a nivel federal esa misma cantidad tributa alrededor de un 22 %. La propuesta busca reducir esa brecha para aliviar la carga contributiva de la clase media trabajadora.
El esfuerzo legislativo establece una nueva estructura de tasas contributivas para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre de 2024. Entre los cambios principales, se fija una tasa de 0% para ingresos de hasta $12,500; 6 % para ingresos entre $12,500 y $25,000; 12 % para ingresos hasta $50,000; 24 % hasta $100,000; 29% hasta $150,000; y 33% para ingresos mayores de $150,000. Además, se incluye un mecanismo de ajuste por inflación para los umbrales de ingreso a partir del año contributivo 2026.
Por ejemplo, un individuo soltero y sin dependientes con un ingreso de $61,500 vería su tasa efectiva reducirse de aproximadamente 13% a 10%, lo que representaría un ahorro promedio de unos $2,000 en su planilla que vence el 15 de abril de 2026.
La propuesta también actualiza las exenciones personales y por dependientes, las cuales no se ajustaban por inflación desde la reforma de 2011. A partir de los años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2024, la exención por dependiente aumentará de $2,500 a $5,000. Además, se autoriza al Departamento de Hacienda a realizar ajustes por inflación a estas exenciones en años posteriores.
Otro componente importante, se eliminan mecanismos complejos como el ajuste gradual, el descuento por cómputo de contribución sobre ingresos y la contribución básica alterna en ingresos sujetos a tasas preferenciales. Esto busca facilitar el cumplimiento contributivo y reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para Hacienda.
La medida también introduce cambios en el tratamiento contributivo de las compañías de responsabilidad limitada, permitiendo que ciertas entidades puedan optar por ser tratadas como “entidades ignoradas” para fines contributivos, incluso cuando su único dueño sea una persona jurídica.
Como parte del requisito de neutralidad fiscal exigido por la Junta de Supervisión Fiscal, el proyecto deroga algunas exenciones al Impuesto sobre Ventas y Uso que no tienen impacto directo en el costo de vida, incluyendo las exenciones para material promocional y equipos solares eléctricos. Estas derogaciones, junto con la disciplina fiscal y la reducción de gastos gubernamentales, permitirían financiar la reducción de tasas contributivas sin afectar los recaudos del gobierno.
Además, se incluye una exención total de tributación para las distribuciones completas del Plan de Aportaciones Definidas de los servidores públicos cuando estas se reciban en un solo año contributivo tras la separación del servicio. También se establecen cambios en penalidades por incumplimiento de declaraciones informativas, ampliando las categorías de servicios sujetas a sanciones.
La presidenta de la Comisión anticipó que mañana continúa los trabajos con la comparecencia del Departamento de Justicia, Colegio de CPA y la Junta de Planificación, entre otros.
