El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, radicó hoy una pieza legislativa histórica que busca actualizar el Código Penal de Puerto Rico para enfrentar la creciente amenaza de los delitos cibernéticos que afectan a ciudadanos, empresas y agencias gubernamentales en la Isla.
El proyecto de ley propone añadir un nuevo Título VI dedicado exclusivamente a Delitos Cibernéticos con más de 70 nuevos artículos que tipifican conductas delictivas perpetradas a través de medios tecnológicos. “La tecnología se ha convertido en uno de los principales soportes de nuestro mundo, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de criminalidad que amenazan la seguridad, privacidad y patrimonio de nuestra ciudadanía”, expresó Ríos.
La necesidad de esta legislación se fundamenta en datos alarmantes sobre la incidencia de delitos cibernéticos en Puerto Rico. Según el FBI, las víctimas de crímenes cibernéticos en la Isla perdieron aproximadamente $7.7 millones de dólares en 2019, afectando a 839 personas. Puerto Rico se encuentra entre los primeros cinco mercados de mayor incidencia de ciberataques en todo el Caribe, región que sufre más de 150 millones de ataques anuales. Recientemente, el propio Gobierno ha sido víctima de ataques significativos, incluyendo uno en diciembre de 2025 que afectó al Departamento de Educación, ASES y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La legislación propuesta abarca seis capítulos principales que incluyen delitos informáticos, delitos sexuales perpetrados mediante tecnología, delitos contra la intimidad, la identidad y la persona, así como delitos económicos y colectivos. Entre los delitos tipificados se encuentran el acceso indebido a sistemas informáticos, sabotaje informático, pornografía infantil, acecho cibernético o “cyberbullying”, extorsión informática conocida como “ransomware”, venganza pornográfica, usurpación de identidad, estafa informática, clonación de tarjetas y pánico económico o financiero.
La medida incluye protecciones reforzadas cuando los delitos afecten sistemas gubernamentales, sean perpetrados por funcionarios públicos o involucren menores de edad, con penas que varían desde uno hasta quince años de reclusión según la gravedad del delito.
“Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad”, afirmó el senador Ríos. “Con esta medida cumplimos con ese deber adaptando nuestras leyes a las realidades del siglo XXI y devolviendo a la ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece en el mundo digital”, sostuvo Ríos.
La ley propuesta entraría en vigor 180 días después de su aprobación y se aplicaría únicamente a conductas perpetradas con posterioridad a su vigencia. El legislador exhortó a sus colegas a dar paso expedito a esta medida de vital importancia para la seguridad cibernética de Puerto Rico.
