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Vargas Vidot refiere a la Inspectora General y a la Contralora informe que revela irregularidades de Corrección y compañía privada

El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot refirió a la Oficina de la Contralora y a la Oficina del Inspector General el Cuarto Informe Parcial de la Resolución del Senado 77, donde se investigaron los sucesos relacionados a la muerte de la sumariada Shannel Colón Ponce, y en el proceso destapó irregularidades e incumplimientos contractuales entre Physician Correctional y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

En la misiva cursada tanto a la Contralora, Yesmín Valdivieso, como a la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, el senador independiente destaca alguno de los hallazgos del informe, en particular el incumplimiento contractual de Physician Correctional, en particular la sección 12.2 del Contrato Núm. 2019-000-055, la cual establece que Physician Correctional debe rendir un reporte mensual a la secretaría de Corrección, y posteriormente la sección 12.3 desglosa de manera específica que debe incluir ese reporte, entre ellas, los servicios en el hospital psiquiátrico.

“Al solicitar el reporte mensual dispuesto en el contrato, no se nos envió lo solicitado, ya que no es algo que trabajan, a pesar de estar dispuesto en el contrato. Es decir, lo que le enviaron a nuestra Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción fueron reportes trimestrales que no contenían los requisitos estipulados en el contrato para lo cual Physician Correctional se obligó. Dicha realidad constituye un incumplimiento material con las obligaciones de Physician Correctional”, denunció Vargas Vidot.

Asimismo, el también salubrista criticó la falta de fiscalización por parte del DCR a la empresa encargada de los servicios a la población de personas privadas de su libertad.

“El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha incumplido su deber fiscalizador frente a Physician Correctional tanto en la ausencia del cumplimiento de los informes mensuales, como con la pobre o ninguna fiscalización a las facturas que somete Physician Correctional, tratándolas como un trámite proforma. Esto nos lleva a concluir que brilla por su ausencia la fiscalización del Departamento de Corrección y Rehabilitación en cuanto a los gastos y costos facturados por Physician Correctional”, manifestó el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.

En la misiva, el senador detalló que tuvo acceso a facturas de Physician Correctional sometidas al Departamento de Corrección y Rehabilitación, en las cuales varios detalles levantaron su preocupación, específicamente la cantidad que se cobra por Sistemas de Información mensualmente, este siendo $94,808.331, ya que, al contrastar esta cifra con $18,961.67 utilizados para Finanzas y Presupuesto; $18,961.67 para Recursos Humanos y $146,952.92 para Servicios Clínicos, este último incluyendo la Dirección, Supervisión y Proveedores de Servicios Médicos con 1,630 horas quincenales, cuestionó cómo los trabajos de Sistemas de Información se asemejan más en gastos a Servicios Clínicos que a otras ramas de Physician Correctional.

“Incluso, según información provista por el propio Departamento de Corrección y Rehabilitación en requerimiento de información cursado por esta Comisión, el Departamento contrató una compañía externa de monitoreo y cumplimiento para fiscalizar los contratos con Physician Correctional. Es decir, el Departamento de Corrección y Rehabilitación está contratando a otra empresa más para hacer su trabajo: fiscalizar a Physician Correctional. El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene el deber indelegable de velar por que el contrato de servicios médicos con Physician Correctional se cumpla a cabalidad en beneficios de la población privada de libertad, y entendemos que con el panorama presentado no se está cumpliendo”, abundó.

Específicamente con el caso de Colón Ponce, el senador concluyó que el manejo por parte del DCR fue uno negligente, violento e invalidante.

“A Shannel se le sumarió en un área de seguridad máxima, nunca se le hizo la evaluación de salud mental, se dejó desatendida a tal punto que su vida culminó a sus 23 años dejando a una niña y a una familia que desde el principio toda acción que tomó fue pensando en el beneficio de Shannel con la idea que el sistema la ayudaría, no que crearía las circunstancias injustas que desataron una cadena de sucesos que terminaron en esta trágica muerte. Esto nos lleva a la conclusión de que la agencia incumplió su deber de salvaguardar la seguridad de Shannel”, afirmó el senador independiente.

Así las cosas, Vargas Vidot solicitó a la Contralora y a la Inspectora General que tomaran las acciones pertinentes acorde a los hallazgos del informe producido en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.

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