La Comisión de los Sistemas de Retiro, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, evaluó hoy un paquete de medidas que enmiendan la ley que crea el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico” para incluir una serie de empleados de agencias de ley y orden en la categoría de alto riesgo.
Estas piezas, tienen como fin incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial, a los fiscales y procuradores de menores y familias, así como a los jefes de instituciones juveniles y los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de modo que se les permita retirarse cuando hayan cumplido los 55 años y laborado por 30 años en el servicio público.
Durante la vista pública, el Lcdo. Arnaldo Ortíz Miranda, director ejecutivo de la Junta de Retiro, se mostró en contra de las cuatro medidas que conceden el beneficio de retiro al señalar que su aprobación afectaría el plan fiscal del gobierno al incrementarse antes de tiempo los pagos de pensiones.
En específico, en torno al Proyecto de la Cámara 1064, de los representantes José “Pichy” Torrez Zamora y Héctor Ferrer Santiago, para incluir a los alguaciles dentro de la categoría de servidores públicos de alto riesgo, el deponente indicó que “de aprobarse el proyecto, el resultado sería que los alguaciles pasarían a formar parte de los jubilados antes de cumplir la edad ordinaria de retiro-a los 58-, conforme a la legislación vigente”.
“Por consiguiente, el impacto económico de los aumentos en los beneficios definidos como consecuencia de esta medida se reflejaría, inmediatamente, en la partida presupuestaría destinada para el pago de las pensiones (PayGo)”, dijo Ortíz Miranda.
Añadió que “no podemos perder de perspectiva que existen limitaciones fiscales y legales bajo PROMESA, establecidas en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno y en el Plan Fiscal Certificado”.
El director de esta instrumentalidad sostuvo, que la aprobación de esta pieza conllevaría un impacto económico el cual no está contemplado en estudios actuariales y afectaría de inmediato la partida presupuestaria para el pago de las pensiones.
A su vez, sugirió que se revise el lenguaje propuesto por la pieza, ya que en la actualidad los servidores públicos bajo esta clasificación tienen el beneficio de retirarse a los 58 años en consideración a las funciones que desempeñan.
“Recomendamos que se revise el lenguaje propuesto para que la permanencia en el servicio activo hasta los 62 o 65 años sea voluntaria, siempre y cuando el participante se encuentre apto para ello”, planteó el deponente.
En el caso de los fiscales y procuradores de menores y familia, incluidos en el Proyecto de la Cámara 801, del representante Ramón Torres Cruz, el directivo tampoco favoreció la enmienda bajo los mismos argumentos económicos, así como el hecho de que estos funcionarios son nombrados por un término definido, lo que los obligaría a abandonar su empleo cuando cumplan la edad determinada, aunque no hayan finalizado el periodo para el que fueron confirmado.
Por su parte, Amircal Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, favoreció estas piezas que reconocen el riesgo al que están expuestos en el cumplimiento de la ley que les crea desgaste físico y emocional acelerado comparable al caso de los agentes de la Policía y los oficiales del Departamento de Corrección.
De igual forma, recomendó que la discusión sobre la edad de retiro sea abordada con “balance” permitiendo que los empleados que voluntariamente deseen retirarse puedan así hacerlo sin afectar a los que opten por mantenerse laborando.
A renglón seguido, el director a cargo de la Junta de Retiro se manifestó en iguales términos, sobre el Proyecto de la Cámara 374 de la representante Omayra Martínez Vázquez y el Proyecto de la Cámara 661, del representante Ensol Rodríguez Torres, para incluir tanto a los jefes de instituciones juveniles, como a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales bajo esta clasificación.
Ortiz Miranda, indicó que estas propuestas no solo afectan al erario público sino al resto de los empleados que caerían bajo esa clasificación y no quieran retirarse, ya que tendrían que renunciar antes de los 62 años que es la edad máxima que pueden trabajar.
Como alternativa presentó, a preguntas de la representante Ramos Rivera, “permitir que estas clasificaciones bajo discusión puedan renunciar a los 55 años de edad; habría que crear un proyecto para incluir estas clasificaciones sin alterar los componentes de lo que hoy en día son funcionarios de alto riesgo para propósitos de los que es la Ley 447 de 1951”.
“El fin es permitir que renuncien a esa edad, no obligarlos a renunciar”, enfatizó el deponente que se comprometió que, con los informes presentados por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, ofrecer el dato sobre el impacto de los que si cumplen para retirarse.
Mientras, que la presidenta de la Comisión, la representante Ramos Rivera, aseguró que se propone junto al resto de los representantes miembros de la comisión y el asesor legal “discutir esto a ver cómo se armonizan estas propuestas. Podríamos estar tocando base nuevamente con la Junta de Retiro, para que finalmente se haga el informe y poder incluir las inquietudes que se han presentado en esta vista, ya que el punto de los proyectos es que estos empleados sean clasificados como servidores de alto riesgo”.
En término similares, se expresó el representante Reinaldo Figueroa Acevedo, quien declaró que se debe “tomar con pinzas estas piezas legislativas, ya que la función que realiza cada uno es diferente. Además, debemos tomar en cuenta que en el caso de los fiscales su nombramiento es a término. Tenemos que tomar en cuenta no solo el impacto económico de los empleados que se retiren, sino el de la contratación de personas para llenar estas plazas de difícil reclutamiento”.
