El Departamento de Agricultura expresó este martes su respaldo a la propuesta legislativa que persigue reformar el sistema de permisos, pero la agencia advirtió que cualquier cambio al ordenamiento territorial deberá mantener un balance entre la agilización de procesos, la protección de los recursos naturales y la preservación de los suelos agrarios.
En una ponencia escrita, el secretario Irving Rodríguez opinó que el Proyecto de la Cámara 1213 crea un entorno regulatorio más favorable para la inversión agrícola al simplificar la obtención de permisos y promover el uso productivo de terrenos.
“Desde la perspectiva agrícola, esta transformación representa un avance significativo al reducir los tiempos de evaluación, disminuir cargas burocráticas, y facilitar la formalización y expansión de operaciones agrícolas”, indicó el titular.
Sin embargo, destacó la importancia de que los criterios establecidos en el Reglamento Único confirmen que el predio tiene valor agrícola real y capacidad eficiente. Explicó que, de este modo, solo se podrán clasificar como reservas agrícolas aquellos terrenos que cualifiquen como suelos de alta productividad y mecanizables.
“El proyecto incorpora parámetros más definidos y medibles para la evaluación de usos. Esto provee mayor certeza sobre los usos permitidos, reduce la discreción administrativa y facilita la planificación a largo plazo de proyectos agrícolas”, aseguró el jefe de Agricultura.
A preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago, la agencia rechazó que los terrenos agrícolas se perjudicarían con la aprobación de la medida que, según redactada, permitiría el desarrollo agrícola en agrupación –conocido como “cluster”– con la finalidad de concentrarlo en un área limitada que no excederá el 25 % del predio.
Según el legislador, esta disposición, contenida en el Artículo 7.32 del proyecto de ley, autorizaría a los desarrolladores a conservar el 75 % del terreno para aumentar la producción agrícola y el porcentaje remanente podrá ser utilizado para la construcción de múltiples viviendas.
“¿Por qué el Departamento de Agricultura le está diciendo a esta honorable comisión que los terrenos agrícolas no se van a ver afectados cuando, actualmente, el desarrollo en terrenos agrícolas solamente permite una propiedad, o dos propiedades, como máximo?”, cuestionó Ferrer Santiago.
Mientras, el licenciado Edison Negrón, abogado de la agencia, respondió a su planteamiento que, desde la interpretación de Agricultura, “se mantienen unas reservas” y “se establecen unas provisiones para evaluar cada uno de esos proyectos”.
“Donde se podrían dar actividades duales, va a tener que darse lo que es la evaluación y el endoso de las diferentes agencias para ver si ese impacto es real y es conveniente el desarrollo”, añadió el deponente.
El representante Joel Franqui Atiles, quien presidió los trabajos de la Comisión Especial, expresó que la iniciativa de los llamados “clusters” es promovida por los propios agricultores.
De acuerdo con el inciso, el “clúster” no aumentará el número total de unidades de vivienda o intensidad total permitida en el predio total, conforme a la zonificación y exceptuando ciertos casos en que se combinan con incentivos tabulados o transferencia de derechos de desarrollo.
“Muchas veces las personas lo ven como algo negativo y muchos de estos agricultores están buscando construir viviendas cerca para tener empleados para poder desarrollar, inclusive, estas fincas”, dijo Franqui Atiles.
Líder cameral exige precisión
Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, requirió al Departamento de Salud que especifique los permisos especializados que deberán permanecer bajo la concesión de la agencia.
El secretario Víctor Ramos adelantó que buscará que Salud conserve el licenciamiento de asuntos relacionados con instituciones médicas, narcóticos y cannabis medicinal, pero indicó que aún está en discusiones preliminares con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
El líder cameral dijo que busca prevenir “dejar puertas abiertas en la legislación”, al tiempo que exigió que se establezcan los permisos que continuarán bajo la jurisdicción de Salud y cuáles serán transferidos al DDEC previo a la aprobación de la reforma.
“Yo soy uno de los que creo que el certificado de necesidad y conveniencia es algo inherente de Salud. No debe estar en las manos del Departamento de Desarrollo Económico porque darían certificados a tutiplén sencillamente pensando en desarrollo económico, no en una condición que tiene que ver con salud”, puntualizó Méndez Núñez.
En tanto, Ramos afirmó que endosa la legislación tal como está presentada tras concluir que, desde la óptica de la salud pública, la reforma propuesta es un avance estratégico necesario para el desarrollo económico.
“Provee el marco necesario para un crecimiento ordenado y sostenible, asegurando que cada paso hacia el desarrollo respete y fortalezca las garantías fundamentales de salud”, aseveró el titular.
En la audiencia, también participaron los representantes Denis Márquez Lebrón, Omayra Martínez Váquez, Víctor Parés Otero y Wilson Román López.
