Ante la inminente certificación por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de un Plan Fiscal revisado para la Universidad de Puerto Rico, la Congresista Nydia M. Velázquez (D-NY) y sus colegas demócratas han instado esta semana a la Junta a rechazar cualquier plan que prolongue casi una década de austeridad y, en su lugar, restablezca una inversión pública estable, proteja las pensiones, frene el aumento de las matrículas y atienda las reivindicaciones que motivan las huelgas estudiantiles en curso.
“Durante más de una década, la Universidad de Puerto Rico se ha enfrentado a una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que limitan su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes,” escribieron los legisladores. “Esta crisis no solo afecta al estudiantado, sino que también repercute en todo el territorio. El debilitamiento de la educación pública limita la movilidad social, reduce la investigación y afecta a los servicios que la institución presta a las comunidades, poniendo en riesgo el futuro de Puerto Rico.”
Los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, junto con el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Visuales y Diseño, conforman el único sistema público de educación superior de la isla, al que acuden cerca de 43 000 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 27 % de la población universitaria de Puerto Rico. Más allá de las aulas, la UPR gestiona centros de investigación, un hospital, programas de extensión agrícola y clínicas comunitarias gratuitas, al tiempo que lidera la investigación académica en Puerto Rico y produce el 90 % de los proyectos de investigación de la isla financiados por la NSF, los NIH y la NASA.
El presidente de la UPR ha reconocido que el Plan Fiscal revisado no presenta nuevas fuentes de ingresos significativas, recortes en el gasto ni reformas en el sistema de pensiones. Desde marzo, los estudiantes se han manifestado en contra del plan y han exigido un aumento de la financiación, poniendo de manifiesto la incapacidad de la administración para hacer frente a la creciente crisis presupuestaria de la universidad.
En la carta, los legisladores instan a la JSF a respaldar las siguientes disposiciones:
- Apoyar un aumento gradual de la asignación estatal al presupuesto de la Universidad.
- Limitar los costes de matrícula tanto en los estudios de grado como de posgrado.
- Fomentar la contratación y la retención de personal docente y no docente.
- Garantizar una financiación adecuada para el Sistema de Jubilación de la UPR.
- Incluir reformas académicas impulsadas por una educación de calidad y que cuenten con el apoyo del alumnado y del profesorado
“La necesidad de una UPR estable, con una financiación pública acorde, nunca ha sido tan crucial,” escribieron los legisladores. “Como miembros del Congreso que representamos a la isla o a las grandes diásporas puertorriqueñas, nos sigue preocupando que el Plan Fiscal revisado presentado por el Consejo de Gobierno de la UPR, que permanecerá en vigor hasta el año fiscal 2027, no tenga en cuenta las necesidades actuales de la Universidad.”
La carta fue firmada por los Congresistas Delia C. Ramírez, Jesús “Chuy” García, Dan Goldman, Alexandria Ocasio-Cortez, Nellie Pou, Adriano Espaillat, Pablo José Hernández y Darren Soto.
La carta fue respaldada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociacion de Porfesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), y el Consejo General de Estudiantes de la UPR Recinto de Rio Piedras.
