La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico expresó su profunda preocupación ante la aprobación de una medida legislativa RC del Senado 098 que dispone la distribución de $4.7 millones provenientes de los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar entre un grupo limitado de municipios, sin que se hayan explicado públicamente los criterios utilizados para determinar dicha asignación. La resolución distribuye los fondos únicamente entre diez municipios específicos.
“Nos preocupa profundamente que no se hayan presentado los parámetros utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados. Los fondos de las máquinas de juegos de azar se generan en todo Puerto Rico y, por consiguiente, el País merece conocer qué metodología se utilizó para determinar quiénes recibirían estos recursos y quiénes quedarían excluidos”, expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge González Otero.
El líder municipal señaló que la medida no establece criterios relacionados con la población, los niveles de pobreza, la situación fiscal de los municipios, la cantidad de máquinas de juegos de azar ubicadas en cada pueblo ni el nivel de ingresos que cada municipio aporta al fondo.
“Resulta igualmente llamativo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no se haya incluido ni uno solo en la distribución anunciada. Esa realidad hace aún más necesario que se expliquen de manera transparente los fundamentos que sirvieron de base para esta determinación”, añadió González Otero.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, solicitó que se haga pública la información relacionada con la operación de las máquinas de juegos de azar en Puerto Rico.
“Solicitamos un desglose detallado por municipio que incluya cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que hoy se está distribuyendo. Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución realizada responde a criterios objetivos y equitativos”, expresó Rodríguez Irizarry.
“Los recursos públicos deben administrarse con absoluta transparencia y bajo criterios claros y verificables. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se fortalece cuando las decisiones relacionadas con la distribución de fondos públicos pueden explicarse y justificarse de manera objetiva”, concluyó González Otero.
Según reza dicha Resolución Conjunta del Senado 195, las asignaciones se realizarían de la siguiente manera: Aguas Buenas ($450k), Yauco ($450k), Corozal ($450k), Aibonito ($450k), Barranquitas ($450k), Maunabo ($450k), Cidra ($300k), Orocovis ($300k), Guayanilla ($714k) y Las Marías ($714k).
Mientras, el alcalde de Aguada y secretario de la Junta de la Asociación de Alcaldes, Christian Cortés Feliciano, señaló que “el País debe saber que ningún municipio del oeste recibió un solo centavo. Una vez más, los intereses y las necesidades de Aguada, así como de los demás pueblos del oeste, no fueron una prioridad al momento de distribuir estos recursos. Ahora la medida pasa a la Cámara. Confiamos en que ese cuerpo enmiende la resolución para lograr una distribución más justa y equitativa”.
“Hemos cursado un requerimiento formal, al amparo de la Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda, para que se haga público un desglose por municipio que incluya cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que hoy se distribuye. Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución responde a criterios objetivos y equitativos”, finalizó Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
La Asociación de Alcaldes reiteró que los municipios, independientemente de su tamaño o composición política, enfrentan enormes retos fiscales y continúan siendo la primera línea de respuesta en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
