Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), cuestionó hoy la lentitud y actitud con la que pretenden atender el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limita el poder del gobierno para desarmar a los consumidores de drogas.
“La realidad es que la Policía de Puerto Rico, ni ningún tribunal en Puerto Rico, puede ir en contra de la decisión del alto foro. El Tribunal Supremo dictaminó contundentemente con relación a las personas que tienen licencia de cannabis y licencia de armas. Imponer trabas y alegar que ahora van a investigar, evaluar, verificar a un ciudadano que le fueron ocupadas sus armas y su licencia de armas es una decisión errónea e injusta por parte de la Policía de Puerto Rico”, manifestó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA afirmó que “se les podría dar un espacio breve para que la policía haga un informe de todas esas personas que se vieron afectadas y que, a la mayor brevedad, empiecen a comunicarse con esas personas para que se les entregue, tanto su licencia como sus armas de fuego”.
El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, emitido el pasado 18 de junio por decisión unánime, representa un cambio clave en la manera que la Policía de Puerto Rico y los jueces a nivel estatal intervendrán con los poseedores de licencia de armas y concluye que, el gobierno no puede desarmar automáticamente a usuarios de drogas sin probar peligrosidad.
La decisión de la Corte Suprema es de amplio alcance sobre el derecho a portar armas al fallar a favor de Ali Danial Hemani, un ciudadano de Texas que impugnó una ley federal de armas que prohíbe poseer armas de fuego a ciertas personas que consumen drogas ilegales.
Torres Meléndez dijo que, al igual que las agencias federales como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tienen que hacer ajustes en la forma 4473 ya que previo a la decisión de la Corte Suprema, incluía una pregunta sobre si usted es usuario de algún tipo de sustancia, entre ellas cannabis, la Policía de Puerto Rico tiene que enmendar sus procedimientos.
“Sí, reconocemos que cualquier mandato nuevo requiere que la agencia realice un análisis jurídico y modifique sus reglamentos y directrices operacionales antes de aplicarlo en la calle. Pero eso no significa que se van a tardar años. Se trata de hacer justicia a las personas que tienen el derecho legal y constitucional a defender su vida y que han sido privados de su derecho a poseer licencia de armas por parte del Estado, sin haber cometido delito alguno”, expresó el presidente de CODEPOLA.
Sobre el Proyecto de la Cámara 651 ante la consideración del Senado de Puerto Rico, que propone prohibir expresamente que una persona con una licencia vigente de cannabis medicinal pueda obtener una licencia de armas y autoriza mecanismos para que el Negociado de la Policía verifique si un solicitante mantiene una licencia activa de cannabis medicinal, dijo que “daremos espacio para que lo evalúen de manera responsable, pero entiendo que nuestros senadores no aprobarán un proyecto inconstitucional, que violenta una decisión explícita y categórica del Tribunal Supremo”.
“CODEPOLA ha sido claro con relación a la defensa de los derechos de todos los puertorriqueños y recientemente, abrimos las puertas de nuestras oficinas, no tan sólo para los socios, sino para cualquier ciudadano que se vio afectado por la decisión de la Policía de Puerto Rico, de quitarle su licencia de armas cuando les advertimos que había un caso ante el Supremo y que debían ser prudentes en los casos de personas con licencia de cannabis, pero no escucharon. Siguieron revocando licencias y ocupando armas, como si esto fuera una cacería de brujas. Al final del camino, la decisión judicial terminó dándonos la razón”, expresó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA exhortó a la Policía de Puerto Rico a no dilatar más este proceso y que lo trabajen de la forma más rápida, porque si este proceso llegará al tribunal, la pregunta obligada que bajaría hacia la Policía de Puerto Rico es ¿cómo la uniformada se enteró de que estos ciudadanos tenían licencia de cannabis?”.
Torres Meléndez recordó que a los ciudadanos los cobija una protección a través de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996), una norma federal de Estados Unidos que establece estándares para proteger la información de salud protegida, que incluye datos médicos, identificadores personales y cualquier otra información relacionada con la salud física o mental de una persona, con el fin de garantizar la privacidad, seguridad y confidencialidad de esta información, así como limitar su uso y divulgación sin autorización del paciente.
“Es bien preocupante y será importante conocer qué mecanismos utilizó la Policía de Puerto Rico para identificar a las personas con licencia de cannabis, corroborar en el sistema si poseían licencia de armas para después proceder a revocarlas y ocupar sus armas de fuego. ¿Fue una acción legal? ¿Se hizo tras bastidores? ¿Se violaron algunos derechos de estos ciudadanos? Para evitar una situación mayor y que esto se complique, creo que lo más correspondiente es agilizar su evaluación administrativa y establecer los procedimientos para acatar la decisión de forma inmediata la decisión del Supremo”, concluyó Torres Meléndez.
