El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un paquete de medidas para atender la crisis de pagos que enfrentan los médicos, hospitales y otros proveedores de salud en Puerto Rico, y para establecer reglamentación clara en los servicios estéticos y de sueroterapia en la Isla.
Entre las medidas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 867, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, por petición, que crea la “Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad”, conocida como Ley REMESA. El proyecto de ley busca que las aseguradoras y el Plan Vital paguen a los médicos, hospitales y demás proveedores de salud de forma más rápida y clara.
La medida obliga a que las reclamaciones se sometan y se paguen a través de un sistema electrónico, con plazos claros para contestarlas y pagarlas. También agiliza el proceso para que los médicos se integren a las redes de las aseguradoras, y le da poder al secretario de Salud para ordenar que se abran esas redes cuando el acceso a servicios médicos esté en riesgo. Además, crea el Fondo REMESA, que se nutre de entre un 5% y un 10% del dinero del Plan Vital, para ayudar a los hospitales, retener personal médico y pagar los préstamos estudiantiles de los médicos subespecialistas.
Asimismo, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 971, de la autoría del portavoz alterno de la mayoría y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, que crea la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico”. Con esto, se busca establecer, por primera vez, reglas claras para estos servicios: exige que quienes los ofrezcan tengan licencia y la preparación adecuada, que el paciente firme un consentimiento informado antes de cualquier procedimiento, pone límites a la publicidad engañosa, permite que el Departamento de Salud haga inspecciones, y obliga a reportar cuando ocurra algún problema o complicación.
Como parte de esa nueva estructura, se crea la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. Además, se establecen tres niveles de preparación y licencia para ejercer la estética: Estética Facial, Estética Integral y Estética Avanzada.
También establece que ningún procedimiento estético mínimamente invasivo ni ningún tipo de sueroterapia podrá hacerse sin la supervisión de un médico, ya sea de forma directa o delegada. Además, prohíbe expresamente que los esteticistas, que no son médicos, apliquen inyecciones, hagan procedimientos con láser médico, usen plasma rico en plaquetas o hagan peelings químicos profundos, entre otros procedimientos reservados a profesionales de la salud. En el caso específico de la sueroterapia, todo negocio que la ofrezca deberá tener un área estéril para preparar las mezclas, usar solo productos regulados y con trazabilidad, y contar con equipo para atender una emergencia médica. La ley entraría en vigor dos años después de haber sido aprobada.
“Hemos encontrado muchas irregularidades en esta industria tan necesaria aquí en Puerto Rico, que ha ido evolucionando año tras año… Esto lo que busca es crear un esquema regulatorio sobre la práctica de la estética donde nosotros podamos garantizarle a todos aquellos clientes que acudan a estos centros de estética que van a tener una buena salud pública, vamos a poder fiscalizar a los profesionales que practican la estética en Puerto Rico. Este proyecto busca garantizar que los profesionales reciban una educación adecuada de lo que debe ser la práctica de la estética, y, como siempre, proteger al consumidor”, explicó el autor de la medida, el senador Morales Rodríguez.
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1239, presentado igualmente por Morales Rodríguez, que obliga a todo profesional de la salud autorizado a recetar a revisar el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP) antes de recetar sustancias controladas, y a dejar constancia de que lo hizo. La medida permite excepciones en casos de emergencia médica o cuando el sistema no esté disponible.
La medida requiere que el médico escriba una frase específica en la receta para certificar que consultó el sistema: “Certifico que verifiqué el PDMP.” Si no pudo hacerlo por una emergencia o porque el sistema no estaba disponible, deberá anotar en su lugar: “Certifico que no fue posible verificar el PDMP”, y dejar constancia en el expediente del paciente de la razón. La pieza legislativa busca evitar prácticas como que un paciente visite a varios médicos para conseguir múltiples recetas de una misma sustancia, así como combinaciones peligrosas de medicamentos, como opioides con benzodiazepinas.
Por otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 1254, de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que protege por ley a los periodistas y a otras personas que hacen trabajo de prensa, para que no tengan que revelar sus fuentes confidenciales. La medida convierte en ley una protección que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya había reconocido, y aclara en qué casos un tribunal podría, aun así, obligar a revelar esa información.
Del mismo modo, aprobó el Proyecto de la Cámara 911, que cambia la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir el llamado “voceteo” durante ciertas horas de la noche y cerca de escuelas, hospitales y otras zonas donde se necesita tranquilidad; permite que los municipios pongan sus propias reglas durante el día, y establece multas para quien la incumpla.
Por otro lado, el Senado aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara 6, en la que la Asamblea Legislativa expresa su preocupación por la forma en que la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) calcula el pago adicional por costo de vida, conocido como Locality Pay, que reciben los empleados federales en Puerto Rico. La resolución le pide al presidente Donald Trump, al Congreso y a las agencias federales que tomen acción para que a estos empleados se les pague de forma justa.
Finalmente, el Alto Cuerpo le dio paso a una serie de nombramientos, entre ellos el de la licenciada Julie O. Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Al presentar su nombramiento, la senadora Roxanna Soto Aguilú expresó que la nominada “es una mujer puertorriqueña, laboriosa, profesional, creyente en Dios que ha decidido acoger la responsabilidad y en este momento asumir las riendas del Departamento”. Por su parte, el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, sentenció que “va a ser una secretaria que va a estar pendiente siempre de su personal y para lograr una buena rehabilitación de la comunidad penal tiene que apoyar a su personal”.
El Senado también confirmó a la licenciada Ilsa I. González Rivera y al licenciado Elmer Luis Cuerda Cruz como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia; a Marieli Paradizo Pérez, en ascenso, como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; al licenciado Roberto Juan Hernández Ramos como juez municipal; a las licenciadas Dairene Santo Domingo Rivera y Meilynn Ramos Rivera, ambas en ascenso, como fiscales auxiliares II del Departamento de Justicia; al ingeniero Anthony Y. Yrimia Herrera para un nuevo término como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; al arquitecto Carlos A. Rubio Cancela para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; y a José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música.
