Ante la creciente preocupación por el costo de los alquileres y la limitada disponibilidad de viviendas asequibles en Puerto Rico, el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, encabezó una mesa redonda multisectorial dirigida a identificar alternativas que permitan ampliar la oferta de unidades residenciales y atender las dificultades económicas que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda.
Durante el encuentro, Ríos presentó un análisis que revela que el 45 por ciento de los hogares inquilinos en Puerto Rico destina más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de la renta, mientras que un 30 por ciento utiliza más de la mitad de sus ingresos para cubrir ese gasto. La presentación también identificó un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, así como 335,862 unidades de vivienda vacantes en la Isla.
El vicepresidente senatorial destacó la necesidad de evaluar incentivos gubernamentales que hagan viable para los desarrolladores la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, tomando en consideración las necesidades particulares de cada municipio. Asimismo, planteó examinar mecanismos que permitan reducir los costos de desarrollo y operación de estas propiedades y estimular el alquiler residencial a largo plazo. Ríos sostuvo que el propósito de la iniciativa es recopilar los planteamientos de los distintos sectores para determinar si las soluciones identificadas requieren nueva legislación o pueden atenderse mediante una agenda de trabajo interagencial a corto, mediano y largo plazo.
También, participó del encuentro la presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado, Jamie Barlucea Rodríguez, quien destacó que como resultado de un encuentro multisectorial celebrado recientemente, se radicó un paquete de medidas legislativas dirigidas a atender distintos desafíos relacionados con la vivienda en Puerto Rico, algunas de ellas en conjunto con el vicepresidente senatorial. La legisladora adelantó que durante la evaluación de estas propuestas se solicitarán recomendaciones de los sectores involucrados para fortalecer su contenido y alcance.
Asimismo, Barlucea resaltó una propuesta legislativa dirigida a establecer un portal único que permita identificar y clasificar propiedades vacantes, abandonadas y terrenos públicos, ante la falta de integración de la información que mantienen distintas dependencias gubernamentales. “Todo está bien aislado”, expresó la senadora, al señalar la importancia de ofrecer orientación y herramientas a los municipios para identificar estas propiedades y aprovecharlas. En ese sentido, indicó que se contempla coordinar con el Departamento de la Vivienda actividades de orientación y modelos de documentos que faciliten estas gestiones, particularmente en los municipios que enfrentan limitaciones de personal y recursos económicos.
Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, destacó la importancia de conocer directamente las dificultades que enfrentan los distintos sectores para desarrollar medidas administrativas que respondan a las necesidades de vivienda. Durante su intervención, informó que la agencia ha entregado más de 7,000 viviendas mediante sus programas de recuperación y que proyecta alcanzar cerca de 1,000 unidades a través de sus programas de vivienda unifamiliar para diciembre, entre propiedades entregadas, listas para entrega y otras en construcción.
En tanto, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario, explicó que los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler del Programa de Sección 8 aumentaron de un 92 a un 122 por ciento, lo que ha generado presiones sobre los recursos disponibles. Según detalló, aunque la utilización de los vales alcanza un 86.1 por ciento, el gasto del programa representa un 97.7 por ciento de su presupuesto, situación que limita la emisión de nuevos vales y mantiene cerrada la lista de espera. Asimismo, indicó que se proyecta reducir el parámetro al 110 por ciento a partir de enero de 2027, por lo que la agencia solicitó mantener el nivel actual para evitar posibles repercusiones sobre los participantes y propietarios.
El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, destacó los esfuerzos de la agencia para impulsar proyectos de desarrollo de viviendas mediante la combinación de incentivos contributivos y distintas fuentes de financiamiento. Asimismo, resaltó la colaboración que mantiene la AFV con el sector cooperativo para identificar iniciativas que contribuyan a ampliar las alternativas de vivienda asequible en Puerto Rico.
En esa línea, Michael Jiménez, representante de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), destacó el potencial del sector cooperativo para financiar proyectos de vivienda asequible. Como ejemplo, informó que recientemente siete cooperativas se unieron para otorgar financiamiento sindicado por cerca de $11 millones destinado a un proyecto de viviendas de alquiler asequible. También explicó que las cooperativas están explorando la integración de subvenciones e incentivos disponibles a través del Federal Home Loan Bank de Nueva York, dirigidos a la adquisición, construcción y rehabilitación de propiedades, con el propósito de reducir los costos de financiamiento.
Desde el sector de la construcción, la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Pinsy Rivera Ortiz, advirtió que los elevados costos de desarrollar nuevas viviendas continúan representando uno de los principales obstáculos para aumentar la oferta. “Los costos de construcción se dispararon desde el COVID para acá”, expresó Rivera Ortiz, quien señaló que, contrario a las expectativas, estos costos no disminuyeron tras la pandemia, lo que dificulta la viabilidad económica de proyectos dirigidos a familias con ingresos limitados.
Por otro lado, el portavoz de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano, manifestó preocupación por las posibles consecuencias de extender los procedimientos de desahucio, al considerar que podrían provocar que algunos propietarios retiren unidades del mercado de alquiler a largo plazo para destinarlas a alquileres de corta duración. “Con esto tenemos que tener mucho cuidado”, advirtió Serrano, quien recomendó evaluar incentivos similares a los utilizados en el sector turístico y explorar fondos federales, como CDBG, para rehabilitar propiedades abandonadas y edificios públicos que puedan destinarse a viviendas de alquiler.
Por su parte, la representante de la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, Brenda Arroyo, recomendó revisar las tablas de pago del Programa de Sección 8 para que los subsidios de alquiler respondan a las condiciones económicas de los distintos municipios. Según sostuvo, Puerto Rico se ha rezagado en comparación con algunas jurisdicciones estadounidenses en cuanto a los pagos que reciben los propietarios participantes del programa. Arroyo señaló que el aumento en los costos de mano de obra, mantenimiento y financiamiento hipotecario, con tasas de interés que pueden alcanzar entre un 7 y un 8 por ciento, dificulta que los arrendadores puedan ofrecer viviendas adecuadas a precios accesibles.
En representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jaime García propuso establecer un programa de incentivos para alquileres asequibles, crear un fondo de fianza para arrendatarios y facilitar la rehabilitación de propiedades vacantes. Asimismo, planteó que los municipios identifiquen terrenos, edificios públicos en desuso y propiedades abandonadas que puedan aprovecharse mediante alianzas con desarrolladores privados, en las que los gobiernos municipales aporten las propiedades y el sector privado realice las inversiones. García también expresó reservas sobre la concesión de exenciones contributivas que puedan afectar los ingresos municipales.
Mientras, el licenciado Roberto Pagán, representante de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, propuso gestionar una dispensa (waiver) ante el Gobierno federal para revisar los criterios de elegibilidad del Programa de Sección 8. Según explicó, la alternativa permitiría utilizar como referencia los parámetros de ingresos del municipio con el nivel más alto en Puerto Rico, con el propósito de ampliar el acceso al programa en toda la Isla y permitir que un mayor número de familias pueda cualificar para recibir asistencia en el pago de sus alquileres.
De igual forma, Marcos Rivera, representante de la Oficina de Vivienda Municipal de Toa Baja, expuso iniciativas dirigidas a reducir los costos de rehabilitación de viviendas mediante la colaboración con entidades del sector de la vivienda y la búsqueda de fondos federales. Durante su intervención, hizo referencia a un proyecto para rehabilitar propiedades, con una inversión promedio estimada de $30 mil por vivienda. Asimismo, explicó que se evalúa el uso de fondos del programa CDBG y que mantienen un proceso de asistencia técnica para desarrollar intervenciones de rehabilitación de alrededor de $25 mil por unidad.
En la mesa redonda también participó la representante del Distrito 21, Omayra M. Martínez Vázquez, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, junto a representantes de entidades gubernamentales, organizaciones municipales y sectores vinculados a la construcción, el financiamiento y el arrendamiento de viviendas.
Al concluir los trabajos, Ríos adelantó que se preparará una minuta con los principales planteamientos y recomendaciones presentados durante el encuentro, la cual será compartida con los participantes para su evaluación. Asimismo, explicó que se continuará trabajando en las alternativas discutidas para determinar cuáles pueden implementarse y cuáles requieren gestiones adicionales.
