El Senado dejó en suspenso el jueves lo que se calificó como la primera votación en su clase y con la cual se le exigiría a la gobernadora la “separación inmediata del cargo” a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
La suspensión de la votación ocurrió después de que consumieran turnos a favor senadores de las delegaciones de los partidos Independentista Puertorriqueño y Popular Democrático y el senador independiente Eliezer Molina Pérez. En medio del debate, el presidente Thomas Rivera Schatz decretó un receso para reunión de su caucus y, al reanudar, el senador penepé Ángel Toledo solicitó dejar en suspenso la votación hasta que terminara la investigación del Senado sobre varias actuaciones de la funcionaria.
Con la Resolución Concurrente del Senado 23, el cuerpo retiraría el consentimiento constitucional que prestaron al nombramiento cuando el 10 de febrero de 2025 lo aprobaron unánimemente. La medida es de la autoría de los senadores independentistas Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago.
«Se rajaron», denunció González Costa sobre los senadores de la mayoría novoprogresista que dejaron la votación en suspenso.
La exposición de motivos enumera varias de las controversias públicas en las que está involucrada la funcionaria y abona que lo que ha testificado ante el Senado sobre ellas, en contraste con la prueba documental que ese cuerpo legislativo ha recopilado, “han lesionado de forma irreparable la credibilidad de la secretaria”.
“La señora Roig ha demostrado una conducta contumaz ante los procesos que ha llevado a cabo el Senado de Puerto Rico. Dilaciones en la entrega de documentos solicitados, brindar información falsa durante la celebración de vistas públicas, entre otras. Este tipo de conducta no solo va en contra de lo que debe ser la exhibida por una jefa de agencia, sino que coloca a este Cuerpo en la posición de retractar lo que en un momento fue el consejo a la gobernadora y definitivamente su consentimiento a que la Sra. Roig continúe al mando del Departamento de la Familia”, añade la medida.
La resolución concurrente se fundamenta en hechos como: que Roig Fuertes no divulgó que fue objeto de un referidio por la otorgación en 2021 de contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un solo paciente; por las presiones a las que sometió a la exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, para que firmara un contrato de $38 millones con la entidad NOLA Education; por decir que había pagado con su dinero una cena durante un viaje que le pagó NOLA, a pesar de que NOLA certificó que ellos pagaron la cena; y al insistir en que la entidad Coccoloba AgroEnvironmental había sometido una propuesta durante el proceso para adjudicar el contrato a NOLA cuando realmente la entidad nunca sometió una propuesta.
Más temprano el jueves, Roig Fuertes, quien supuestamente está fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos personales, emitió declaraciones escritas.
‘Ningún ruido motivado por intereses políticos me distraerá de mis responsabilidades. Como servidora pública, continúo trabajando con firmeza por el bienestar de las poblaciones más vulnerables, guiada por la integridad, la honradez y la rectitud que siempre han definido mi vida personal y mi trayectoria profesional. La persecución, el acecho, el acoso y el hostigamiento desmedido al que he sido sometida no lograrán apartarme de mi deber ministerial, ni debilitarán mi compromiso con Puerto Rico”, dijo.
