Teniendo como prioridad defender el bolsillo de los contribuyentes y del consumidor, además de la eficiencia en el servicio público, la gobernadora Jenniffer González anunció la cancelación del contrato del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan bajo la compañía S2PR.
La gobernadora hizo el anuncio junto al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos Norberto Negrón, el superintendente de la Policía Joseph González, el secretario de Hacienda Ángel Pantoja, los representantes Víctor Parés y José Aponte y el comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera el Capitán Luis Rodríguez.
Estuvieron además Yandia Pérez vicepresidenta de la Asociación de Industriales, Manuel Reyes vicepresidente ejecutivo de MIDA, José (Pepe) González presidente de la ACDET (Asociación Comercio al Detal de PR), Margaret Ramírez Báez presidenta de la Cámara de Comercio, Eduardo Marxuach presidente de Econo, José F. Nazario presidente de la Asociación de Navieros y Eduardo Pagán vicepresidente y gerente general de TOTE Maritime.
La hoy gobernadora es la autora de la Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria (Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2008) que tiene como propósito la seguridad portuaria, eficiencia comercial y apoyo a la recaudación de Hacienda.
Al amparo de dicha ley, se firmó en diciembre de 2009 el contrato con S2PR para la operación del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan y así fortalecer la seguridad portuaria, garantizar un flujo comercial ágil y apoyar la recaudación contributiva. El contrato original ha sido objeto de múltiples enmiendas y acuerdos suplementarios para extender plazos, redefinir obligaciones y atender hallazgos del Contralor.
Desde el 2016 al 2024, los registros reflejan que miles de contenedores han sido escaneados, pero ninguno con resultados en seguridad ni recaudación. Se han detectado más de 3,400 incongruencias en manifiestos entre 2011 y 2024, pero sin incautaciones; Hacienda no mantiene presencia en los muelles desde 2017; y la Policía solo participó los primeros años, luego cesó su rol.
Este contrato ha costado del 2011 al 2024 más de $168 millones financiados por el cargo por medidas de seguridad o Enhanced Security Fee (ESF), esto es un promedio de $1.2 millones mensuales.
El impacto económico es $65 millones anuales a la cadena de suministros, según estimados del sector privado.
Estos gastos por año hasta el presente son en comparación a 0 referidos a la Policía por parte del sistema de escaneo y 0 referidos en Hacienda como resultado del escaneo.
El contrato ha tenido cinco enmiendas y en la sexta no fue aprobada la vigencia establecida por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la Junta), cabe señalar que la última enmienda propuesta fijaba vencimiento en 2031 con inversiones adicionales, pero la Junta la aprobó solo hasta diciembre de 2025. El contratista no firmó y el contrato vigente proyecta vigencia hasta 2033.
En defensa del interés público y el bolsillo del consumidor es que el gobierno de Puerto Rico cancelará el contrato con S2PR, reconociendo que la intención de la Ley 12-2008 fue loable, en la práctica no ha cumplido su cometido.
“Se han invertido más de $168 millones sin resultados proporcionales en seguridad ni recaudos. Además, Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos con este tipo de contrato leonino y oneroso. La cancelación es un ahorro para el pueblo y las futuras generaciones; representa un alivio inmediato a la economía, elimina una carga injusta para consumidores y reafirma nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y el buen uso de fondos públicos”, expresó la gobernadora.
“Hoy, junto a nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, damos otro paso firme en acorde con la encomienda que nos dio para dirigir la Autoridad de los Puertos el pasado mes de enero. Durante los pasados meses hemos trabajado en el análisis de este contrato, se realizaron inspecciones y sostuvimos múltiples reuniones con los sectores que se han visto impactados por un acuerdo no representa los mejores intereses para el Pueblo de Puerto Rico. La conclusión de este análisis, que incluyó otras agencias y consulta directa con la empresa privada, estriba en que el actual sistema de inspección de furgones no es efectivo, convirtiéndose en uno inconsecuente y una carga constante para el sector económico, particularmente nuestros consumidores”, expresó el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos Norberto Negrón.
“Ante esto, y colocando a Puerto Rico siempre primero, como director de la Autoridad de los Puertos recomendé a la Gobernadora, a quien agradezco por su liderato en este vital tema, la cancelación del acuerdo de inspección. Quiero recalcar que vamos a continuar teniendo un sistema de muelles seguro y confiable, que garantice la entrada de artículos y productos de manera transparente. Ese es nuestro compromiso con el Pueblo. Por eso se viabiliza un rol prominente para nuestra Policía. Igualmente, importante, ese costo que se pagaba por un servicio inoficioso ahora pasa como ahorro a la gente”, añadió el licenciado Norberto Negrón.
