La Comisión de Gobierno, que preside el senador Ángel Toledo López, pasó revista sobre el Proyecto del Senado 968, una medida dirigida a reconfigurar la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como una instrumentalidad pública con autonomía operacional y fiscal, separada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Compareció a deponer el licenciado Luis Méndez, en representación del DDEC, quien presentó su oposición a la pieza legislativa. “El DDEC se opone al PS968, lejos de adelantar la reforma de permisos verdaderamente transformativa que se propone lograr la administración de nuestra honorable Gobernadora, intensifica aquellos escollos estructurales que buscan eliminarse”.
Asimismo, Méndez explicó que el proyecto “cuya intención entendemos loable y compartimos, distrae de una reforma de permisos verdaderamente transformativa, como lo sería la adopción de un Código de Permisos dotado de coherencia institucional y sustantiva, la culminación de un reglamento que opere como marco normativo único sobre el tema de permisos y la integración plena de todos los participantes del sistema en una sola plataforma coherente”.
De igual forma, el asesor legal del DDEC mencionó que la Ley 141-2018 estableció como política pública la centralización, coordinación y coherencia de las funciones relacionadas con el desarrollo bajo una sola rectoría administrativa. “En ese diseño institucional, la consolidación de la OGPe en el DDEC no fue accidental, sino un reconocimiento legislativo de que los procesos de permisos son un instrumento esencial de la política pública de desarrollo económico”, indicó el deponente.
A preguntas de Toledo sobre el presupuesto de ambas agencias, Méndez abundó que la OGPe genera alrededor de $30 millones de lo que recibe y los esfuerzos programáticos de la OGPe, al momento, se pueden cubrir con sus propios ingresos, pero eso no incluye los gastos de apoyo operacional que reciben del DDEC. También, Méndez indicó que entregará más adelante a la Comisión el detalle del presupuesto sobre lo que recibe el DDEC y la OGPe, y cómo se trabaja.
“Parte de lo que se comenta es que hay un poco de desarticulación, no necesariamente entre las agencias, eso no me consta ni es lo que he escuchado, pero sí en términos de dónde está la línea que define la función y el rol del DDEC y dónde comienza la función y el rol de OGPe. Aparentemente, en la articulación de las dos agencias hay un poco de, vamos a decir, confusión, por falta de una mejor palabra, entre qué le toca a una, qué le toca a la otra y un poco que eso sea claro y transparente… no estoy hablando de que haya conflicto entre obviamente el secretario y el secretario auxiliar, ni nada por el estilo”, expresó Toledo.
Por su parte, el senador de mayoría y autor de la medida, Wilmer Reyes Berríos, preguntó quién decide cómo se gasta el dinero actualmente en la OGPe. Méndez, respondió que la OGPe retiene, bajo la Ley 161 de 2009, toda su capacidad operacional técnica. “Es decir, según se enmendó la Ley 161 de 2009 por la Ley 141 de 2018, se subordinó administrativa y operacionalmente la OGPe al DDEC, pero eso no implicó una subordinación de criterio. Es decir, la OGPe administra su dinero, pero tiene unas funciones de back office que le provee el DDEC, que sí contempla una subordinación en el tema de finanzas y de contratación”, añadió el deponente.
Además, Reyes cuestionó por qué no darle esa independencia a la OGPe. El deponente indicó que “para contestar su pregunta, bajo el supuesto de que se desvincule a la OGPe del DDEC, estaríamos ante un escenario que ya esta administración, en un Task Force de Permisos, reconoció que el problema principal que aqueja al sistema de permisos es estructural y que ese problema estructural se desprende del hecho de que hay decenas de leyes, decenas de reglamentos, decenas de agencias que se inmiscuyen en la otorgación del permiso. Entonces, para mí, personalmente, y para mi capacidad como asesor legal del DDEC, se me hace difícil concebir que añadir otra agencia, otra serie de reglamentos, enmiendas a esas leyes. Reyes aclaró que “aquí no se quiere añadir otra agencia”.
También, participaron en representación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Osvaldo Guzmán y la licenciada Carmen Guillén, quienes mostraron reservas con la medida. “La creación de una entidad con autonomía operacional y fiscal conlleva el riesgo de duplicidad de funciones administrativas actualmente centralizadas. Este efecto sería contrario a la política pública fiscal vigente, la cual, conforme al Plan Fiscal certificado, promueve la integración y consolidación de funciones administrativas como mecanismo para mejorar la eficiencia operacional”, indicó Guillén.
En la misma línea, Guillén detalló que “este efecto sería contrario a la política pública fiscal vigente, la cual, conforme al Plan Fiscal certificado promueve la integración y consolidación de funciones administrativas como mecanismo para mejorar la eficiencia operacional”.
Igualmente, la deponente indicó a la Comisión que es un problema que tiene que irse más allá. “Evaluar, por ejemplo, por secciones, por regiones, qué regiones es la que tienen los permisos que están más detenidos que otros, por qué razón, si es que necesitan más personal, si es que no están alineados con tecnología”, detalló Guillén.
A su vez, participó de la vista el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF). “Es indispensable dejar constancia de que, al momento de este análisis, no existe un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que cuantifique o examine el impacto fiscal del PS 968. La ausencia de ese insumo limita la disponibilidad de información objetiva en el récord legislativo para estimar costos únicos de transición, costos recurrentes posteriores a la separación y cualquier necesidad presupuestaria adicional”, indicó Rivera.
Por otro lado, aunque se excusó de la audiencia, la OGPe presentó ponencia a la Comisión. “La OGPe entiende que su adscripción al DDEC se diseñó como una acción de coordinación administrativa, sin alterar su base legal, su autonomía decisional, ni su especialización técnica en la gestión de permisos”, expone la ponencia firmada por el secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar.
Asimismo, el memorial sostiene que “la Oficina reafirma su compromiso con el interés público y expresa su disposición a colaborar con cualquier iniciativa legislativa que contribuya a fortalecer el sistema de permisos y a optimizar la gestión gubernamental. La OGPe apoya toda medida que redunde en beneficio para Puerto Rico, que promueva la transparencia, la certeza jurídica y la eficiencia administrativa”.
Por su parte, también presentó ponencia el Colegio de Ingenieros y Agrónomos, expresando su apoyo a la medida. “Entendemos que el Proyecto del Senado 968 representa un ajuste administrativo prudente y consistente con la evolución histórica del sistema de permisos, dirigido a fortalecer su funcionamiento sin alterar la estructura esencial del Gobierno ni crear nuevas entidades gubernamentales”, cita el agrimensor Carlos Fournier, presidente del Colegio.
