En el marco de la semana del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, un nutrido grupo de servidores públicos alzó su voz para denunciar el impacto de varios proyectos legislativos que, según indicaron, atentan contra la estabilidad económica de la clase trabajadora en Puerto Rico.
En representación de este grupo, el actual vicepresidente de la Asociación de Servidores Públicos PPD, Ricardo “Ricky” Abreu, y la aspirante a la presidencia, Moraima Flores, expresaron preocupación ante medidas que podrían debilitar tanto el ingreso como los beneficios de los empleados públicos.
El Proyecto de la Cámara 1115 (P. de la C. 1115) plantea la eliminación de la Comisión del Salario Mínimo, creada bajo Ley 47-2021 de la autoría del representante popular, Héctor Ferrer, lo que limitaría la revisión y ajuste del salario base en Puerto Rico. Aunque dirigido al sector privado, su impacto alcanzaría al sector público, ya que los planes de clasificación y retribución del gobierno se basan en el comportamiento del mercado laboral. Esto podría traducirse en menor crecimiento salarial y menos beneficios para los servidores públicos ahora y en el futuro.
Por otro lado, el Proyecto del Senado 1074 (P. del S. 1074) propone eliminar o debilitar el ahorro compulsorio, afectando directamente el modelo de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto pondría en riesgo beneficios esenciales como préstamos accesibles (alrededor de 7%, sin colateral ni verificación de crédito) y programas de becas estudiantiles, impactando directamente a las familias ahora, cuando más lo necesitan.
A esto se suma el impacto de no aprobar el RCC 315, también de la autoría de Ferrer Santiago, que buscaba suspender temporeramente el impuesto conocido como “crudita” por 45 días. La no aprobación de esta medida mantiene altos los costos de combustible, lo que repercute directamente en el costo de vida, el transporte y los precios de bienes esenciales, afectando aún más el poder adquisitivo del trabajador ahora mismo.
“Estas medidas, en conjunto, debilitan el salario, aumentan el costo de vida y reducen beneficios, colocando al trabajador público en una posición cada vez más vulnerable”, expresaron.
“El desarrollo económico de un país está directamente atado a la estabilidad de su fuerza laboral. Si el trabajador pierde seguridad en su ingreso, en sus beneficios y enfrenta mayores costos diarios, se debilita también la economía”, añadieron.
Los servidores públicos hicieron un llamado a actuar con responsabilidad y sensibilidad ante la realidad que enfrentan miles de familias trabajadoras y a proteger tanto los derechos laborales como las instituciones que sostienen la estabilidad económica del país. El momento es ahora.
